El Ministerio de Sanidad aprueba el Plan de Acción de Salud Mental para enfrentar sus “tres elefantes”: menos psicofármacos, más psiquiatras y psicólogos y dignidad para los pacientes

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado en la rueda de prensa del Consejo Interterritorial celebrado hoy en Toledo la aprobación del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027.

Este plan, “uno de los más ambiciosos en la historia reciente del país”, según la ministra, se alinea con la creciente necesidad de abordar los trastornos mentales y las condiciones que afectan a millones de ciudadanos, especialmente en un contexto de creciente preocupación por la salud mental a nivel global.

Durante su intervención, la ministra ha subrayado que este plan está respaldado por un presupuesto total de 101 millones de euros. Un “esfuerzo económico” que busca enfrentar los “tres elefantes” identificados en el área de la salud mental: el consumo elevado de psicofármacos, la falta de profesionales y la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas con problemas de salud mental.

España “es uno de los países con mayor consumo de ansiolíticos e hipnóticos”, especialmente entre jóvenes y mujeres. “Vivimos en una época en la que todo el mundo habla con una naturalidad pasmosa de un trankimazin, un lexatin o un lorazepam”, ha indicado la ministra.

Este consumo plantea serias preocupaciones sobre su dependencia y sobre el riesgo de que se utilicen como solución rápida a problemas emocionales y psíquicos, especialmente en las mujeres, donde su empleo “prácticamente se ha duplicado”, ha dicho Mónica García.

En este sentido, el plan incluye la creación de una guía práctica clínica basada en la evidencia que guiará la prescripción de antidepresivos, haciendo hincapié en la necesidad de retirar estos medicamentos de manera controlada.

Además, se contempla la regulación de la especialidad de Psicología Clínica en la infancia y adolescencia, así como la integración de los “acompañantes terapéuticos”, personas que han atravesado problemas de salud mental y que ofrecerán su apoyo a través de una perspectiva horizontal.

“Cuidar la salud mental es cuidar lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida, nuestro bienestar y nuestra dignidad”, ha declarado Mónica García, por eso, ha solicitado a las Comunidades Autónomas que elaboren un informe de necesidades de recursos humanos en el ámbito de la salud mental.

Este informe deberá tener en cuenta la “atención multidisciplinar y los recursos”, además de “los agentes comunitarios, que nos permitirá identificar cuáles son los puntos críticos y poder reorientar todos los recursos y todos los profesionales con una mayor precisión”, ha dicho la ministra.

A pesar de los esfuerzos para incrementar el número de profesionales, el déficit de recursos humanos sigue siendo una preocupación central. Mónica García ha destacado que se ha logrado un “aumento del 100% en las plazas de psicología clínica y un 55% en las de psiquiatría, además de un incremento del 82% en las enfermeras de salud mental”.

Sin embargo, ha reconocido que el país sigue enfrentando una escasez estructural de profesionales, lo que limita el acceso a una atención de calidad. “Veníamos de un déficit de recursos humanos tan estructural que, aunque se ha hecho un esfuerzo, todavía tenemos el reto de seguir ampliando estos recursos”, ha explicado la ministra.

Otro aspecto clave del plan es la garantía de los derechos fundamentales de las personas con trastornos mentales. En línea con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad, el plan busca reducir las intervenciones y los ingresos involuntarios, promoviendo una atención más humanizada que respete la integridad y la voluntad de los pacientes.

Además, se prevé un “plan integral de desinstitucionalización” para asegurar que las personas con problemas de salud mental puedan vivir de forma independiente y en comunidad.

“Queremos poner este plan integral para la desinstitucionalización, para que las personas puedan tener una vida autónoma, una vida independiente y que puedan vivir en comunidad”, ha señalado Mónica García.

Por otro lado, la ministra también ha presentado una nueva guía común sobre la interrupción voluntaria del embarazo, un avance significativo hacia la igualdad en el acceso a la prestación sanitaria en todo el territorio español.

Esta guía establece criterios clínicos y organizativos homogéneos para asegurar una atención de calidad, respetuosa con las mujeres y basada en evidencia científica.

“Nuestro compromiso es firme: garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en condiciones de igualdad, en condiciones de seguridad y en condiciones de dignidad”, afirmó la ministra.