Crimen farmacéutico en El Salvador: preocupación oficial y llamado a fortalecer la persecución penal

El auge de actividades ilícitas vinculadas al sector farmacéutico en El Salvador genera preocupación entre las autoridades y evidencia vacíos en la legislación y la capacidad estatal para enfrentar este fenómeno. Según radio YSKL, el fiscal feneral de la República, Rodolfo Delgado, advirtió que la comercialización ilegal de medicamentos representa una amenaza transnacional, impulsada por la alta rentabilidad y las bajas penas asociadas a estos delitos.

Durante una intervención pública, Delgado señaló que las organizaciones criminales en El Salvador han comenzado a diversificar sus operaciones, migrando de actividades tradicionales como el narcotráfico hacia el contrabando y la falsificación de medicamentos.

Explicó que el llamado “crimen farmacéutico” se ha consolidado como una amenaza, en parte por las condiciones del entorno económico y legal del país.

“Bajas penas para este tipo de conductas criminales y la facilidad con que en una economía dolarizada se pueden lavar las ganancias de este tipo de actividades criminales”, describió el fiscal como factores determinantes de la expansión de estas operaciones.

De acuerdo con el medio, las estructuras del crimen organizado, tanto en El Salvador como en la región centroamericana, han incorporado la falsificación, adulteración y contrabando de medicamentos a sus portafolios delictivos. Según Delgado, estos negocios pueden generar márgenes de ganancia comparables a los del tráfico de sustancias ilícitas, pero con un riesgo significativamente menor de persecución penal.

Uno de los aspectos más preocupantes identificados por la Fiscalía General de la República (FGR) es el desvío sistemático de medicamentos institucionales, especialmente aquellos destinados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Ministerio de Salud (MINSAL). De acuerdo con Delgado, estos productos suelen ser trasladados a países vecinos, donde se vuelven a etiquetar y posteriormente son vendidos.

La falta de un tipo penal específico para la falsificación de medicamentos complica el trabajo de los fiscales, quienes deben recurrir a figuras como la estafa, la violación de derechos de propiedad intelectual o la infracción de distintivos comerciales para procesar estos delitos.

“No es lo mismo investigar una falsificación que investigar una estafa. No es lo mismo investigar, para el caso, un contrabando que una violación de distintivos comerciales”, explicó Delgado, en declaraciones recogidas por YSKL. Esta situación, sostuvo el fiscal, debilita la argumentación jurídica y dificulta la presentación de casos sólidos ante los tribunales. Además, la comercialización de medicamentos falsificados representa un riesgo grave para la salud pública, un aspecto que incrementa la urgencia de abordar la problemática.

Frente a este panorama, la Fiscalía General de la República ha planteado la necesidad de reformas legales que permitan enfrentar de forma efectiva el crimen farmacéutico. Delgado propuso modificar la legislación para establecer delitos específicos relacionados con la falsificación, adulteración y clonación de medicamentos, así como incrementar las penas y mejorar las herramientas procesales para una persecución penal eficiente.

“El primer gran obstáculo que un fiscal salvadoreño enfrenta en los tribunales de justicia es la rigidez de nuestras herramientas sustantivas, la rigidez de nuestra ley, la rigidez de los delitos o la ausencia de estos”, expresó el fiscal general. Además, propuso fortalecer las capacidades de análisis forense y mejorar la infraestructura para el resguardo de medicamentos incautados durante investigaciones.

Delgado subrayó, según YSKL, que el fenómeno trasciende las fronteras nacionales y requiere herramientas legales y técnicas adecuadas para enfrentar a las estructuras criminales que han incorporado el comercio ilícito de medicamentos a sus operaciones.

La respuesta oficial, de acuerdo con el fiscal, debe ser integral y orientada a proteger la salud pública y a garantizar que las organizaciones criminales no encuentren en El Salvador un terreno fértil para este tipo de actividades.