El Salvador carece de un censo nacional sobre personas con discapacidad

El Salvador carece de un censo nacional específico sobre la cantidad de personas con discapacidad, según reconoció este martes Camila Soundy, consultora y comunicadora especializada en accesibilidad e inclusión social, en la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña.

La especialista indicó que, aunque existen aproximaciones estadísticas mediante encuestas oficiales, la ausencia de un conteo dedicado deja un vacío en los datos y en la formulación de políticas públicas.

De acuerdo con Soundy, “censo, lamentablemente oficial, no hay”, mientras que las cifras disponibles provienen de sondeos como la Encuesta Nacional de Salud y otras muestras realizadas por instituciones estatales.

Estas estadísticas han estimado que entre el 6.4% y el 20.4% de la población salvadoreña podría tener alguna discapacidad, aunque la consultora advierte que “es muchísimo más”.

Según la Encuesta Nacional de Salud 2021, presentada por el Banco Central de Reserva y el Instituto Nacional de Estadística, la prevalencia nacional de discapacidad alcanzó el 17.1% en los ejes evaluados, con un mayor peso en el grupo de mayores de 60 años.

El informe detalla que el 58.4% corresponde a mujeres y el 62.9% a zonas urbanas. El tipo de discapacidad más frecuente, por severidad, es la visual, seguida de dificultades para moverse y para entender o aprender.

La falta de un censo nacional dedicado, subraya Soundy, implica que muchos grupos y edades no quedan reflejados en las cifras, ya que los sondeos suelen centrarse en adultos mayores de 18 años.

“Si todavía hay niños y mucha población que todavía va naciendo, todavía queda ese dato pendiente”, señaló la experta.

A modo de referencia, el Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024, realizado por el Banco Central de Reserva (BCR), reveló que existían 281, 463 personas de tres años o más con dificultades y limitantes. Sin embargo, datos concretos de un censo específico de personas con discapacidad, no se tienen.

En la entrevista, Soundy explicó cómo la ausencia de datos concretos afecta la planificación de servicios y la inclusión social: “Siempre queda como ese dato pendiente”, dijo. La especialista, quien tiene discapacidad visual, remarcó que la definición de discapacidad varía según el grado de dependencia de la persona, su autonomía y las limitaciones en capacidades sensoriales, motrices o psicosociales.

En el plano laboral, Soundy describió que la inclusión avanza con lentitud. “Cuesta”, afirmó, al detallar que los procesos de reclutamiento del sector privado, como el uso del polígrafo o formularios no accesibles digitalmente, generan barreras para personas con discapacidad sensorial o intelectual.

“Puede ser totalmente cualificada para el puesto, pero con sus estímulos de la máquina, el ambiente, el estrés, pues ya falló en la prueba”, relató. A esto se suma la falta de conocimiento y preparación de los equipos de recursos humanos, por lo que su trabajo se orienta a sensibilizar y capacitar a empresas para adaptar procesos y materiales.

La Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, promulgada en 2021, exige que haya una persona con discapacidad por cada 20 empleados en las empresas, pero la aplicación práctica aún enfrenta desafíos de presupuesto y cultura organizacional. “Hay apertura, lo que no hay es presupuesto casi siempre”, concluyó Soundy.

Mercado laboral salvadoreño para personas con discapacidad

Un punto destacado en la entrevista fue la apertura del mercado salvadoreño para intérpretes de lengua de señas salvadoreña (LESA) y la contratación de personas sordas y autistas. Soundy señaló que, en los últimos años, las empresas se han abierto a la contratación de personas sordas, capacitando a sus equipos en LESA y empleando intérpretes para capacitaciones y reuniones.

“El asunto es capacitarse. Apertura sí hay, hay mucho interés y lo importante es eso, porque antes sí costaba muchísimo más”, precisó.

La consultora agregó que las empresas también han mostrado interés en la inclusión de personas autistas, aunque esto requiere adaptar los ambientes laborales y trabajar de cerca con las redes de apoyo familiar. “Para la persona autista lo principal es preparar todo el ambiente para evitarle tener algún tipo de crisis”, explicó.

El costo de estas adaptaciones, según Soundy, no necesariamente resulta oneroso, ya que muchas veces se trata de ajustes sencillos y no de grandes inversiones.

En relación con la discapacidad física, la especialista indicó que, aunque el trabajo remoto representa una oportunidad, todavía no se observa una adopción masiva de esta modalidad para personas con movilidad reducida. El fenómeno más visible, por ahora, es la contratación de personas sordas, ante lo cual la capacitación en LESA se vuelve imprescindible.