Irene Montero presiona al PSOE para impulsar su ley contra el racismo tras el caso Vinicius

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha movido ficha en las últimas horas para presionar al PSOE, abriendo un nuevo frente en el Gobierno de coalición en plena campaña por las elecciones de las autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. A raíz del último episodio racista sufrido por el jugador del Real Madrid Vinicius en Mestalla (Valencia), el departamento dirigido la número dos de Podemos ha exigido a sus socios de la coalición el desbloqueo de su ley contra el racismo, cuyo borrador “está listo” para que el Consejo de Ministros le de el visto bueno, es decir, hasta que el PSOE “quiera”, según añaden fuentes del ministerio.

La norma, anunciada por Igualdad hace más de un año, sigue sin ver luz verde y, en virtud de los planes de Moncloa, hay pocos visos de que esto se produzca. Por lo pronto, la ley no está contemplada en el Plan Anual Normativo de 2023. Por otro lado, la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha destacado este martes la legislación vigente en esta materia, en referencia a la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, de 2007. “Los mecanismos están funcionando. Tolerancia cero y actuación en todos los ámbitos”, ha apostillado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, ha descartado endurecer la legislación actual o tomar nuevas medidas al respecto al entender que ya hay “seguridad jurídica”. Consciente de que la prensa internacional ha puesto el foco sobre España por la trascendencia de los ya habituales insultos racistas hacia el jugador brasileño, Isabel Rodríguez ha defendido que en este país, este tipo de comportamiento “no quedan impunes”, y que “se persiguen y se castigan”.

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En esencia, el partido mayoritario del Gobierno no quiere enmarcar este tipo de episodios en el ámbito deportivo, contra los que hay que ser “tajantes”, pero descarta que haya racismo estructural en España: “Aquí condenamos mayoritariamente estos comportamientos y a quienes lo justifican”, ha explicado Rodríguez.

Si bien, sus socios de la coalición no lo entienden así. “Quiero pedirle al PSOE que aceleremos la tramitación de la ley antirracista. Necesitamos ir a la raíz del problema, fomentar la educación, el compromiso antirracista debe enseñarse en las escuelas. Necesitamos también hablar de la regularización de las personas migradas”, ha insistido en la tarde de este martes la ministra de Igualdad y número dos de Podemos desde Córdoba. También, la secretaria general del partido morado y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha pronunciado en esta dirección en dos actos de campaña celebrados en Getafe y Alcorcón.

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Ya este lunes, en una carta remitida a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y a La Liga, Igualdad pidió a los dos organismos que, debido a la gravedad y reiteración de estos incidentes, “fortalezcan y apliquen las medidas que permiten luchar contra el racismo”. Pero también, la titular de Igualdad puso el foco sobre su norma paralizada en el seno del Gobierno.

Por otro lado, el comunicado remitido por Igualdad en la mañana de este martes, coincidiendo con la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha pillado con el pie cambiado a Moncloa. Fuentes gubernamentales reconocen que desconocían la firma conjunta con el Ministerio de la Igualdad Racial de la República Federativa de Brasil de una nota sobre “una agresión racista cometida recientemente en el marco de la Liga de Fútbol Española contra un jugador de origen brasileño”.

Después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, elevara el tono al exigir a España “medidas serias en el caso”, la Embajada brasileña ha pedido reuniones con Exteriores, Igualdad, la Policía y LaLiga por el caso Vinicius. La indignación desatada en el país latinoamericano se ha canalizado a través de un comunicado del ministerio del ramo junto al Ministerio de Igualdad en el que recuerdan el memorando de entendimiento para la promoción de la igualdad racial y la lucha contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, suscrito por ambos países recientemente.

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Según reza la nota, el acuerdo parte del hecho de que “el racismo es estructural en nuestras sociedades, y que hechos como el acontecido en Valencia no son hechos aislados, sino que están profundamente arraigados en la sociedad”. Asimismo, ahonda en la necesidad impulsar la Ley del Racismo, que “se configura como el horizonte para articular y materializar esta agenda de forma integral”.

Desde el ministerio recuerdan que la norma propone modificar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, “para que todas las personas extranjeras que carezcan de autorización de residencia en España y que hayan sido víctimas de discriminación, intolerancia o delitos de odio, queden exentas de responsabilidad administrativa y no se les incoe expediente administrativo sancionador”

De igual modo, pretende establecer medidas de “acción positiva de carácter temporal” para luchar contra el “racismo estructural”; luchar contra los discursos de odio, “especialmente en los medios de comunicación, incluidas las plataformas digitales y las redes sociales”; o incluir contenidos curriculares en todas las etapas educativas para explicar las causas y los efectos del racismo estructural.

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