Nuevo episodio de Futuro Vegetal contra la justicia por un presunto delito de daños: “Nos quieren tener controladas”

Este año, y más concretamente este mes de diciembre, está siendo especialmente complicado para el colectivo de activistas Futuro Vegetal. En apenas diez días, la policía ha detenido a siete de sus integrantes tras atribuirles un delito de pertenencia a organización criminal y este jueves han declarado ante un juzgado las dos activistas a las que se les imputa un delito de daños por la acción realizada el pasado 13 de abril ante el Ministerio de Justicia, donde mancharon la fachada del edificio con pintura biodegradable de color rojo y negro, simulando sangre y petróleo.

Las dos jóvenes que lanzaron la pintura -Nahia, de 18 años, y Aina, de 19-, apoyaban a las activistas detenidas de Rebelión Científica y XR España imputadas hace un año por denunciar la inacción contra la crisis climática por parte de las instituciones, explica el grupo, que lamenta que tengan que declarar “por ejercer su derecho a la protesta no violenta”. En otras ocasiones, recuerda el colectivo, “al final estas acusaciones han terminado cayendo en cuanto llegan al juzgado”.

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Las siete detenciones que se han producido en menos de dos semanas “no son casuales”, asegura Bilbo Bassaterra, uno de los fundadores de Futuro Vegetal, pues han coincidido con la celebración de la cumbre del cambio climático en Dubai, la COP28, que finalmente ha terminado de forma decepcionante para las organizaciones ecologistas y sin cumplir las expectativas iniciales que tenían muchos países, entre ellos España. “Las detenciones han tenido lugar ahora porque la policía pensaría que tendríamos algo organizado para hacer ruido aprovechando la cumbre”, explica el activista a Infobae España, aunque también considera que con este tipo de actuaciones las autoridades tratan de “meterles presión y asustar a la gente” para que no participe con el grupo en sus actividades reivindicativas.

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La policía los define como una “organización criminal”

A Futuro Vegetal, que se define como un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática, la Policía lo considera una organización criminal a tenor del delito que los agentes han imputado a varios de los siete activistas detenidos, y eso implica “que cualquier persona que participe en la organización, ya no asumiendo riesgos legales en una acción, sino simplemente diseñando unas diapositivas para Instagram, pueda ser acusada”, añade Bassaterra.

El colectivo considera “totalmente desproporcionado” que la Policía los acuse de pertenecer a una organización criminal y cree que lo hacen para tenerlos “más controlados, saber qué movimientos están realizando”, ya que con ello “justifican” ciertas acciones como poder entrar en sus domicilios o confiscar sus teléfonos materiales. Futuro Vegetal recuerda que esta forma de “criminalización” de los movimientos ecologistas no solo se está produciendo en España, sino también en otros países de Europa como Francia, Reino Unido, Alemania o Italia.

El propio Bassaterra también ha sido detenido por la policía, primero en Francia el pasado 1 de diciembre, y unos días después, el 7, en Madrid, por supuesta pertenencia a organización criminal.

Pena de cárcel por parte de la Fiscalía

Futuro Vegetal es la rama de la organización Extinction Rebellion surgida en Reino Unido en 2018 y se declara en rebeldía frente a los políticos que “les han fallado”, además de arremeter contra el modelo agroalimentario, al que considera responsable en buena medida del cambio climático. El colectivo se creó en 2022 y está formado por un centenar de personas, la mayoría entre 20 y 30 años, carece de líderes y se organiza a través de aplicaciones seguras por internet.

Entre las “acciones directas sin violencia” que han realizado destacan algunas como haberse pegado a las pistas del aeropuerto de Barajas o a los marcos de los cuadros de ‘Las Majas’ de Goya en el museo de El Prado, cortar la M-30 y una etapa de la Vuelta España, así como lanzar tinta de remolacha sobre el Congreso de los Diputados para pedir que el Gobierno informe de “la gravedad real de la crisis climática y actúe sin dilación”, una acción que les valió la petición de penas de cárcel por parte de la Fiscalía.