El Gobierno de Pedro Sánchez en general y Yolanda Díaz en particular son el terror de la hostelería. Desde que el socialista llegó a Moncloa, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido un 54,1%, el aumento más pronunciado de la serie histórica. Esto quiere decir que mientras que en 2018 el dueño de un bar o restaurante podía contratar a un camarero por 735,9 euros al mes, ahora, tras la última subida anunciada este viernes, estará obligado a pagarle 1.134 euros (15.876 anuales). Algo que, como era de esperar, no gusta a los empresarios del sector.
Lo que expresan exactamente es la molestia por la falta de consenso con la patronal, que se ha quedado fuera de la negociación con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. CEOE y Cepyme decidieron abandonar el diálogo social, y esta decisión ha abierto la puerta a que el Ejecutivo llegara a un porcentaje mayor con los sindicatos del que se hubiera adoptado con un acuerdo tripartito.
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“Si el Gobierno aparece en todo momento como el salvador de la posición de los sindicatos se destruye literalmente la base de confianza que debe imperar en los procesos de diálogo social”, ha asegurado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, este viernes. Gallego ha criticado la toma de esta decisión sin la adhesión de la patronal, algo que le parece “gravísimo” y “muy preocupante”. “Si el Gobierno se inmiscuye y lo hace por decreto, resta capacidad de competencia y dinamismo al mercado laboral”, ha insistido.
Para Gallego, esta subida, la sexta ya en cinco años, no tiene en cuenta la variabilidad de coste de la vida y poder adquisitivo que hay en España dependiendo de cada provincia. “Puede haber algunos convenios colectivos provinciales donde su base de referencia mínima salarial se vean muy afectada por este incremento”, ha apuntado. Según el líder de los hosteleros, en este momento las empresas del sector están ya muy amenazadas pro el incremento de los precios y de los costes laborales. “Se elimina el margen de maniobra de las empresas”, ha lamentado.
Las quejas de la patronal
La postura de Gallego es la misma que la de la CEOE y Cepyme. Pese a que en ocasiones anteriores la patronal ha llegado a acuerdos con el Gobierno, esta vez han lamentado “el escaso esfuerzo” por parte del ministerio de Yolanda Díaz para que las empresas hayan podido unirse a este pacto para subir el salario mínimo interprofesional.
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Su propuesta era una subida de entre el 3 % y el 4%, según la inflación y siempre que se cumplieran dos condiciones adicionales: la aprobación de una bonificación al sector agrario y la modificación de la ley de desindexación de contratos públicos para repercutir los aumentos del SMI. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, se mostró contraria a esta solicitud de revisión de los contratos públicos y el Ministerio de Trabajo cambió de opinión el lunes sumándose a su postura.
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Un informe proporcionado por Cepyme cuantificaba en 1.740 euros el coste mensual que cada empresario asumirá por cada trabajador que cobre el salario mínimo con la subida a 1.135 euros pactada este viernes. Este aumento del salario mínimo afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, en las que el salario mínimo neto puede representar el 70 % del salario medio, es decir, en las que hay una mayor proporción de personas con sueldos muy bajos, según el documento de elaboración propia del que se desconoce en qué se basan esos datos.
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