Persisten desigualdades en capacidades institucionales y operativas en Centroamérica y El Caribe, según informe del PNUD

La brecha en las capacidades institucionales y operativas para enfrentar el cambio climático sigue afectando a países del Caribe y Centroamérica, según un reciente análisis de la Coalición Temática sobre Cambio Climático y Resiliencia (IBC-CCR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El informe subraya que, pese a los avances logrados en la región con la adopción de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) 3.0, persisten profundas desigualdades que dificultan la acción climática efectiva en los países más vulnerables.

Las NDC, creadas bajo el marco del Acuerdo de París, representan los compromisos nacionales que cada Estado asume para combatir el cambio climático.

Estos planes definen acciones concretas a corto y mediano plazo con el fin de limitar el aumento de la temperatura media global a 1.5 ºC, fortalecer la adaptación ante impactos climáticos y garantizar financiamiento suficiente para cumplir los objetivos.

Cada cinco años, los países deben revisar y actualizar sus NDC con metas más ambiciosas, ajustadas a sus capacidades y contexto nacionales.

La llamada tercera generación de NDC (NDC 3.0) implica una evolución: los compromisos ahora incluyen metas más cuantificadas, mejor integración de mitigación y adaptación, y una orientación clara hacia la acción y el seguimiento.

Según el informe divulgado por el PNUD, más de veinte países de América Latina y el Caribe han logrado fortalecer sus procesos participativos y articular políticas de adaptación alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Países como Chile, Colombia, Uruguay y México figuran entre los más destacados por sus avances en gobernanza, desarrollo de sistemas de seguimiento y articulación de marcos fiscales para el financiamiento climático.

El estudio detalla que estas naciones también han incorporado la gestión del riesgo de desastres y la protección de ecosistemas críticos entre sus prioridades.

El reporte advierte, no obstante, que el progreso en la región es desigual. En el Caribe y buena parte de Centroamérica, las limitaciones estructurales condicionan la implementación de las NDC 3.0. Muchos países operan con estructuras institucionales pequeñas, ministerios sobrecargados y elevados índices de rotación de personal técnico.

“La escasez de recursos humanos y de formación técnica restringe la apropiación y continuidad de los procesos climáticos”, señala el documento. Esta situación dificulta la coordinación interinstitucional y la planificación a largo plazo.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el análisis indica que los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) aún presentan debilidades en el Caribe y Centroamérica. Actualmente, los mecanismos de recolección de datos y actualización de inventarios de gases de efecto invernadero avanzan de forma lenta, afectando la calidad de la información disponible y el acceso a financiamiento internacional.

Según puntualizó el PNUD, esta situación compromete la implementación de acciones de mitigación y adaptación, así como la capacidad de los gobiernos para responder de manera eficaz ante eventos extremos.

Las brechas financieras constituyen otro obstáculo señalado en el informe. La mayoría de los países del Caribe, altamente vulnerables a huracanes y alza del nivel del mar, depende del apoyo internacional para ejecutar sus compromisos climáticos. Restricciones fiscales y dificultades para acceder a fondos multilaterales limitan la inversión en iniciativas de adaptación y resiliencia.

“Las restricciones presupuestarias elevan el riesgo de que las pérdidas y daños no sean cubiertos ni monitoreados correctamente”, advierte el reporte, que fue citado por El País.

En el plano tecnológico, la transferencia y adopción de soluciones limpias también enfrenta barreras. Mientras en Sudamérica países como Brasil y Chile promueven la innovación y el desarrollo local, en el Caribe y Centroamérica las iniciativas suelen tener un alcance limitado y dependen de la cooperación internacional. El informe del PNUD remarca que la falta de programas de formación y retención de talento técnico dificulta la consolidación de capacidades nacionales.

El involucramiento de actores sociales y subnacionales, considerado clave para la adaptación, sigue siendo bajo en muchos países de la región. La participación de comunidades locales, pueblos indígenas y el sector privado no ha alcanzado la escala necesaria para garantizar una apropiación territorial efectiva ni una implementación amplia de las políticas climáticas.

Entre las recomendaciones principales, el estudio plantea la necesidad de que la cooperación internacional y los organismos multilaterales refuercen el apoyo técnico e institucional, especialmente en el Caribe y Centroamérica. El PNUD y la IBC-CCR sugieren consolidar los marcos MRV, impulsar la formación especializada, innovar en esquemas de financiamiento y promover plataformas de gobernanza que amplíen la inclusión social y la participación en el diseño y monitoreo de las políticas climáticas.

El informe alerta que las diferencias en capacidades institucionales y operativas pueden profundizar las brechas de implementación y limitar el avance hacia una acción climática equilibrada y resiliente en la región. La superación de estos desafíos será determinante para que todos los países de América Latina y el Caribe puedan cumplir con las metas establecidas en las NDC 3.0 y responder a los retos del cambio climático.