Familias impulsan una ley para la búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador

La propuesta de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas suma voces y esfuerzos de familias salvadoreñas que buscan respuestas y rutas claras ante la ausencia de sus seres queridos.

El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas presentará una iniciativa que busca transformar el actual vacío institucional en un sistema especializado y humano para afrontar esta crisis, según informaron los integrantes de esta organización en una entrevista difundida por YSUCA.

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 31 de agosto, y ante la falta de una política pública efectiva enfocada en las desapariciones en el país, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas informó que presentará el miércoles 26 de agosto ante la Asamblea Legislativa el proyecto de “Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas”.

La organización invita a los diputados y diputadas de las diferentes fracciones a recibir la pieza de correspondencia que será entregada a las 10:00 horas, con la solicitud de que la iniciativa ingrese a la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia para su estudio y posible discusión parlamentaria.

De acuerdo con las integrantes del bloque, la falta de una institucionalidad específica para la búsqueda de desaparecidos en El Salvador ha dejado a las familias en una situación de desamparo y desorientación.

Actualmente, las denuncias son recibidas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), pero, según relataron miembros del Bloque, el proceso suele quedar reducido a un trámite administrativo sin despliegue inmediato de recursos ni acompañamiento efectivo.

Carmen Argueta, integrante del Bloque, explicó que la propuesta de ley se origina en la experiencia directa de los colectivos y familiares: “La ley nace de nuestras propias experiencias, de lo que carecemos, con lo poco que contamos, de la indiferencia del Estado”.

El proyecto busca establecer un Sistema Nacional de Búsqueda, con reglas claras, responsabilidades definidas y recursos asignados para garantizar que cada caso se atienda de manera prioritaria y coordinada.

Presunción de vida y búsqueda inmediata

Uno de los principios centrales de la iniciativa es la presunción de vida. Las familias exigen que el Estado no parta de la idea de que la persona desaparecida ha fallecido, sino que oriente las acciones bajo la expectativa de hallarla con vida.

Esta perspectiva implica modificar prácticas institucionales que obligan a esperar entre 24 y 72 horas para iniciar la búsqueda, una demora que puede resultar decisiva.

“Toda persona desaparecida debe ser buscada bajo la presunción de vida y la búsqueda debe continuar hasta conocer con certeza qué pasó con nuestro familiar”, afirmó Argueta en YSUCA.

Argueta también abogó que el texto legal prohíbe, además, que los funcionarios prejuzguen a las víctimas o a sus familias, una práctica que ha contribuido a la estigmatización y revictimización de quienes denuncian.

Coordinación interinstitucional y rol de las familias

La ley propone la creación de una mesa de coordinación en la que participen la PNC, la FGR, el Instituto de Medicina Legal, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y los ministerios vinculados, con el objetivo de evitar la dispersión de responsabilidades y el “rebote” de casos entre oficinas. El Bloque sostiene que la falta de una ruta clara ha obligado a las familias a agruparse y apoyarse mutuamente.

Esmeralda Rosales, también miembro del Bloque, subrayó que la iniciativa reconoce el derecho de las familias a participar activamente en los procesos de búsqueda y a recibir información actualizada sobre los avances.

“Nosotros como familiares debemos ser el centro”, remarcó Rosales, y señaló que en otros países como México, las familias acompañan las búsquedas junto a las autoridades y aportan información clave por conocer la vida cotidiana de la persona desaparecida.

Herramientas técnicas y acompañamiento integral

El proyecto plantea la creación de un registro único nacional de desaparecidos y un banco de ADN que permita cotejar información genética con restos no identificados. Aunque existe en el país una ley previa sobre el banco de ADN, los familiares consideran que su aplicación ha sido insuficiente.

El acompañamiento psicosocial, médico y legal es otro de los ejes de la propuesta. Las familias relataron que hasta el momento no han recibido apoyo integral del Estado y que el acompañamiento ha provenido fundamentalmente de organizaciones de la sociedad civil y de la solidaridad entre quienes atraviesan situaciones similares.

La iniciativa ciudadana del Bloque fue presentada a distintos partidos políticos, instituciones y entidades estatales, con la expectativa de que se abra una discusión en la Asamblea Legislativa. Los familiares insisten en que la desaparición no es solo un drama privado, sino un problema que involucra a toda la sociedad y que exige una política pública permanente.

“Desaparecer no significa dejar de tener derechos. La búsqueda de una persona que está desaparecida debe de comenzar inmediatamente”, destacó Carmen Argueta en la entrevista.

El Bloque invita a las familias que aún no se han acercado a las autoridades a buscar asesoría y a sumarse a los esfuerzos colectivos, recordando que la lucha está sostenida por el amor a quienes faltan y por la convicción de que aún es posible obtener respuestas.