Nueve años después del crimen que conmocionó a República Dominicana, el rostro de Emely Peguero, la adolescente de 16 años asesinada en 2017, sigue presente en la memoria colectiva.
Su muerte mientras estaba embarazada, según reportó BBC Mundo en aquel momento, desató una ola de indignación y puso en discusión la fragilidad de la protección institucional ante la violencia de género.
Hoy, el país cuenta con un nuevo Código Penal que tipifica el feminicidio y agrava las penas cuando la víctima es una menor de edad o está en estado de gestación.
El caso de Emely Peguero, ocurrido en agosto de 2017, marcó un antes y un después en la justicia dominicana. La joven desapareció el 23 de agosto de ese año, y días después su cuerpo fue hallado tras una intensa búsqueda.
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De acuerdo con BBC Mundo, “la desaparición de Emely movilizó a toda la sociedad, dejando en evidencia deficiencias en la respuesta de las autoridades y generando un debate nacional sobre la violencia contra las mujeres”.
El proceso judicial concluyó con una condena de 30 años contra Marlon Martínez, mientras que su madre, Marlin Martínez, recibió una pena reducida a dos años y recuperó su libertad en 2020.
El marco legal vigente en 2017, un Código Penal heredado de 1884, no reconocía el feminicidio como delito autónomo. Nueve años después, la República Dominicana ha experimentado cambios sustanciales.
El nuevo Código Penal, que entró en vigor este mes, incorpora la figura de feminicidio y establece penas de entre 30 y 40 años de prisión mayor.
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El artículo 94 dispone que, si la víctima es niña, adolescente o se encuentra embarazada, la sanción máxima asciende a 40 años, acompañada de una multa de mil salarios mínimos del sector público. “Si un crimen como el de Emely sucediera hoy, la nueva legislación contemplaría la pena más alta prevista”, detalló el medio dominicano El Día.
La reforma legal no tiene efectos retroactivos, por lo que los delitos cometidos bajo la legislación anterior mantienen las penas entonces vigentes. Esto impide modificar la condena de los implicados en el caso Emely Peguero, aunque sí permite observar la evolución del sistema penal dominicano.
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De acuerdo con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la versión consolidada del Código Penal publicada este mes eleva también las sanciones para otras formas de violencia de género y delitos sexuales, reforzando la protección jurídica de mujeres y adolescentes.
El asesinato de Emely Peguero no fue un hecho aislado. Durante el mismo agosto de 2017, el país se vio sacudido por otros crímenes contra jóvenes, como el de Fernelis Carrión, de 16 años (por cuya muerte fue condenado a 30 años de prisión el sacerdote Elvin Taveras); y los de Dioskairy Gómez y Rosalinda Yan Pérez, ambas de 18 años.
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Según informó El Día, “los cuatro nombres quedaron asociados a una de las sucesiones de asesinatos de jóvenes que estremecieron al país en cuestión de semanas”.
El impacto social del caso de Emely Peguero se reflejó también en cifras de salud pública. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2017 se registraron 35,461 embarazos en adolescentes, mientras que en 2025 la cifra bajó a 16,481, una reducción superior al 50%. No obstante, el fenómeno persiste y afecta principalmente a adolescentes de 15 a 19 años, además de niñas menores de 15, segmento que en 2025 representó el 5.01% de los casos reportados.
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Las modificaciones legales y la disminución de embarazos adolescentes son avances reconocidos por las autoridades, pero no agotan el debate sobre la respuesta estatal ante la violencia.
La historia de Esmeralda Richiez, otra adolescente de 16 años asesinada seis años después, evidencia la continuidad del problema. Su caso, desarrollado todavía bajo el antiguo Código Penal, terminó con la ratificación de una condena de 20 años para John Kelly Martínez en 2026, pocos meses antes de la entrada en vigor del nuevo régimen sancionatorio.
La cobertura de BBC Mundo remarcó que “la conmoción por la muerte de Emely abrió un debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención, protección y justicia para evitar nuevas tragedias”.
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El país ha incorporado herramientas jurídicas más estrictas y ha logrado avances en algunos indicadores, pero la discusión se extiende a la capacidad institucional para detectar y atender la violencia antes de que derive en crímenes irreparables.
El recuerdo de Emely Peguero continúa presente en la sociedad dominicana, ahora bajo un contexto legal distinto y con el desafío de evitar que otras adolescentes compartan su destino.
La transformación normativa y la reducción de embarazos constituyen pasos hacia adelante, aunque la pregunta sobre la suficiencia de las medidas adoptadas sigue abierta.
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