
El sistema político español se define como un sistema políico parlamentario, es decir, los ciudadanos no eligen de forma directa, con su voto, ni al presidente del Gobierno, ni a los presidentes de las comunidades autónomas, ni a los alcaldes, sino que deciden quiénes son sus representantes para que estos, en nombre de la ciudadanía, determinen qué candidato debe hacerse con el poder institucional.
A diferencia del sistema presidencialista, el de Estados Unidos por ejemplo, en el cual se vota directamente al candidato, el sistema parlamentario se rige por otras reglas. Los ciudadanos votan una lista cerrada, en el caso del Congreso de los Diputados, o una lista desbloqueada, en el caso del Senado. Se entiende, por lo general, que quién será elegido después presidente está en las listas electorales. No obstante, Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno en 2018 sin ser diputado -renunció a su acta cuando el PSOE obligó a sus diputados a abstenerse para dejar gobernar al PP-. Esta coyuntura la prevé la Constitución, que establece que el jefe del ejecutivo es el que recibe la confianza de la cámara de representantes y no la de los ciudadanos, de forma directa, a través del voto.
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En 2015, con la caída del bipartidismo y la entrada en los parlamentos autonómicos, ayuntamientos y en el Congreso de los Diputados de nuevos partidos, los dos grandes partidos abrieron el debate sobre la posibilidad de dejar gobernar a la lista más votada. Indistintamente, el PSOE y el PP han apelado a este comodín según les iba en las encuestas y, tras las elecciones, en función de la posición final que habían obtenido en los parlamentos.
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En 2015 el PP ganó las elecciones, sin embargo, se podía forjar una mayoría alternativa, de hecho, Albert Rivera y Pedro Sánchez firmaron un pacto para intentar investir al socialista como alternativa a Rajoy. Finalmente, no salió adelante y tuvieron que repetirse las elecciones. En todo momento, Rajoy apeló a la primera posición como argumento de peso para obligar a las demás fuerzas a dejar que gobernara.
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Tras la moción de censura en 2018, el PP y Ciudadanos agitaron el fantasma de la ilegitimidad del gobierno de Pedro Sánchez apelando a que el grupo socialista no tenía la mayoría de diputados, olvidandose que el sistema parlamentario pone en jaque la ‘tiranía de la mayoría’ -de votos, no de diputados- y da la posibilidad de forjar alianzas alternativas que permitan la alternancia política en el poder. Pedro Sánchez logró una mayoría absoluta con el voto favorable de más de 176 dipùtados -la mayoría absoluta establecida en el Congreso de los Diputados-, lo que permitió al Secretario General del PSOE conformar un nuevo ejecutivo.
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En 2019, el Partido Popular firmó el peor resultado de su historia en plazas tan importantes como la Comunidad de Madrid o el ayuntamiento de la capital. En ese momento, el PSOE en la Comunidad de Madrid apeló a dejar gobernar a la lista más votada. Sin embargo, a pesar de ser segunda fuerza, gracias a una mayoría parlamentaria alternativa a las fuerzas de izquierdas, conformada por los parlamentarios del PP, Vox y Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso pudo acceder al poder en la Comunidad y Almeida en el ayuntamiento.
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Cuatro años después de aquellas elecciones municipales y autonómicas, el PP apela, de nuevo, a esta idea para que el PSOE permita gobernar a los populares y así, evitar la foto con la ultraderecha. Vox exige, a diferencia de hace cuatro años, entrar en los gobiernos autonómicos y municipales donde sus votos sean decisivos para que gobierne la derecha. En muchas plazas y ayuntamientos, a pesar de no ser la lista más votada, el PP o el PSOE podría llevarse el gobierno gracias a la mayoría parlamentaria que suma con los votos de otras fuerzas.
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En España, en definitiva, no gobierna la candidatura que más votos tenga, sino el conjunto de fuerzas que permitar armar la mayoría sufienciente para superar una sesión de investidura que, en función del parlamento, es necesaria una mayoría absoluta o, tan solo, una mayoría simple.
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