
En un fallo que marca un precedente en la lucha contra la criminalidad organizada dentro de las instituciones de seguridad, el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó sentencias ejemplares contra una estructura criminal de alta peligrosidad.
El cabecilla de la banda, el expolicía Roberto Carlos García Martínez, conocido bajo el alias de “Bestia”, recibió una condena de 540 años de prisión, mientras que su lugarteniente, Francisco Eduardo Ramírez Vicente, alias “Yeiko”, fue sentenciado a 216 años.
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Los delitos que sustentan estas penas monumentales incluyen homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas. La investigación determinó que esta red no era un grupo delictivo común; su peligrosidad radicaba en que estaba integrada por sujetos con formación táctica: expolicías y exsoldados, quienes utilizaban sus conocimientos y recursos oficiales para golpear a la sociedad civil.
Según la resolución judicial, los hechos comenzaron a gestarse en 2018. La banda operaba bajo una logística híbrida. Mientras los exmiembros de las fuerzas de seguridad ejecutaban los asaltos con precisión militar, una red de civiles servía como informantes o “colaboradores”. Estos últimos vigilaban los movimientos financieros de empresas, cooperativas y personas particulares para identificar el momento exacto en que poseían fuertes sumas de dinero.
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El juez de la causa destacó que la violencia no era un recurso opcional para la banda, sino una norma: cualquier víctima que opusiera resistencia durante los atracos era asesinada sin contemplaciones. En total, el tribunal validó la existencia de 11 casos de homicidio agravado y 21 casos de robo agravado.
Aunque la estructura tenía movilidad en todo el territorio salvadoreño, sus principales focos de operación se concentraron en:
- Chalatenango y Nueva Concepción: Zonas de alta actividad comercial rural.
- San Miguel: Donde perpetraron asaltos espectaculares contra cooperativas y distribuidoras de motocicletas.
El juzgador fue enfático al señalar la gravedad ética del caso: los procesados traicionaron el juramento de proteger a la población, utilizando su autoridad para vulnerar a los ciudadanos en beneficio propio.
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Casos similares
En El Salvador, se han registrado casos de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) que son capturados y condenados por diversos delitos, incluyendo homicidio, extorsión y abuso de autoridad, reflejando acciones legales contra la corrupción o mala conducta interna.
En un caso que conmocionó al occidente del país en el 2022, un grupo de agentes fingió un operativo de allanamiento legal para ingresar a la vivienda de un comerciante.
Una vez adentro, amordazaron a la familia y procedieron a robar miles de dólares en efectivo y joyas. El tribunal los condenó no solo por el robo, sino por el abuso de autoridad, un agravante que el sistema judicial salvadoreño ha comenzado a aplicar con mayor rigor para disuadir la corrupción institucional.
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Casos destacados de capturas y condenas:
- Homicidio y Fraude Procesal: Tres policías fueron condenados por homicidio agravado y fraude procesal ocurrido en febrero de 2019 en San Salvador.
- Extorsión Agravada: Un cabo de la PNC destacado en Soyapango y un operador del sistema de emergencias fueron capturados en Santa Ana por extorsión agravada.
- Simulación de Delitos: Se han reportado casos de exagentes policiales que recibieron condenas de hasta 433 años de prisión por simular órdenes de registro para robar en viviendas, utilizando uniformes oficiales.
Las autoridades salvadoreñas, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), procesan estos casos para combatir la delincuencia interna dentro de las fuerzas de seguridad.
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