
Un grupo de 126 miembros de la pandilla MS-13 fue declarado culpable por el delito de agrupaciones ilícitas, según la decisión del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador. El proceso judicial concluyó con distintas penas, entre ellas, 45 años de prisión para quienes ostentaban el rango de homeboys dentro de la organización.
En este grupo se encuentran personas identificadas como Santos Aníbal López Aragíon (alias Dragon), fundador de la clica Big Criminal Locos Salvatruchos, Josué David Montes Lovato y Luis Enrique Portillo Valle, quienes figuraban como parte de los líderes internos. En total, 69 integrantes recibieron la pena máxima.
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De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la estructura funcionaba en el departamento de Cuscatlán y tenía presencia en distritos como Cojutepeque, San Ramón, Candelaria, San Pedro Perulapán y Santa Cruz Analquito. Los datos presentados en el juicio indican que las actividades de este grupo incluían la venta de droga, extorsiones, privaciones de libertad y homicidios.

El resto de las personas procesadas recibió sanciones conforme a su nivel de implicación. Dieciséis integrantes con el rango de chequeos fueron condenados a 30 años de prisión, mientras que 24 paros y 17 colaboradores recibieron 25 años cada uno. La sentencia se basó en pruebas que, según el tribunal, permitieron establecer la organización interna y los delitos atribuidos.
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Según la Fiscalía, la acción penal respondió al impacto que este tipo de agrupaciones tiene en la vida cotidiana de las comunidades donde operan. La resolución judicial fue presentada como parte de los esfuerzos orientados a tratar de reducir las actividades de grupos criminales y los delitos asociados a su funcionamiento.
Pandillero condenado por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 24 años de prisión a Leonel Alberto Navarrete Hernández por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. La vista pública se realizó sin la presencia del acusado.
Según la información presentada por la Fiscalía, Navarrete Hernández, señalado como miembro de la pandilla 18, participó junto a otros en el homicidio de una persona identificada como delincuente, hecho que ocurrió el 26 de octubre de 2008 en la colonia San José 2 de Lourdes, distrito de Colón, La Libertad. El expediente señala que la víctima fue citada con el pretexto de una compraventa de arma de fuego, la cual no contenía municiones, y fue atacada poco después.
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El tribunal dictó la pena tras considerar las pruebas presentadas y la responsabilidad atribuida al procesado.
Condena de 26 años de prisión por violación en Sonsonate
El Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate condenó a Jenderson Rodrigo Ramírez García a 26 años de prisión por violación en menor o incapaz en modalidad continuada, en perjuicio de una menor en el municipio de Sonsonate Centro.
Según el expediente fiscal, los hechos comenzaron el 14 de febrero de 2026, cuando Ramírez García contactó a la víctima por medio de redes sociales. Mediante engaños, la convenció de acompañarlo a su vivienda, donde ocurrieron los abusos en varias ocasiones.

La Fiscalía General de la República presentó pruebas que permitieron fundamentar la sentencia. El acusado estuvo presente durante la audiencia en la que se dio a conocer la decisión. El caso fue presentado por las autoridades como parte de las acciones orientadas a la protección de la niñez y la sanción de delitos sexuales.
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Extorsionista es condenado a 20 años de prisión en Santa Ana
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de Santa Ana sentenció a Carlos Antonio Mendoza Lima a 20 años de prisión por extorsión agravada, tras ser hallado responsable de exigir pagos a un comerciante en esa ciudad.
Según la investigación, este hecho se inició a comienzos de 2012, cuando el acusado, vinculado a pandillas, solicitó diversas cantidades de dinero a la víctima, contactándola y amenazándola por teléfono en varias ocasiones.
La pesquisa de la Fiscalía General de la República, con apoyo policial, permitió identificar al responsable, quien fue capturado poco después de recibir uno de los pagos bajo orden administrativa. El juicio se realizó ante el tribunal competente, que dictó la condena tras revisar la evidencia disponible.
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Estas resoluciones forman parte de una serie de casos procesados por los tribunales especializados y reflejan la actuación de las instituciones judiciales y de seguridad en materia penal en El Salvador.
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