El CAF ubica a El Salvador con las viviendas más caras de América Latina

El Salvador presenta los precios de compra y alquiler de viviendas más elevados de América Latina, lo que ha convertido el acceso a una vivienda digna en un desafío considerable para la mayoría de la población.

César Villalona, economista salvadoreño, aseguró durante la entrevista en Radio YSUCA, que la situación habitacional refleja un déficit estructural que afecta a cientos de miles de familias y pone en evidencia la insuficiencia de las políticas públicas en el sector.

De acuerdo con cifras citadas por Villalona, el déficit de vivienda en El Salvador oscila entre 400,000 y 500,000 unidades, según estimaciones de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO).

Esta carencia se traduce en una gran cantidad de personas que residen en condiciones precarias, tanto en zonas urbanas como rurales. “El acceso a una vivienda digna está restringido principalmente por el bajo nivel de ingresos de la población y el alto costo de los inmuebles”, indicó Villalona.

El último informe del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) sitúa el precio mediano de una vivienda en el país en 265,000 dólares a nivel nacional y cerca de 380,000 dólares en áreas urbanas.

La comparativa internacional revela la magnitud de la problemática: en Colombia, la mediana se ubica en 151,000 dólares, en Perú en 145,000 y en Paraguay en 132,000 dólares. “El Salvador tiene los precios de vivienda más caros de la región”, remarcó Villalona, citando el estudio regional.

El mercado de alquiler tampoco ofrece alivio. El precio mediano de un alquiler residencial en áreas urbanas alcanza 1,578 dólares mensuales, mientras que en la capital, San Salvador, la cifra asciende a 1,875 dólares. En contraste, en Argentina el alquiler mediano es de 517 dólares y en Colombia de 208 dólares, según datos mencionados por el economista. El impacto de estos precios se agrava si se consideran los ingresos promedio del país, donde el salario mínimo ronda los 408 dólares mensuales y las remesas familiares promedian apenas un poco más de 100 dólares por hogar beneficiario.

La situación se complica más por la escasa capacidad de acceso al crédito hipotecario. El Fondo Social para la Vivienda otorga poco más de 4,000 créditos al año, de los cuales solo el 22 % se destinan a viviendas de interés social.

Los préstamos exigen ingresos mensuales de entre 750 y 1,300 dólares para asalariados, y de 1,500 a 2,000 dólares para independientes, condiciones fuera del alcance de la mayoría de los hogares que necesitan vivienda. “La mayoría de la gente queda excluida de la posibilidad de adquirir una vivienda a través de préstamos o ahorro”, señaló Villalona.

Las causas del encarecimiento de la vivienda son múltiples. El aumento de los precios de los materiales de construcción, la especulación inmobiliaria y el encarecimiento de los terrenos, especialmente en zonas donde ha mejorado la seguridad, han elevado los costos de manera sostenida desde 2021. La mano de obra en el sector construcción recibe el salario mínimo más alto del país, pero este factor tiene menos peso en el precio final, explicó Villalona.

El sector privado impulsa proyectos de construcción de alto costo, como torres de apartamentos en zonas exclusivas, dirigidos a sectores de altos ingresos y población emigrante que regresa al país con ahorros. Estas inversiones están exentas de impuestos durante quince años, una política que, según Villalona, no contribuye a reducir el déficit habitacional ni mejora las condiciones de quienes viven en pobreza o en viviendas indignas.

El fenómeno afecta tanto a zonas urbanas como rurales, con particular incidencia en la calidad de las viviendas. Según Villalona, apenas el 55 % de la población en el campo y el 52 % en las ciudades tiene casa propia, pero no todas estas viviendas reúnen condiciones de habitabilidad digna. En el área urbana, solo el 41 % de las mujeres accede a una vivienda propia, frente al 33 % en el área rural.

De acuerdo con el economista, la escasez de políticas públicas enfocadas en la vivienda social y la ausencia de regulación sobre el sector privado perpetúan el déficit y el acceso restringido a la vivienda en El Salvador.

Organizaciones como FUNDASAL han propuesto iniciativas legislativas para obligar a la banca y a las constructoras a destinar recursos a proyectos de interés social, pero estas propuestas no han prosperado en la Asamblea Legislativa.

El desafío de la vivienda en El Salvador persiste y se agrava con el paso de los años, mientras los precios de compra y alquiler continúan en ascenso y el número de familias sin acceso a una vivienda adecuada sigue creciendo.