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No habrá que pagar por el uso de las autovías. Tras varios meses con idas y venidas sobre esta cuestión, -incluso coincidiendo con la campaña para las elecciones generales del 23 de julio- el Gobierno remitía a Bruselas los cambios pertinentes del Plan de Recuperación para que esta medida, que estaba previsto que entrase en vigor en 2024, finalmente quedase excluida de los hitos vinculados a los fondos europeos. Así, la Comisión Europea parece aceptar la marcha atrás del Gobierno español, y finalmente, no se procederá al pago por el uso de estas vías.
Pese a que quedan algunos puntos por cerrar, el Gobierno en funciones afirma que este pacto con el Ejecutivo comunitario es inminente, según adelantaba el diario El País. Un acuerdo de vital importancia dado que el pago por uso de autovías era uno de los hitos necesarios para que Bruselas avalase el quinto pago de los fondos europeos ligados al Plan de Recuperación, por el que España recibirá 8.000 millones de euros.
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En su texto inicial, la hoja de ruta enviada a la Comisión si incluía crear “un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga”.
Una medida que protagonizó duros enfrentamientos entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el Gobierno de Pedro Sánchez en la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio, cuando Bruselas confirmó que la medida aparecía en el plan de recuperación español que fue aprobado tanto por Bruselas como por los Estados miembro y aparecía ligado a la recepción de los fondos comunitarios.
Sin embargo, el gobierno ha apuntado que “las condiciones que se daban en el momento en que se presentó la medida no son las mismas que en la actualidad” y aunque no ha confirmado si el Ejecutivo comunitario ha aceptado la retirada de este hito en la revisión del plan presentada por España.
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A cambio de retirar la imposición del pago de peajes por el uso de las autovías, España se habría comprometido a la “entrada en vigor de una Ley de Movilidad Sostenible para mejorar la planificación, la coordinación y la eficiencia de las políticas de transporte público, apoyar la digitalización del transporte y el uso del transporte público. Comprenderá medidas específicas para promover el transporte ferroviario de mercancías, que contribuya a reducir las emisiones del transporte terrestre de mercancías”, según informa el citado diario.
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