
A partir de 2025, los trabajadores en España pasarán por modificaciones significativas en el sistema de jubilación, incluyendo un aumento en la edad legal para acceder a la pensión ordinaria y la introducción de un nuevo método de cálculo de la base reguladora que se implementará progresivamente desde 2026. Estas medidas forman parte de una reforma más amplia que también contempla ajustes en modalidades como la jubilación parcial, activa y demorada, siempre que se aprueben las disposiciones correspondientes en el Parlamento.
Entre los cambios más destacados para 2025 se encuentra el incremento de dos meses en la edad legal de jubilación ordinaria. De acuerdo con BBVA, los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses deberán esperar hasta los 66 años y 8 meses para retirarse, mientras que aquellos con un historial de cotización igual o superior a ese periodo podrán hacerlo a los 65 años. Este ajuste es parte de un calendario progresivo que culminará en 2027, cuando la edad de jubilación ordinaria será de 67 años para quienes no alcancen los 38 años y 6 meses cotizados, y 65 años para quienes superen ese umbral.
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El periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación ordinaria se mantendrá en 2025 en 15 años, con la exigencia de que al menos dos de ellos se encuentren dentro de los 15 años previos al hecho causante. El hecho causante se define como el día de cese de la actividad laboral para quienes estén dando de alta en la Seguridad Social, o el día de presentación de la solicitud de jubilación en caso de no estar activos.
Nuevas opciones para calcular la base reguladora a partir de 2026
Aunque en 2025 el cálculo de la base reguladora seguirá considerando los últimos 25 años de cotización, a partir de 2026 se introducirá un nuevo método que permitirá elegir entre dos opciones. Los trabajadores podrán optar por mantener el cálculo basado en los últimos 25 años cotizados o bien considerar los últimos 29 años, excluyendo los dos peores años de cotización. La Seguridad Social determinará de oficio cuál de las dos opciones resulta más beneficiosa para el pensionista.
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Este nuevo sistema se implementará de manera gradual durante 12 años, desde 2026 hasta 2038, con incrementos anuales de cuatro meses en el periodo de cotización considerado. Por ejemplo, en 2026 se tomarán en cuenta 25,16 años de cotización dentro de un periodo de 25,33 años. Los periodos sin cotización, conocidos como lagunas de cotización, serán integrados en la base reguladora con diferentes porcentajes dependiendo de la situación laboral del trabajador.
En el caso de trabajadores por cuenta ajena, las primeras 48 mensualidades sin cotización se cubrirán al 100% de la base mínima vigente, mientras que los meses restantes se integrarán al 50%. Para las mujeres trabajadoras, se aplicarán mejoras adicionales, como la cobertura al 100% hasta el quinto año y al 80% hasta el séptimo año sin cotización. Estas medidas también podrán beneficiar a hombres en situaciones comparables, según lo estipulado por la normativa vigente.
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Impacto en situaciones de pluriempleo y pluriactividad
El cálculo de la base reguladora también contempla casos de pluriempleo y pluriactividad, situaciones en las que un trabajador presta servicios a varios empleadores o cotiza en diferentes regímenes de la Seguridad Social. En el caso de pluriempleo, las bases de cotización de todas las empresas se sumarán, siempre que no superen el tope máximo vigente. En cuanto a la pluriactividad, las cotizaciones de regímenes distintos podrán acumularse para determinar la base reguladora, siempre respetando los límites establecidos.
Porcentaje de la base reguladora y bonificaciones por demora
El porcentaje de la base reguladora que corresponde al pensionista dependerá de los años cotizados. Con 15 años cotizados se garantiza el 50% de la base reguladora, mientras que para alcanzar el 100% en 2025 será necesario haber cotizado al menos 36 años y 6 meses, requisito que se mantendrá hasta 2026. A partir de 1017, este periodo se incrementará a 37 años.
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Por otro lado, quienes opten por retrasar su jubilación más allá de la edad legal ordinaria podrán beneficiarse de bonificaciones. Estas incluyen un aumento del 4% en la pensión por cada año adicional cotizado, una cantidad fija a tanto alzado o una combinación de ambas opciones. A partir de 2024, se acordó incrementar en un 2% los incentivos por demora para periodos superiores a seis meses, medida que también está sujeta a aprobación parlamentaria.
Las pensiones otorgadas en 2025 se revalorizarán anualmente en función de la variación media interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC). Esta revalorización se aplicará a partir de enero del año siguiente al acceso a la jubilación, tomando como referencia el periodo comprendido entre diciembre de dos años antes y noviembre del año previo.
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El Gobierno y los agentes sociales acordaron en julio de 2024 un nuevo marco regulador para la jubilación parcial y mejoras en la jubilación activa. Estas medidas, que aún requieren aprobación parlamentaria, buscan flexibilizar el acceso a estas modalidades y adaptarlas a las necesidades del mercado laboral.
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