¿Es posible denunciar y ganar un caso de acoso callejero sin testigos y pruebas en El Salvador?

En El Salvador, el acoso callejero persiste como una práctica cotidiana en calles y transporte colectivo que vulnera la seguridad de miles de mujeres, muchas de las cuales guardan silencio ante la falta de orientación sobre los procedimientos legales o por desconocimiento de las normativas vigentes que sancionan estas conductas.

La naturalización de tocamientos, persecuciones y expresiones verbales obscenas en el espacio público genera un entorno de indefensión, agravado por la desconfianza en la respuesta institucional y la escasez de denuncias formales ante las autoridades correspondientes.

Frente a este escenario, el abogado salvadoreño Edward Alexander Benavides, brindó a Infobae los alcances, vacíos de la legislación penal nacional, los mecanismos de prueba disponibles y los desafíos procesales que enfrentan las víctimas al acudir a la sede judicial.

¿Bajo qué figuras legales se sanciona actualmente el acoso callejero en el país?

El acoso está regulado de forma general en el artículo 165 del Código Penal. Esta disposición abarca a quien realice una conducta sexual indeseada que implique frases, tocamientos, señas u otra conducta inequívoca.

La pena establecida va de tres a cinco años de prisión, pero si la acción se ejecuta contra una persona menor de 15 años, la sanción aumenta de cuatro a ocho años de cárcel, además de 100 a 200 días multa.

Por otro lado, existe la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), que aborda los hechos delictivos cometidos contra la mujer por motivos de género, como las expresiones de violencia contempladas en el artículo 55.

¿Qué diferencia existe en la práctica entre un comentario verbal y una conducta constitutiva de delito penal?

Existe una línea compleja de carácter probatorio y social. En el ámbito legal, cualquier acto con connotación sexual no consentida califica como falta o delito según su gravedad.

Sin embargo, en el terreno de las palabras o ademanes en la vía pública, la valoración recae en el impacto sobre la persona receptora y en el criterio del juzgador.

Cuando una mujer presenta una denuncia, la declaración testimonial activa la intervención de las autoridades policiales, lo cual exige determinar con precisión la intencionalidad y el contexto de lo ocurrido para evitar decisiones arbitrarias.

Mecanismos de prueba frente a la falta de testigos

¿Cuáles son las herramientas probatorias para sustentar un caso si no existen testigos en la calle o en el transporte?

Los hechos que ocurren en el transporte público o en vehículos de plataformas particulares suelen carecer de personas dispuestas a declarar. En estos casos, la prueba fundamental es el peritaje psicológico realizado por el Instituto de Medicina Legal (IML).

Los especialistas determinan a través de evaluaciones técnicas la veracidad del testimonio y las afectaciones emocionales derivadas del hecho. La jurisprudencia reconoce la validez del testimonio de la víctima cuando está sustentado por este informe pericial.

¿Qué validez legal tienen las grabaciones de teléfonos celulares y cámaras de seguridad?

Las filmaciones captadas con dispositivos móviles o sistemas de videovigilancia poseen plena validez procesal. Cuando una persona sufre una agresión ilícita en la vía pública, la ley salvadoreña faculta el registro de los hechos para utilizarlos como elemento de cargo.

La Fiscalía General de la República puede solicitar judicialmente la extracción forense de datos telefónicos, imágenes o vídeos para robustecer el expediente acusatorio ante los tribunales.

Tiempos de respuesta y prevención

¿Qué tan expedita resulta la respuesta de las autoridades tras presentar una denuncia formal?

La recomendación técnica siempre es interponer la denuncia de manera directa en la sede fiscal para agilizar la apertura formal del expediente.

A pesar de esto, el sistema judicial salvadoreño presenta una saturación que extiende los tiempos de citación e investigación por meses o hasta un año, salvo en casos donde las víctimas son menores de edad, donde el aparato estatal actúa con mayor celeridad.

Los jueces tienen la potestad de emitir medidas cautelares de protección para prohibir el acercamiento del agresor a la denunciante mientras continúa el proceso.

¿Considera que el incremento de las penas erradicaría esta problemática en los espacios públicos?

El incremento de las condenas de cárcel no soluciona el origen del problema. La respuesta para transformar una sociedad con conductas machistas arraigadas radica en la educación ciudadana y en la prevención temprana, más que en el castigo penitenciario posterior.