El Ministerio de Igualdad ha enviado este miércoles una carta a todas las comunidades autónomas para exigirles que ejecuten “urgentemente” todas las medidas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo contempladas en la reforma de la ley del aborto, aprobada el pasado febrero.
Entre otras cuestiones, la modificación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsada por el departamento que dirige Irene Montero contempla que las mujeres tengan garantizada la posibilidad de abortar en la sanidad pública y lo más cerca posible de su domicilio.
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En esa línea, Igualdad recuerda en su carta que todas las regiones deben contar con médicos no objetores, es decir, favorables a practicar interrupciones voluntarias del embarazo, por lo que el departamento de Irene Montero ha instado a las comunidades que lo necesiten a contratar los facultativos necesarios para asegurar que las mujeres que elijan abortar puedan ejercer su derecho.
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El Ministerio también apunta que ley es “clara en ese aspecto” y plantea la creación de registros de objetores en cada comunidad autónoma, algo que todavía no se cumple en todas las regiones.
La reforma del aborto, que mantiene los plazos fijados por ley en 2010, incluye otras medidas como el fin de la exigencia de autorización paterna para que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo o la introducción de bajas laborales por menstruaciones incapacitantes. También se elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad, así como el plazo de reflexión de tres días.
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