Trata agravada, terrorismo y corrupción: las causas judiciales que acorralan a Evo Morales en Bolivia

El ex presidente boliviano Evo Morales enfrenta una de las crisis judiciales y políticas más graves desde que dejó el poder en 2019: acumula procesos por trata agravada de personas, estupro, sedición, terrorismo, fraude electoral y corrupción. Fue declarado en rebeldía por la Justicia, tiene órdenes de captura y permanece refugiado en el Chapare, su bastión político y cocalero, protegido por grupos afines que impiden su detención.

El Gobierno de Rodrigo Paz lo acusa de haber alentado protestas, bloqueos y episodios de violencia durante los últimos meses que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos en distintas regiones.

Morales rechaza los cargos, atribuye las movilizaciones al malestar social y denuncia “persecución política”.

A continuación, las principales causas abiertas contra Evo Morales en Bolivia:

La causa en Tarija: trata agravada de personas y relación con una menor

El expediente más avanzado se tramita en Tarija. La Fiscalía acusa a Morales de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años mientras ejercía la Presidencia de Bolivia y sostiene que de ese vínculo nació una hija en 2016.

Según la investigación, los padres de la menor habrían recibido beneficios políticos y favores estatales a cambio de permitir la relación. El expediente reúne más de 170 pruebas: mensajes, testimonios, documentación oficial y un certificado de nacimiento en el que Morales figura señalado como padre.

La Justicia abrió un juicio oral en mayo de este año, pero el ex mandatario no asistió a las audiencias. Su defensa calificó el proceso como “ilegal” y denunció persecución política. Ante las reiteradas ausencias, el tribunal lo declaró en rebeldía, ordenó su captura y dispuso restricciones patrimoniales y migratorias. La madre de la menor también está involucrada y en rebeldía.

La Fiscalía solicitó una condena de hasta 20 años de prisión por trata agravada.

Morales negó los cargos y afirmó que el caso busca impedir su retorno a la política. “No busco impunidad”, escribió en redes sociales, donde reclamó una Justicia “imparcial”.

Bloqueos, desabastecimiento y violencia: los cargos por desestabilización

El Gobierno de Rodrigo Paz responsabilizó al ex presidente izquierdista por la escalada de bloqueos, cercos y protestas violentas que paralizaron rutas estratégicas y provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos en distintas regiones del país. Las autoridades sostienen que varias de esas acciones impidieron incluso el traslado de oxígeno medicinal y afectaron servicios de salud en medio de la crisis.

Según el Ejecutivo, Morales habría promovido las movilizaciones como mecanismo de presión política para desestabilizar al Gobierno y forzar decisiones institucionales favorables a su situación judicial y política. En ese marco, enfrenta denuncias por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentados contra servicios públicos, daños económicos al Estado y acciones orientadas a alterar el orden interno.

“Paz tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”, expresó Morales en su programa semanal de radio.

El líder cocalero insistió además en que la salida a la crisis pasa por la renuncia presidencial.

“Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por” la dimisión de Rodrigo Paz y la designación de un “presidente de transición” que convoque a elecciones en un plazo de tres meses.

Sedición y terrorismo: el rastro de la crisis de 2019

Tras su salida del poder en noviembre de 2019, Morales quedó acusado de haber promovido acciones violentas y bloqueos durante la crisis política posterior a las elecciones cuestionadas de ese año.

Entre los expedientes más conocidos figura el denominado “caso audio”, que analizó una supuesta conversación entre Morales y un dirigente sindical en la que, según la acusación, el ex mandatario coordinó cercos a ciudades y bloqueos de alimentos para presionar al gobierno interino instalado tras su renuncia.

Las autoridades impulsaron cargos por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Organismos internacionales y sectores defensores de derechos humanos cuestionaron parte de esas investigaciones al advertir motivaciones políticas y fallas procesales.

Varios de esos procesos perdieron fuerza con el regreso del MAS al poder en 2020, pero algunas causas continuaron abiertas y se reactivaron en el marco de la disputa interna entre Morales y sectores del oficialismo.

Fraude electoral y el forzamiento de la reelección

Otra de las investigaciones que persisten contra Morales está ligada a las elecciones presidenciales de 2019, anuladas tras las denuncias de manipulación e irregularidades en el conteo de votos. La Organización de Estados Americanos (OEA) detectó anomalías graves en el proceso y recomendó repetir los comicios, en medio de una crisis política que derivó en protestas masivas, fuertes disturbios y finalmente la renuncia del entonces mandatario.

A partir de esos hechos, la Justicia boliviana abrió expedientes por presunto fraude electoral y posibles alteraciones en el sistema de transmisión rápida de resultados. Morales rechazó siempre las acusaciones, negó cualquier manipulación y sostuvo que su salida del poder fue consecuencia de un “golpe de Estado”.

El episodio también reavivó los cuestionamientos sobre su intención de perpetuarse en el poder. Morales buscó competir por un nuevo mandato pese a que en 2016 los bolivianos rechazaron en referéndum la posibilidad de habilitar otra reelección presidencial. Aun así, el entonces oficialismo recurrió a fallos judiciales para permitir nuevamente su candidatura, una decisión que profundizó la crisis política y social que terminó estallando en 2019.

Corrupción, tráfico de influencias y las denuncias en el Chapare

A lo largo de sus casi 14 años en el poder, Evo Morales quedó envuelto en múltiples escándalos de corrupción, tráfico de influencias y presuntos vínculos con estructuras ilegales. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Gabriela Zapata, su ex pareja y ejecutiva de una empresa china que obtuvo contratos millonarios con el Estado boliviano mientras mantenía una relación con el entonces mandatario. El escándalo desató investigaciones por posibles favores políticos y uso indebido de influencias desde la Presidencia.

A ello se sumaron las denuncias por millonarios desvíos de recursos del Fondo Indígena, un programa estatal destinado a financiar proyectos campesinos y sociales que terminó bajo investigación por corrupción, obras inconclusas y manejo irregular de dinero público. Aunque varios ex funcionarios y dirigentes fueron procesados, la oposición mantuvo los cuestionamientos sobre la responsabilidad política del entorno de Morales.

En paralelo, distintos sectores denunciaron durante años una supuesta protección al narcotráfico en el Chapare, la principal región cocalera de Bolivia y bastión histórico del ex mandatario. Las acusaciones apuntaron a la expansión del narcotráfico y al debilitamiento de controles antidroga durante su gestión.