
España ha reducido sus diferencias de renta por habitante desde el inicio de siglo, pero ese acercamiento oculta una realidad desigual: algunas de las provincias que más han mejorado su riqueza por habitante son también las que más población han perdido. Trece territorios del interior y el noroeste peninsular han conseguido elevar su producto interior bruto (PIB) per cápita desde el año 2000, pero una parte significativa de ese avance no responde a un mayor dinamismo económico, sino a que cada vez hay menos habitantes entre los que repartir la producción.
Esta es una de las principales conclusiones del informe ¿Existen territorios sin prosperidad?, el primer estudio del centro de pensamiento independiente Territorio y Prosperidad, elaborado por el economista Santiago Calvo. El documento analiza la evolución económica y demográfica de las 50 provincias españolas entre 2000 y 2024.
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La investigación cuestiona uno de los indicadores más utilizados para medir el desarrollo económico: el PIB por habitante. Según el informe, la prosperidad no consiste únicamente en generar más riqueza, sino también en ofrecer a la población la posibilidad de vivir, desarrollar un proyecto personal y envejecer en el lugar que ha elegido. Una realidad que las estadísticas de producción, por sí solas, no siempre reflejan.
33 provincias aumentan su población y su PIB por habitante
La explicación está en la fórmula del PIB per cápita, que divide la producción económica de un territorio entre el número de personas que viven en él. Por tanto, este indicador puede mejorar tanto porque aumenta la actividad económica como porque disminuye la población. Al analizar por separado ambos factores, el estudio identifica tres comportamientos diferentes entre las provincias españolas.
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En concreto, 33 territorios han conseguido aumentar simultáneamente su población y su PIB por habitante. En el extremo contrario se encuentran Baleares, Almería, Castellón y Las Palmas, donde el crecimiento demográfico ha sido más rápido que el económico y el PIB per cápita se sitúa ligeramente por debajo del registrado en 2000. Las otras 13 provincias han elevado este indicador mientras perdían vecinos.
El caso más significativo es el de Zamora. Su PIB por habitante aumentó un 53,5% entre 2000 y 2024, mientras que su población retrocedió un 17,5%. El informe calcula que casi la mitad de esa mejora, concretamente el 45%, se explica por la pérdida de habitantes. En León, este efecto representa el 38%, mientras que en Palencia, Lugo, Ourense y Asturias se sitúa entre el 20% y el 27%.
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“El PIB por habitante de Zamora registra la segunda mayor subida del país, y casi la mitad de esa subida se debe a que hay menos zamoranos. Un indicador que mejora mientras una provincia se vacía no basta, por sí solo, para medir su prosperidad”, explica Calvo.

España pierde terreno frente a la Unión Europea
Más allá de las diferencias entre provincias, el análisis también detecta una reducción de las distancias económicas dentro de España. La brecha en PIB por habitante entre los territorios más ricos y los más pobres se ha estrechado un 14% desde comienzos de siglo. Sin embargo, buena parte de esa convergencia se produjo antes de la crisis financiera de 2008 y apenas ha alterado las posiciones relativas de cada provincia.
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De hecho, las regiones que encabezaban la clasificación siguen ocupando los primeros puestos, mientras que las que partían de una situación más desfavorable continúan en la parte baja. La aparente aproximación entre territorios no se ha traducido, por tanto, en un cambio significativo del mapa de riqueza provincial.
La comparación internacional tampoco ofrece un balance favorable. El PIB por habitante español, medido en paridad de poder adquisitivo, ha pasado de representar el 97,4% de la media de la Unión Europea en 2000 al 91,2% en 2024. Además, 34 de las 50 provincias han perdido posiciones respecto al conjunto comunitario.

Las pensiones sostienen la economía de las provincias que se vacían
La dependencia de las transferencias públicas constituye otro de los elementos que ayudan a explicar la economía de estos territorios. En muchas provincias despobladas, las pensiones representan una parte fundamental de los ingresos de los hogares y mantienen buena parte del consumo que sostiene a los comercios y los servicios locales.
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Las diferencias entre las cotizaciones recaudadas y el gasto en pensiones reflejan esa dependencia. En León y Asturias, el desembolso en pensiones contributivas triplica las cotizaciones sociales ingresadas en cada provincia. En Lugo, Ourense y Zamora, la cantidad abonada supera en más de 2,5 veces lo recaudado. Actualmente, en 18 provincias el gasto en pensiones duplica, como mínimo, las cotizaciones, ocho más que hace tres años.
Sin embargo, este colchón económico también está condicionado por la evolución demográfica. Entre 1971 y 2025, el porcentaje de menores de 16 años en las trece provincias que pierden población se desplomó del 27,4% al 10,9%. Al mismo tiempo, los mayores de 65 años pasaron de representar el 11,3% al 31% de sus habitantes.
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El envejecimiento resulta especialmente acusado en algunas zonas. En Lugo, Ourense y Zamora ya hay más personas de 83 años o más que habitantes de entre 60 y 64 años, un desequilibrio que anticipa que las nuevas jubilaciones tenderán a ser inferiores al número de pensiones que desaparezcan.

“Las pensiones sostienen hoy la renta y el consumo de muchas de estas provincias, pero su propia demografía anticipa que el número de pensionistas dejará de crecer. Esa fuente de ingresos no estará siempre ahí”, advierte Calvo.
Más inversión pública, pero sin mejoras de productividad
El estudio también examina las razones por las que el crecimiento económico no ha conseguido traducirse en una mayor prosperidad para todos los territorios. Una de las principales conclusiones apunta a la productividad total de los factores, que mide la eficiencia con la que se combinan el capital y el trabajo para generar riqueza.
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Entre 2000 y 2022, este indicador apenas experimentó variaciones en los distintos grupos de provincias. Los avances se concentraron principalmente en el periodo de recuperación comprendido entre 2013 y 2019, después de los años de crisis económica.
Durante la doble recesión, cuando la inversión privada retrocedía, el capital público de las provincias que perdían población creció a un ritmo anual del 3,8%, por encima del resto de grupos territoriales. Esta inversión permitió mantener y ampliar sus infraestructuras, aunque los datos analizados no muestran que ese esfuerzo se tradujera en mejoras de eficiencia. A partir de 2013, además, el capital público dejó de crecer en el conjunto de España.
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