El Ministerio del Tesoro en Guatemala presenta como una oportunidad la una nueva ley para digitalizar las compras del Estado

El Ministerio de Finanzas de Guatemala impulsa la iniciativa 6688 para sustituir la ley de contrataciones del Estado vigente desde 1992, una reforma que busca digitalizar por completo las compras públicas, ampliar las modalidades de adquisición y reforzar los controles sobre proveedores antes de que la discusión del presupuesto nacional desplace el tema de la agenda del Congreso.

La propuesta elevaría de cuatro a nueve los mecanismos de compra pública y llevaría el techo de la contratación simplificada a 300.000 quetzales, con ajustes periódicos vinculados a la inflación. También transformaría Guatecompras en una plataforma transaccional con trazabilidad completa, en lugar de su función actual como repositorio documental.

Durante el Congreso Mercado Público 2026, celebrado recientemente, autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas expusieron los alcances de la reforma y defendieron la necesidad de reemplazar la normativa actual por una ley nueva. El proyecto fue entregado por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República en noviembre de 2025.

El viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado Carlos Melgar presentó los ejes centrales de la iniciativa: contratación electrónica a través de un Sistema Nacional de Compras Públicas, conversión de Guatecompras en una herramienta operativa de transacción y aplicación de mecanismos más estrictos para inhabilitar a proveedores que incumplan con el Estado.

Ese rediseño apunta a modificar la lógica con la que hoy se ejecutan las adquisiciones estatales. Según explicó el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, citado por Infobae Centroamérica, la iniciativa no corrige de manera parcial la norma actual, sino que la reemplaza por completo para modernizar, digitalizar y agilizar el sistema desde su estructura.

La reforma busca sustituir una ley de 1992 que acumuló más de 14 cambios

La legislación vigente fue aprobada en 1992 y, de acuerdo con Estrada, acumuló más de 14 reformas que generaron vacíos jurídicos y contradicciones operativas. El diseño original estaba orientado sobre todo a infraestructura vial y compra de medicamentos, mientras el resto de adquisiciones públicas quedó sometido a un marco que el legislador describió como desactualizado.

El trabajo técnico detrás del proyecto comenzó entre 2017 y 2019 dentro del Ministerio de Finanzas Públicas, con participación de cinco agencias de cooperación internacional y unas 300 reuniones técnicas. La directora general de Adquisiciones del Estado, Xiomara Morales, señaló que la propuesta se apoya en estudios especializados y estándares internacionales.

Morales precisó que la iniciativa se sostiene en cuatro pilares: modernización del Estado, transparencia y rendición de cuentas, competencia y fortalecimiento del mercado, y generación de confianza con control social. Bajo esa lógica, el cambio normativo pretende mover el centro del sistema desde el formalismo jurídico hacia una gestión más técnica de las compras.

La iniciativa incorpora subastas electrónicas y controles más duros sobre proveedores

Entre las nueve modalidades previstas figuran la subasta electrónica inversa, el diálogo competitivo con proveedores y los convenios marco para compras recurrentes. La evaluación de ofertas ya no se concentraría solo en el precio más bajo, sino que incluiría variables de calidad y capacidad técnica.

Uno de los cambios más visibles alcanzaría a la compra directa. Ese mecanismo sería sustituido por una subasta abreviada electrónica de dos días, en un intento por reducir el fraccionamiento de adquisiciones que permite mantener operaciones por debajo de umbrales sujetos a controles más exigentes.

Sobre esa práctica, Estrada fue directo: “Los montos, se los volaron hace rato”. La observación alude a la división de compras para eludir procesos más rigurosos, uno de los problemas que la nueva ley intenta cerrar mediante reglas digitales y mayor trazabilidad.

La propuesta también incorpora contratos llave en mano para construcción de carreteras, una modalidad inexistente en la legislación actual, y abre espacio para contrataciones especializadas que hoy no tienen encaje normativo. Su alcance no se limitaría al Gobierno central: abarcaría municipalidades, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y todas las entidades que administren recursos públicos.

Melgar también anunció la publicación de la primera edición oficial de los Criterios Registrales del Registro General de Adquisiciones del Estado, con el objetivo de estandarizar criterios, fortalecer la certeza jurídica y mejorar la gestión registral. En el mismo evento informó sobre nuevos lineamientos para optimizar los mecanismos de inhabilitación y rehabilitación de proveedores, además del desarrollo de una propuesta técnica para actualizar la metodología de precalificación financiera.

El funcionario resumió la lógica de ese endurecimiento con una definición puntual: “Cualquier proveedor que está quedando mal con el Estado no debería tener el favor de seguir recibiendo contratos si está quedando mal”.