La presidenta Costa Rica evalúa convocar una consulta popular por proyectos trabados en el Congreso

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, evalúa convocar una consulta popular para destrabar proyectos que su gobierno considera prioritarios y que no avanzan en la Asamblea Legislativa, una salida que implicaría llevar a las urnas decisiones sobre temas como el mercado eléctrico, las jornadas 4 x 3, la seguridad o Crucitas.

La legislación costarricense prevé tres vías para activar ese mecanismo: una iniciativa ciudadana con el respaldo del 5% del padrón electoral, una iniciativa legislativa con al menos 38 diputados y una fórmula mancomunada del Poder Ejecutivo con apoyo mínimo de 29 legisladores. Según Centroamérica 360, el Tribunal Supremo de Elecciones tramita actualmente cinco solicitudes de referéndum.

Fernández confirmó que estudia esa posibilidad, aunque todavía no definió qué proyecto sometería a consulta popular. Citada por el medio, sostuvo: “El referéndum es una herramienta que he estudiado y que conozco y que tengo que decir, es compleja. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es el tema más importante de Costa Rica? ¿Cuál llevamos al referéndum? Puede ser armonización del mercado eléctrico, jornadas 4 x 3, reformas en materia de seguridad o Crucitas. Son una inmensa cantidad de temas los que podríamos llevar al referéndum, pero la ley no es lo suficientemente flexible como para presentar un paquete de varias leyes a la vez y pedirle a los costarricenses que aprueben cinco o diez cosas que urgen”.

La mandataria vincula esa alternativa con las dificultades del Ejecutivo para aprobar sus iniciativas en el Congreso. De acuerdo con la publicación, Fernández atribuyó ese freno a las bancadas del Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio.

En la información difundida por News in America, la presidenta añadió que espera que la oposición permita votar esos expedientes en el plenario. Según ese medio, afirmó que el oficialismo cuenta con 31 legisladores, una cifra que, a su juicio, alcanzaría para aprobar los proyectos si se habilitara su discusión.

La mandataria también planteó que la Asamblea no debería desentenderse de su función legislativa. “La Asamblea no puede seguir pateando la pelota para adelante, así que el referéndum es una herramienta válida, yo la estoy considerando para los temas. Hay una gran cantidad de temas que podrían calificar para el referéndum, lo estoy considerando con nuestro equipo técnico, pero por lo pronto, reitero, la responsabilidad es de la Asamblea Legislativa. Sería el colmo que la Asamblea renuncie a legislar y que sea el pueblo de Costa Rica el que acometa esas responsabilidades”.

Ese mecanismo de democracia directa permite aprobar, modificar o derogar leyes mediante voto popular. El antecedente más conocido en el país se remonta a 2007, cuando el electorado aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Fernández volvió sobre el tema al referirse al proyecto de Crucitas, que, según la versión publicada por News in America, sigue bloqueado por mociones del Frente Amplio y del Partido Liberación Nacional. El gobierno propone subastar el oro de esa zona para evitar el robo del metal y el daño ambiental.

Sobre ese expediente, la presidenta dijo: “Yo no pienso asumir responsabilidades que no son mías, porque, para eso, construimos este proyecto de ley a conciencia y lo presentamos hace prácticamente dos años. El proyecto está en la Asamblea Legislativa y tenemos los votos para aprobar ese proyecto, así que yo espero que Liberación Nacional, el PAC y el Frente Amplio tomen conciencia y dejen que la mayoría decida, porque la democracia consiste en respetar la decisión de la mayoría, a partir de la deliberación de ideas”.

La mandataria cerró ese planteo con otra crítica al tiempo de discusión parlamentaria. “Ya hemos tenido suficiente deliberación de ideas en la Asamblea Legislativa. Así que yo espero que le cumplan a los costarricenses”.

Entre las cinco solicitudes de referéndum que hoy tramita el Tribunal Supremo de Elecciones figuran propuestas para autorizar la exploración y explotación de petróleo y gas natural, eliminar el monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo, modernizar el Instituto Costarricense de Electricidad, reformar el Código de Trabajo y asignar al instituto proyectos de infraestructura vial.

Algunas de esas iniciativas ya recibieron autorización para iniciar la recolección de firmas, mientras otras siguen en distintas etapas del trámite. En el caso de la reforma al Código de Trabajo, el proyecto permanece bajo análisis de la Sala Constitucional, que debe pronunciarse sobre su viabilidad antes de que el proceso continúe.