El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca recuperó este jueves su libertad tras cumplir una condena de diez años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Horas después de salir de la cárcel, acudió al Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, para completar los trámites vinculados con su excarcelación.
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Saca, de 61 años, fue visto a la entrada de la sede judicial con documentos en sus manos.
El exmandatario, que gobernó el país entre 2004 y 2009, evitó extenderse ante los medios que lo esperaban en el lugar. “Estoy desacostumbrado a dar declaraciones”, dijo, según informó El Mundo, diario digital.
La salida del exjefe de Estado se produjo al término de la pena impuesta por el desvío y lavado de más de USD 300 millones del presupuesto público durante su administración. Saca permanecía detenido desde el 30 de octubre de 2016, cuando fue arrestado por las autoridades salvadoreñas.
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Condena por el desvío de más de USD 300 millones de fondos estatales
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Antonio Saca en septiembre de 2018, luego de que el entonces exmandatario aceptara su responsabilidad en un esquema que permitió sacar recursos de la Presidencia y dirigirlos hacia empresas, exfuncionarios y terceros.
La sentencia fijó cinco años de cárcel por peculado y otros cinco por lavado de dinero y activos. Además, le ordenó pagar USD 260,7 millones en concepto de responsabilidad civil al Estado salvadoreño.
El proceso avanzó mediante un juicio abreviado, un mecanismo que permitió reducir la posible pena a cambio de la confesión de los acusados. La Fiscalía General de la República sostuvo que la red extrajo más de USD 301 millones de la Casa Presidencial durante el período 2004-2009.
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Junto con Saca fueron condenados varios integrantes de su administración: el exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank y el exsecretario de Juventud, César Funes.
Cómputo de la pena desde el arresto de octubre de 2016
La fecha de liberación estuvo vinculada al cómputo de la pena que realizaron los tribunales de vigilancia penitenciaria. Como Saca se encontraba bajo detención desde el 30 de octubre de 2016, ese período fue incorporado al cumplimiento de la condena principal.
En 2020, el expresidente había comparecido ante el Centro Judicial Isidro Menéndez para una audiencia en la que se discutió si debían acumularse dos condenas: los diez años por peculado y lavado de dinero, y otra pena de dos años por cohecho.
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Saca había recibido esa segunda condena en septiembre de 2019, tras admitir que pagó USD 10.000 a una empleada judicial a cambio de obtener información sobre un proceso civil. Sin embargo, esa pena quedó extinguida por el tiempo que ya había permanecido en prisión preventiva.
La resolución dejó como referencia la condena de diez años por el caso de corrupción, cuyo cumplimiento total se ubicaba en octubre de 2026.
Bienes vinculados al caso, bajo control estatal
La Fiscalía General de la República señaló esta semana que la excarcelación de Saca no modifica el estado de los bienes y propiedades sometidos a procesos de recuperación para el Estado.
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El caso contra el exmandatario incluyó acciones de extinción de dominio sobre activos atribuidos a él, a familiares y a personas señaladas como presuntos testaferros. La recuperación del dinero público fue uno de los ejes del proceso que derivó en la condena.
La liberación de Saca cierra su etapa de reclusión por el desvío de fondos estatales, aunque mantiene vigentes las consecuencias patrimoniales fijadas por la Justicia salvadoreña.
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