Un cuerpo oculto en un pozo y una cita que terminó en desaparición: Condenan a 50 años a los autores de este crimen en El Salvador

La justicia salvadoreña impuso la pena máxima de 50 años de prisión a tres miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por el feminicidio agravado de una mujer cuyo cuerpo fue hallado oculto en un pozo en Apopa.

El fallo se emitió este jueves tras acreditar la responsabilidad de Leonel Antonio Hernández Flores, Tomás Jiménez y Jorge Alexander Martínez Jiménez en los hechos ocurridos en febrero de 2022, según reportó el Centro Judicial de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.

De acuerdo con la investigación, los condenados formaban parte de una estructura criminal que operaba en la zona de Apopa. La víctima había sido amenazada por rechazar una relación sentimental con Hernández Flores, alias Demente, y por tener una pareja ajena a la pandilla.

Por temor a represalias, tuvo que abandonar su vivienda y refugiarse en otra colonia cercana, según detalló el tribunal.

El 7 de febrero de 2022, la mujer acudió a la colonia San Carlos tras ser citada por Hernández con la promesa de discutir su posible regreso a casa.

Al llegar, fue interceptada por los pandilleros, quienes la obligaron a internarse en la colonia. Al no regresar, su pareja denunció la desaparición.

El cuerpo fue encontrado cinco días después, el 12 de febrero, dentro de un pozo en el terreno de una vivienda. La autopsia reveló heridas de bala, golpes y signos de violencia, confirmó el juzgado, según información oficial difundida por el Centro Judicial de El Salvador.

Durante la vista pública, la prueba testimonial acreditó que la víctima expresó sus temores y el motivo por el cual acudiría a la cita. El testimonio de Tomás Jiménez resultó clave al relatar cómo se planeó y ejecutó el crimen, identificando a los participantes y el lugar donde finalmente se localizó el cadáver.

El tribunal también procesó a Sandra María Alfaro Argueta, condenada a 15 años de cárcel por desaparición de personas tras comprobar su colaboración con los pandilleros en actividades delictivas vinculadas al caso.

La situación de la víctima fue descrita como de alta vulnerabilidad, pues antes de ser asesinada sufrió desplazamientos, amenazas y agresiones reiteradas por parte de los miembros de la MS-13. El tribunal concluyó que existió un patrón de control y violencia de género previo al crimen, según lo documentado por las autoridades judiciales.

En El Salvador, la violencia feminicida persiste pese a la reducción de los registros oficiales. Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), en 2025 se reportaron 26 feminicidios, lo que representa un descenso del 33 % respecto a 2024, cuando se documentaron 38 casos. En lo que va de 2026, Ormusa contabiliza al menos seis feminicidios y muertes violentas de mujeres, con predominio de la violencia intrafamiliar y métodos letales como armas de fuego, asfixia y golpes.

Las sentencias por feminicidio agravado en el país han oscilado entre 30 y 50 años de prisión, aunque desde abril de 2026 nuevas reformas prevén la posibilidad de prisión perpetua para estos delitos. Recientemente, tribunales salvadoreños han dictado condenas de entre 30 y 50 años en casos similares, tanto por feminicidio como por homicidio agravado de mujeres en contextos de violencia doméstica o de pareja.

La condena dictada en Apopa constituye uno de los fallos más severos aplicados en 2026 y se suma a una serie de decisiones judiciales orientadas a combatir la impunidad en los crímenes de género, de acuerdo con las autoridades judiciales salvadoreñas.