
El Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Turno ligó a proceso penal y envió a prisión preventiva al notario Sergio L., señalado por el Ministerio Público (MP) de presuntamente utilizar escrituras públicas para despojar a varias personas de sus bienes inmuebles.
Según la investigación, el notario elaboraba las escrituras de las propiedades de sus víctimas y luego las colocaba a nombre de personas que ya estaban fallecidas, ello con el propósito de despojar a las personas de sus bienes inmuebles y apropiarse de ellos.
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La resolución judicial fue solicitada por la Fiscalía, que atribuye al sindicado el posible abuso de las facultades que tenía como notario para formalizar operaciones sobre propiedades ajenas.
El caso se suma a otras investigaciones por maniobras similares que involucran documentos notariales y datos de personas fallecidas.
La Fiscalía sostiene que utilizó escrituras con propietarios ya fallecidos
De acuerdo con la información divulgada por el MP, Sergio L. utilizó las escrituras públicas a nombre de los fallecidos para venderlos, afectando de manera directa a los los legítimos propietarios.

La investigación indica que, para dar apariencia de legalidad a esos trámites, el notario habría hecho comparecer como propietarios a ciudadanos que ya habían muerto. Esas personas figuraban en las escrituras como si aún pudieran intervenir en la venta o cesión de los inmuebles.
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La Fiscalía investiga si esos documentos permitieron inscribir o modificar la titularidad de diversas propiedades. La hipótesis del ente investigador es que el sindicado habría aprovechado la fe pública propia de la función notarial para validar actuaciones que no correspondían con la situación real de los propietarios.
El señalamiento se centra en el posible uso irregular de escrituras públicas como instrumento para consumar el despojo. En ese tipo de documentos, la intervención de las partes resulta determinante para acreditar la voluntad de transferir un bien, por lo que la comparecencia de personas fallecidas constituye uno de los puntos bajo investigación.
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Sergio L. deberá permanecer en prisión preventiva
A petición del Ministerio Público, el juzgado resolvió ligar a proceso penal a Sergio L. y ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras continúa el proceso.
La medida cautelar implica que el imputado permanecerá privado de libertad durante la etapa de investigación, en la que la Fiscalía deberá presentar los elementos que sustenten su acusación ante los tribunales.
El MP indicó además que el notario registra más de 10 órdenes de aprehensión en su contra. No se detalló en la información disponible cuántos casos están vinculados directamente con el presunto despojo de propiedades ni la situación procesal de cada una de esas órdenes.
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Las autoridades buscan establecer el alcance de las operaciones atribuidas al sindicado, identificar a todas las personas afectadas y determinar si participaron otros individuos en la elaboración, autorización, presentación o inscripción de los documentos cuestionados.
El caso apunta al posible abuso de la función notarial
La Fiscalía sostiene que el investigado habría usado su calidad de notario para confeccionar instrumentos que aparentaban cumplir con los requisitos legales. El señalamiento no se limita a una operación aislada, pues el Ministerio Público refiere que varias víctimas habrían perdido sus inmuebles bajo un patrón similar.
El expediente deberá esclarecer cómo se obtuvieron los datos de las personas fallecidas, quiénes aparecieron como compradores o beneficiarios de las transferencias y qué registros permitieron detectar las posibles irregularidades.
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El 29 de julio ligaron a proceso a otro notario por falsificar firmas de fallecidos
Este no es el primer caso conocido en el que un notario es investigado por presuntas maniobras con documentos de personas fallecidas. El 29 de julio de 2026, las autoridades informaron que Miguel A. fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva.

Según la investigación de aquel expediente, el notario habría elaborado escrituras e instrumentos públicos falsos para presentar como vivas a personas fallecidas y falsificar sus firmas en traspasos de casas y terrenos.
La Fiscalía de Casos Especiales recibió tres denuncias relacionadas con ese caso. Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que los legítimos propietarios no habían firmado las escrituras cuestionadas.
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