La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este lunes un dictamen favorable para ampliar en USD 50 millones la garantía soberana vinculada a una línea de crédito del Fondo Social para la Vivienda (FSV) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La medida permitirá elevar el monto de la línea global de crédito de USD 53,7 millones a un máximo de USD 103.7 millones. El Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, solicitó autorización para modificar el contrato de garantía soberana que respalda esa operación.
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Los recursos están destinados a sostener créditos hipotecarios para vivienda de interés social a través de programas del FSV, entre ellos Vivienda Nueva en Condiciones Especiales, Casa Joven, Vivienda Cercana, Casa Mujer y Vivienda en Altura.
El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, explicó ante la comisión que el incremento responde a la ejecución de la línea vigente y a la necesidad de mantener disponibles fondos para nuevos desembolsos durante un plazo de hasta 36 meses.
Casa Joven está dirigido a personas de entre 18 y 35 años que buscan comprar una vivienda nueva o usada. Vivienda Cercana apunta a salvadoreños residentes en el exterior y a personas que reciben ingresos desde otros países. Casa Mujer contempla créditos para mujeres jefas de hogar, madres solteras, mujeres solteras y viudas en condición de vulnerabilidad, mientras que Vivienda en Altura financia apartamentos nuevos o usados.
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La línea de crédito cuenta con garantía soberana desde 2023. La modificación debe acompañar el aumento autorizado por el BCIE para que el FSV pueda suscribir la ampliación del financiamiento.
Cabañas recibirá USD 2,2 millones para obras en un camino terciario
La comisión también emitió un dictamen favorable a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar USD 2,235,021 al ramo de Obras Públicas y de Transporte.
Los fondos provienen de un convenio de crédito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España y se asignarán al proyecto 7004, que prevé mejorar el camino terciario entre el desvío El Zapote, el desvío del caserío La Danta y el Puente de Integración, en la frontera con Honduras.
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La obra se desarrolla en el distrito de Victoria, departamento de Cabañas, e incluye la intervención de 14 kilómetros de vía. Según la exposición de Hacienda, los recursos cubrirán el anticipo para la construcción y la supervisión, con trabajos de movimiento de tierra, limpieza, desmonte, nivelación, drenajes, obras de protección y accesos peatonales y vehiculares.
El crédito con el ICO fue aprobado en 2018 por un monto de hasta USD 30 millones para el programa de caminos rurales progresivos y mejoramiento de vías a escala nacional. El organismo extendió el período de desembolsos hasta el 30 de junio de 2028.
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Otros USD 11,2 millones reforzarán la reconstrucción de los mercados de San Miguel y Santa Ana
El dictamen N.º 263, también aprobado por unanimidad, avala incorporar USD 11,249,597 al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) con fondos del préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo multilateral de desarrollo del Grupo Banco Mundial.
La mayor parte de la asignación se distribuirá entre dos proyectos de reconstrucción de mercados municipales. El mercado de San Miguel recibirá USD 5,013,080 y el de Santa Ana, USD 5,728,686. Otros USD 507,831 se destinarán al fortalecimiento institucional y a la adquisición de bienes y servicios para la unidad ejecutora.
En San Miguel, el proyecto contempla un edificio de tres niveles con capacidad para aproximadamente 1,367 locales comerciales. La intervención en Santa Ana incluye dos edificios de dos niveles, con terraza, para hasta 2.387 puestos de venta, además de áreas administrativas, zonas de carga y descarga y accesos inclusivos.
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Los recursos financiarán avances de obra, entre ellos excavaciones, rellenos estructurales, sistemas de recolección de aguas lluvias, fundaciones, losas, columnas, vigas y tabiquería. La partida para fortalecimiento institucional cubrirá equipo informático, licencias de software, auditoría externa y vehículos para supervisar las obras.
Los tres dictámenes deberán pasar al pleno legislativo para su discusión y eventual aprobación.
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