
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) aprobó una ampliación del plazo para que las municipalidades de Guatemala presenten proyectos de inversión pública, medida que busca optimizar la distribución de recursos y fortalecer la eficacia en la ejecución presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2026. Esta decisión permitirá que los Consejos Municipales de Desarrollo dispongan de más tiempo para priorizar y aprobar propuestas esenciales en áreas como salud, educación e infraestructura, ajustando la asignación presupuestaria a indicadores actualizados de pobreza y pobreza extrema.
Durante la primera reunión extraordinaria de 2024, celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, remarcó que lo esencial es generar un consenso responsable alrededor de los datos concretos y objetivos con los que se trabaja: “Lo más importante que tenemos que ver el día de hoy no es el trabajo técnico. Relativamente, son datos concretos y objetivos con los que hay que trabajar, sino que se genere un consenso responsable alrededor de los mismos”. Según el reporte de la sesión transmitida por canales oficiales, el debate giró en torno a cómo evitar decisiones arbitrarias o motivadas políticamente y responder a las realidades demográficas del país.
El aporte IVA-PAZ se incrementa en Q192 millones para los Consejos Departamentales
Para el ejercicio fiscal 2024, los Consejos Departamentales de Desarrollo contarán con un incremento superior a Q192 millones provenientes del aporte IVA-PAZ, como precisó el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Víctor Hugo Godoy, de acuerdo con lo informado en la reunión extraordinaria transmitida por los canales del gobierno. Cada municipio deberá presentar su cartera de proyectos priorizados al Consejo Departamental de Desarrollo a más tardar el 10 de abril, después de la ampliación del plazo original, que había vencido el 30 de marzo.
Arévalo destacó el impacto de la redistribución: “Quienes empiecen a recibir menos fondos como resultado de la aplicación de este criterio es porque en sus municipios o sus departamentos se vive mejor y, en consecuencia, eso obliga a que haya una redistribución distinta”.

La distribución financiera aprobada para 2026 es la siguiente: Región Metropolitana: 23.619.396 quetzales; Región Central: 21.672.449 quetzales; Región Norte: 19.251.888 quetzales; Nororiente: 23.511.625 quetzales; Suroriente: 21.772.770 quetzales; Suroccidente: 49.436.405 quetzales; Noroccidente: 25.453.878 quetzales; y Petén: 7.531.589 quetzales.
La actualización de criterios de pobreza definirá el reparto para 2027 y 2028
Uno de los puntos aprobados en la sesión fue el Punto Resolutivo que establece la actualización de los datos estadísticos de pobreza y pobreza extrema para la definición presupuestaria de los próximos años. Hasta ahora, la fórmula para la asignación de fondos utilizaba los indicadores correspondientes al año 2022; el nuevo lineamiento incorpora los datos de 2024, con el objetivo de evitar desbalances entre los 340 municipios al momento del reparto.
El texto aprobado indica que la Comisión de Análisis de Presupuesto y Política Fiscal del Conadur deberá presentar, durante la cuarta reunión ordinaria de 2026, una nueva propuesta para actualizar los criterios de asignación de los ejercicios fiscales 2027 y 2028. Entre los indicadores considerados figuran incentivos por reducción de los índices de pobreza, pobreza extrema y nivel de ejecución presupuestaria, los cuales deberán aplicarse según los principios de gradualidad y progresividad a fin de mantener la equidad entre regiones y corregir distorsiones históricas.
Durante la transmisión oficial se explicó que la actualización del criterio “permitirá incorporar proyectos de seguridad alimentaria y nutricional dentro de las tipologías existentes”.
Un proceso marcado por la búsqueda de consenso técnico y responsabilidad política
Arévalo recalcó que los ajustes impactarán de forma diferenciada a los municipios, ya que algunos recibirán incrementos y otros, reducciones, de acuerdo con la evolución o persistencia de sus indicadores sociales. “Esta variación debe ser el resultado de criterios técnicos, no de criterios arbitrarios o políticos”, subrayó durante su intervención.
A la jornada asistieron el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, funcionarios del Ejecutivo, representantes de los Consejos de Desarrollo y líderes comunitarios. La agenda contempló la revisión de metas y ejecución de proyectos vigentes, así como la discusión de nuevas propuestas de inversión para promover la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos en Guatemala.
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