Condenado un exagente policial por extorsión: amenazas, préstamos forzados y una víctima atemorizada en El Salvador

El Tribunal de Sentencia del departamento de Usulután impuso una pena de 12 años de prisión a Cirilo Humberto Pérez Mejía, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), tras declararlo responsable de extorsión agravada y ordenar su captura. La condena se dictó en rebeldía, dado que el procesado no asistió al juicio, informó este lunes Centros Judiciales de El Salvador.

El tribunal también estableció una reparación civil de USD500 a favor de la víctima, determinando que Pérez Mejía utilizó su posición para amenazar a un ciudadano con una detención ilegal, hecho que, según el expediente judicial, ocurrió en diciembre de 2023 en el cantón El Marquezado, del distrito de Santiago de María.

Según los registros, el exagente solicitó a la víctima reiterados préstamos de dinero aprovechando su asignación en la zona. Al negarse el afectado a continuar entregando efectivo en abril de 2024, recibió amenazas de detención, lo que lo obligó a ceder ante las demandas por temor a represalias.

“Pérez Mejía se encontraba destacado en la zona y estableció contacto con la víctima para solicitarle dinero prestado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, en abril de 2024, ante la negativa del ciudadano de continuar entregando efectivo, el ahora condenado lo amenazó con utilizar su autoridad para detenerlo. Ante el temor de una detención arbitraria, la víctima accedió a las exigencias económicas del exagente de la Policía Nacional Civil (PNC)”, reza el reporte judicial.

La resolución establece el dolo directo y el uso indebido del cargo público como fundamentos clave para la sanción penal y el pago económico impuesto.

Otros casos

En marzo, un excustodio del sistema penitenciario de El Salvador, Bryan Oswaldo Chachagua Martínez, fue condenado a seis años de prisión tras un juicio en el que se probó que exigió USD200 a la madre de un recluso del Centro Penal La Esperanza. El juzgado determinó que el funcionario solicitó el dinero a cambio de información sobre el estado de salud del interno, quien se encontraba bajo custodia y tratamiento médico en el Hospital Zacamil, hecho que, según el reporte judicial, marcó un precedente en la lucha contra la corrupción penitenciaria en el país.

En virtud de las pruebas presentadas ante el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, quedó demostrada la responsabilidad penal de Chachagua Martínez. La investigación, detallada por la instancia judicial en su portal, reveló que el excustodio contactó a la víctima mediante mensajes y llamadas telefónicas, pidiéndole transferir el dinero a una cuenta bancaria y llegando incluso a enviarle una fotografía del recluso como parte de la extorsión.

Durante la audiencia pública, la jueza consideró determinante un conjunto de pruebas documentales, periciales y testimoniales que confirmaron la acusación. Como agravante, el fallo incluyó la orden de pago de responsabilidad civil por los daños ocasionados. La resolución fue divulgada el 20 de abril de 2026.

Entre el 2024 y 2025, episodios de abuso e irregularidades dentro del sistema de seguridad salvadoreño han motivado la destitución de varios funcionarios. En febrero, la División de Tránsito del departamento de La Paz fue el centro de un caso distinto, cuando dos agentes policiales, identificados como Subinspector Manuel de Jesús Ayala Martínez y el agente Aníbal Otoniel Lúe Escalante, fueron apartados de sus cargos tras un operativo catalogado como violento.