
El Partido Popular ha publicado este lunea, a través de su cuenta oficial en la red social X, un listado con diez medidas prioritarias que pondría en marcha durante los primeros 100 días de gobierno si se produjera un adelanto electoral y Alberto Núñez Feijóo alcanzara la presidencia.
Bajo el título “así es como empezaremos a reparar España”, el listado funciona como una hoja de ruta simbólica que el PP lanza a modo de precampaña, con propuestas que abarcan desde la regeneración institucional hasta la política de defensa o la regulación del uso del castellano en las aulas.
El propio Feijóo ya adelantó el grueso de estas ideas durante la clausura del Congreso Nacional del partido, pero ahora la formación las presenta con carácter programático, como declaración de intenciones y advertencia.
Democracia, vivienda e impuestos: las tres primeras balas
El arranque del listado popular es la regeneración democrática: Feijóo asegura que entraría en el Palacio presidencial con “las propuestas normativas ya impresas” para reformar el Poder Judicial y el sistema de nombramientos. El PSOE reivindica haber logrado, el pasado otoño, un pacto parlamentario de regeneración que afecta a más de una veintena de leyes —entre ellas, la de secretos oficiales— y que hoy languidece por falta de mayorías suficientes. En materia de limpieza institucional, pues, la diferencia no es tanto de diagnóstico como de plazos.
El segundo compromiso es aprobar un Plan de Vivienda en el primer Consejo de Ministros. El PP habla de “hacer” las viviendas que faltan y de poner coto a la okupación. El Gobierno de coalición, por su parte, presume de haber sacado adelante la primera Ley de Vivienda estatal después de cuarenta años, con límites de subida del alquiler del 3 % en zonas tensionadas y un índice de precios que entrará en vigor este verano. Populares y socialistas, por tanto, coinciden en el diagnóstico —la vivienda como emergencia—, pero difieren en la receta: el PP no menciona topes al alquiler y antepone la promoción pública; el PSOE enfatiza la regulación y la financiación.
La tercera bala es “revisar las 97 subidas de impuestos” realizadas en la era Sánchez. Aquí el contraste es directo: el Ejecutivo socialista amplió la presión fiscal con gravámenes extraordinarios a energéticas, banca y grandes patrimonios, convertidos en permanentes en 2024. El PP promete rebajar IRPF y Sucesiones, y deflactar la tarifa para “desahogar” a las clases medias.

Salarios, servicios públicos y agua: la cuadratura del círculo
El cuarto punto —“sueldos dignos”— plantea la primera grieta seria y visible en el discurso económico del Partido Popular y, en concreto, en el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. El documento difundido por el PP asegura que el partido aspirará a seguir subiendo el salario mínimo y, sobre todo, el salario medio, un compromiso que, sobre el papel, lo acercaría a las políticas que en esta materia ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez en coalición con Sumar.
Sin embargo, esta promesa contrasta frontalmente con declaraciones recientes del propio Feijóo: hace apenas dos semanas, en una entrevista en Onda Cero, el líder popular calificó la última subida del Salario Mínimo Interprofesional —hasta los 1.184 euros mensuales en 14 pagas— como un “incremento indiscriminado” y llegó a decir que era “un buen negocio para el Gobierno, no para los trabajadores”, argumentando que las cotizaciones que genera benefician a las arcas públicas más que al tejido productivo.
Quinto, “más médicos”. Feijóo se compromete a reforzar la Atención Primaria, una competencia autonómica en gran parte gestionada por gobiernos del PP. El PSOE saca pecho de la convocatoria récord de plazas MIR (9.007 en la promoción 2024/25) y del aumento del 40 % desde 2018. El choque aquí es sobre la financiación: los socialistas alegan que las comunidades conservadoras infraejecutan los fondos de refuerzo; el PP replica que el ministerio de Sanidad “desatiende” la coordinación.
Sexto, un Plan Nacional del Agua “basado en la ciencia, no en la ideología”. Los populares fijan así distancia con los caudales ecológicos del Ministerio de Transición Ecológica. Los presupuestos hidrológicos vigentes —aprobados por Sánchez— movilizan 37.938 millones hasta 2030, con la depuración como partida estrella. El PP recupera la palabra “trasvase”, pero evita concretar los caudales que movería.
Seguridad, inmigración y defensa
Los puntos séptimo y octavo —reducir la inmigración irregular y reforzar la seguridad— entroncan con la agenda que Vox explota desde 2018. Mientras el PP proclama “tolerancia cero” y más recursos policiales, el PSOE defiende la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (“ley mordaza”), actualmente en tramitación tras el aval inicial de la mayoría de investidura. En inmigración, los socialistas han permitido que el Congreso tramite la iniciativa popular que regularizaría a más de 500.000 personas extranjeras, con el voto en contra de PP y Vox.
En política de defensa (noveno compromiso), Feijóo promete “devolver prestigio” y “cumplir lo que se promete”. Hace una semana deslizó la intención de escalar el gasto militar al 5 % del PIB “en diez años”, siguiendo la estela de Trump; no dio cifras. El Gobierno de Sánchez, en cambio, anunció que alcanzará el 2,1 % ya en 2025, cuatro años antes del calendario original, y se planta ante la exigencia de la OTAN de subir al 5 %. Dos velocidades, dos filosofías de financiación.
La batalla de las lenguas y el pulso educativo
El cierre del decálogo es una ley de lenguas que “garantice la educación en español en toda España”. El mensaje responde al cambio introducido por la LOMLOE, la llamada “ley Celaá”, que en 2020 retiró al castellano la condición de lengua vehicular única en las comunidades con cooficialidad lingüística. El PP considera aquella reforma “una amenaza a la igualdad de derechos”; el PSOE replica que el castellano está “plenamente garantizado” y recuerda que el Tribunal Supremo exige un mínimo del 25 % de horas en español en las aulas catalanas.
Con este decálogo, Feijóo coloca sobre la mesa una hoja de ruta que mezcla reclamos clásicos de la derecha —bajar impuestos, seguridad, unidad lingüística— con guiños sociales como la subida del SMI y el refuerzo de la sanidad pública. El PSOE defiende que muchas de esas medidas ya están en marcha o en tramitación y acusa al PP de “propaganda de contraste”. Mientras tanto, la campaña preelectoral acelera y los cien días imaginarios empiezan a dictar el tono del debate político español.
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