
Es una tendencia al alza. Los funcionarios de las prisiones españolas incautaron el año pasado un total de 2.733 teléfonos móvil a los presos que cumplen condena, un objeto que está prohibido en los centros penitenciarios. La cifra supone una media de 7 cada día y todo un récord desde que hay registros. Los decomisos han aumentado un 21% respecto a 2021. Málaga, Madrid III (Valdemoro) y Albolote (Granada) son las tres prisiones con más incautaciones.
El sindicato ACAIP-UGT ha ofrecido los datos y alerta de que los móviles suponen un riesgo para su trabajo y conllevan que los reclusos puedan seguir, dentro de prisión, continuando con sus actividades delictivas, sobre todo cuando se trata de bandas organizadas, narcotráfico o incluso temas de violencia de género. Por eso los terminales están muy reclamados dentro de las cárceles y suponen todo un mercado negro.
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La manera en la que estos terminales son introducidos son muy variadas, pero en los últimos años se ha detectado la utilización de drones para colar smartphones de gran tamaño. Drones que cruzan los perímetros de seguridad y sueltan los terminales en los patios de las prisiones. “Esto supone una merma importante de la seguridad de los establecimientos penitenciarios, ya que la presencia de objetos prohibidos perjudica gravemente el normal funcionamiento de una prisión donde debe primar una convivencia ordenada para poder cumplir con el objetivo de la reeducación y la reinserción”, señalan desde ACAIP-UGT.
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Los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico. De hecho, podemos encontrarlos en los lugares más insospechados, como en el interior de suelas, botes de refresco o en productos higiénicos, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada.
3.000 vacantes de funcionarios
Si son extremadamente pequeños, se camuflan dentro del cuerpo humano de visitas y de presos que regresan de permisos. “El uso de estos teléfonos puede generar deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos”. Estos terminales se venden en tiendas legales a precios muy reducidos, con funcionalidades reducidas siemplemente al envío y recepción de llamadas o de mensajes de texto.
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El sindicato solicita que se incorporen más medios materiales y humanos para el control de las cárceles españolas, incluyendo una mejora de los inhibidores en las prisiones para detectar los intentos de introducir elementos prohibidos: “Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito”. Con 3000 empleos vacantes, y una relación de puestos de trabajo en los centros que no se corresponde con las necesidades reales de los mismos, ·es casi imposible realizar todas las funciones encomendadas a los funcionarios”, se lamentan desde ACAIP-UGT
Sin contar los datos de 2022, entre 2017 y 2021 (ambos años incluidos), los funcionarios han decomisado un total de 10.275 teléfonos móviles dentro de las prisiones españolas. 2019 fue el año de mayor número de aprehensiones, con 2.585 terminales, ahora superado por 2022. En 2020 se aprehendieron 2.261; en 2018, 1.858; y en 2017, 1.384.
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