
La canasta básica urbana en El Salvador registró un aumento sostenido en los primeros meses de 2026, alcanzando en marzo un valor de 254,64 dólares, el nivel más alto en dos décadas para productos esenciales como carnes, lácteos y azúcar. Así lo advirtió Adalberto Blanco, representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, en una entrevista difundida por Radio YSKL.
Según explicó Blanco, el incremento acumulado desde enero es de casi cuatro dólares, mientras que la comparación con los valores previos a la crisis internacional de 2022 muestra un alza de más de cuarenta dólares. “La canasta básica ha presentado incrementos desde el año veintidós para acá. Viene la crisis de Ucrania, vienen crisis internacionales que han afectado justamente por nuestra dependencia de alimentos”, sostuvo el dirigente.
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La canasta básica urbana está compuesta por veintidós productos alimenticios, mientras que la rural prescinde de hortalizas y pan francés. Ambos conjuntos no han sido actualizados desde hace cuarenta y tres años, lo que, según Blanco, genera distorsiones. “Necesitamos identificar cuáles son esos productos que ahora constituyen parte fundamental de la dieta salvadoreña”, enfatizó. Además, remarcó que la actualización de la canasta es una tarea de Estado, pues requiere estudios sobre hábitos de consumo en todo el país.

Los datos del último censo agropecuario 2025 revelan una caída marcada en la producción de granos básicos. En el caso del maíz, la superficie cultivada descendió de 376.733 manzanas a 293.458, lo que representa una reducción de 83.000 manzanas.
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El impacto se refleja en los volúmenes finales: El Salvador produce actualmente 10,8 millones de quintales de maíz, frente a una demanda interna superior a 15 millones solo para consumo humano. “Eso implica una dependencia de más de seis millones de quintales en el caso del maíz”, puntualizó Blanco. Para el frijol, el déficit es incluso más marcado: la producción ronda los 996.000 quintales, frente a un consumo anual de más de dos millones, lo que significa que el país ha perdido más del 50 % de su producción de este grano en los últimos años.
La composición de la canasta básica funciona como indicador económico para determinar los niveles de pobreza. “Para ser considerado no pobre, una familia tiene que ganar lo suficiente para cubrir más de dos canastas básicas alimentarias”, explicó Blanco. Actualmente, el salario mínimo apenas cubre el gasto alimentario, sin contemplar otros servicios esenciales.
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Entre los productos con mayores aumentos en los precios destacan las carnes (aves, cerdo y res), que han alcanzado máximos históricos desde 2001. El mismo comportamiento se observa en los lácteos y el azúcar, cuyos precios suman incrementos que, aunque se midan en centavos, impactan de manera acumulativa en el presupuesto de los hogares. “El último dato, en enero tuvimos 250,82 dólares la canasta básica urbana, en febrero 252,66 y en marzo 254,64”, precisó el dirigente.

Consultado sobre posibles soluciones, Blanco propuso potenciar la producción local y fortalecer el intercambio de semillas originarias, adaptadas a las condiciones del territorio salvadoreño. Alertó sobre el riesgo de depender de semillas transgénicas, que requieren insumos importados y pueden desplazar las variedades criollas mediante polinización cruzada. “Las semillas transgénicas no tienen potencialmente más capacidad de producir y nos vuelven dependientes, no las producimos nosotros, esas se importan”, advirtió.
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La Mesa por la Soberanía Alimentaria impulsa programas como los festivales Raíces Semillas, espacios abiertos donde pequeños productores intercambian semillas y conocimientos ancestrales de cultivo. Según Blanco, estas prácticas ayudan a recuperar la diversidad alimentaria y a fortalecer la autonomía de las familias rurales frente a la crisis alimentaria.
El diagnóstico de los especialistas apunta a la necesidad de políticas públicas que incentiven la producción nacional y mitiguen la dependencia de importaciones. Mientras tanto, el precio de la canasta básica mantiene una tendencia al alza, estableciendo un nuevo piso de gasto que afecta a los sectores con menores ingresos.
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