El Gobierno repartirá más de 56 millones para la atención de la salud mental

Las partidas presupuestarias estarán destinadas al desarrollo de los planes de salud mental y prevención de suicidio

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La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 14 de mayo de 2024, en Madrid (España). (Carlos Luján / Europa Press)
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 14 de mayo de 2024, en Madrid (España). (Carlos Luján / Europa Press)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las partidas presupuestarias destinadas a la atención de la salud mental en la sanidad pública. Un total de 56,83 millones de euros será repartido entre las comunidades autónomas para la implementación de las actuaciones previstas en el Plan de Prevención del Suicidio y el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027.

A la espera de la aprobación definitiva del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el Ministerio de Sanidad destinará 39 millones de euros de sus presupuestos para el ejercicio 2025 para ayudar a las comunidades autónomas a cumplir las ocho líneas estratégicas del Plan de Salud Mental, así como 17,83 millones a las actuaciones en materia de prevención del suicidio.

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Repartidas considerando la distribución poblacional, será Andalucía la comunidad autónoma más beneficiada, con 10,4 millones de euros para la atención de la salud mental en su territorio. Le siguen Cataluña (9,7 millones) y la Comunidad de Madrid (8,5 millones). La recepción de los fondos estará sujeta a su adhesión a las actuaciones financieras, la presentación de una memoria detallada de las acciones a realizar y el importe destinado, así como al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el acuerdo.

La falta de profesionales, el consumo excesivo de psicofármacos, la atención respetuosa y la inaccesibilidad del sistema para las personas vulnerables son las principales preocupaciones del ministerio, que intentará resolver con estos planes.

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Contratación y formación de sanitarios

La estrecha relación entre vivienda y salud mental: un estudio revela que el 40% de la población ha sufrido ansiedad y un 23% depresión.

Los 39 millones de euros anunciados para el Plan de Salud Mental deberán ir destinados a cumplir las ocho líneas estratégicas establecidas para la política en salud mental de los próximos años. Así, las comunidades deberán reforzar sus plantillas sanitarias, con la incorporación de “figuras de apoyo mutuo de personas con experiencia en salud mental”. Asimismo, se promoverán programas formativos y campañas para el uso adecuado de psicofármacos.

Se financiarán recursos de apoyo a la salud mental comunitaria que ofrezcan una alternativa a la institucionalización, como las casas de crisis equipos atención domiciliaria, intervenciones de apoyo a la vida autónoma o programas de prevención de adicciones.

El Ministerio de Sanidad espera mejorar la accesibilidad para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. A su vez, apoyarán el desarrollo de registros y sistemas autonómicos de información en salud mental, para mejorar el análisis y la planificación.

Prevenir 4.000 suicidios al año

Los 17,83 millones de euros restantes esperan reducir las tasas de suicidio, segunda causa de muerte no natural en el país. El presupuesto debe ir destinado al desarrollo de campañas de concienciación, con “mensajes contra la discriminación y el estigma, especialmente en poblaciones vulnerables”, así como la creación y desarrollo de programas comunitarios que fortalezcan el bienestar emocional de personas mayores, el colectivo LGTBI+ y personas en exclusión social, con especial atención a las personas cuidadoras. Además, se implementarán medidas de apoyo a quienes han perdido seres queridos por suicidio.

Se promoverá la reforma de las urgencias en los hospitales generales y se crearán dispositivos de prevención, dirigidos a personas con riesgo identificado. El presupuesto debe ir destinado también a reforzar los equipos de atención telefónica especializada, así como a la formación y supervisión continuada de agentes comunitarios clave que trabajen con personas en riesgo.

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