El modelo Bukele en América Latina se consolidó como referencia de política de seguridad a partir del régimen de excepción aplicado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador desde marzo de 2022.
En 2026, gobiernos y legisladores de países como Honduras y Ecuador pasaron de elogiarlo a impulsar medidas inspiradas en ese esquema, centrado en detenciones masivas y megacárceles.
La atracción por el “método Bukele” se refleja en declaraciones de dirigentes, proyectos legislativos, visitas oficiales y reformas en marcha.
Honduras, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Argentina, Perú y Guatemala aparecen entre los países cuyos gobernantes, congresistas o candidatos expresaron interés en adaptar parte de la estrategia salvadoreña, mientras que en Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Jamaica y Haití el tema se instaló como referencia de campaña o comparación.
Países en proceso de emulación: del discurso a la acción
En Honduras, la propuesta de replicar el esquema de seguridad de El Salvador se mencionó en el Congreso Nacional en mayo de 2026.
El vicepresidente del congreso, Godofredo Fajardo, pidió instruir a la Policía, el Ejército y el Ministerio de Seguridad para adoptar estrategias aplicadas por Bukele, de acuerdo con el planteo parlamentario.
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Sin embargo, el ministro de Seguridad Gerzon Velásquez, expresó un par de días después que Honduras desarrolla un modelo propio en materia de seguridad pública, descartando que el país pretenda copia el esquema implementado en El Salvador.
Velásquez además confirmó la creación de una nueva Agencia Nacional de Combate contra el Crimen, aunque dijo que aceptarían conocer experiencias internacionales.
Ecuador por su parte, avanzó con decisiones operativas vinculadas a su crisis de violencia asociada al narcotráfico. El presidente Daniel Noboa ordenó construir dos cárceles de alta seguridad inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), luego de visitas de autoridades ecuatorianas a esa prisión, según comunicados del Ejecutivo.
El Gobierno también promovió cambios legales y un despliegue de fuerzas que endurece la respuesta estatal frente a bandas armadas.
En Costa Rica, el giro se expresó en el sistema penitenciario. El gobierno anunció la construcción de una cárcel de alta seguridad inspirada en el CECOT.
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El expresidente Rodrigo Chávez visitó El Salvador a finales de 2025, recorrió el CECOT y expresó su interés en replicar el modelo salvadoreño. En enero el presidente Bukele viajó a Costa Rica para participar en la colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).
A finales de mayo, la actual presidenta Laura Fernández también anunció en cadena nacional la idea de adoptar el “Plan Cero Ocio” de El Salvador, con foco en un régimen más estricto intramuros, de acuerdo con información oficial difundida por San José.
En Panamá, el impacto se trasladó al terreno electoral y a la agenda de seguridad. El plan “Panamá 3.0” recuperó estética y consignas asociadas al discurso de Bukele, mientras que candidatos presidenciales hablaron de coordinación con El Salvador, según declaraciones recogidas por medios locales.
En Argentina, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich impulsaron un endurecimiento del régimen penitenciario. Entre los anuncios figuraron restricciones a beneficios y medidas para reducir privilegios en prisión.
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Tras una visita al CECOT, Bullrich sostuvo que el Gobierno busca aplicar aprendizajes en zonas con alta violencia como Rosario, según declaraciones públicas difundidas por su cartera.
En Perú, el debate se trasladó a la política local y al Congreso. Alcaldes y legisladores promovieron la idea de importar un “Plan Bukele”, mientras especialistas y organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre el costo de un esquema basado en detenciones masivas y en la ampliación de facultades policiales, según documentos y pronunciamientos de entidades civiles.
En Guatemala, candidatos presidenciales instalaron la consigna de “mano dura” en clave salvadoreña. Analistas consultados por medios regionales advirtieron que la violencia y la fragilidad institucional elevan el riesgo de aplicar medidas sin controles suficientes y de tensionar el equilibrio entre poderes.
¿En qué consiste el modelo Bukele?
El llamado “modelo Bukele” no es un programa con nombre formal, sino un conjunto de medidas aplicadas desde que Nayib Bukele asumió por primera vez la presidencia de El Salvador en 2019 y continuó en su segundo mandado, que comenzó en junio de 2024.
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Sus ejes más citados son el régimen de excepción iniciado en marzo de 2022, la política de encarcelamiento masivo y la construcción de megacárceles de máxima seguridad como el CECOT.
El régimen de excepción suspendió garantías como la inviolabilidad de las comunicaciones y limitó el acceso efectivo a la defensa, al ampliar facultades de detención y de actuación de fuerzas de seguridad.
La Asamblea Legislativa lo prorrogó de manera consecutiva durante más de cuatro años, según el registro de votaciones parlamentarias. La última prórroga - la 51- fue aprobada el 27 de mayo pasado.
El CECOT, una prisión con capacidad para 40.000 internos, se convirtió en símbolo del enfoque penitenciario del Gobierno. La estrategia incluyó reformas para endurecer penas y ampliar figuras delictivas vinculadas a terrorismo y pertenencia a pandillas, según la normativa aprobada en El Salvador.
El oficialismo salvadoreño atribuye al esquema una reducción marcada de homicidios. De acuerdo con cifras oficiales citadas por el Gobierno, el país pasó de una tasa de 145 homicidios cada 100.000 habitantes a dos cada 100.000 en pocos años, un dato usado por dirigentes de otros países como argumento para impulsar medidas similares.
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El impacto y los costos del modelo siguen en discusión. Organizaciones como WOLA reconocieron la caída de la violencia, pero advirtieron sobre denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos, además del riesgo de consolidar concentración de poder, según sus informes públicos.
Sin embargo, el modelo tiene más adeptos y críticos, en la última encuesta divulgada a finales de mayo por Cid Gallup, el 98% de los salvadoreños dijo que está a favor de las medidas de seguridad impuestas por el mandatario.
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