Cuatro años del régimen de excepción en El Salvador: balance de una era de cambios legales y sociales

La noche del 26 de marzo de 2022, El Salvador experimentó una de las jornadas más violentas de los últimos años, con 62 homicidios registrados en tan solo un día.

El departamento de La Libertad fue el más afectado, sumando 12 víctimas, mientras que San Salvador y Ahuachapán contabilizaron nueve cada uno. El saldo total de asesinatos durante ese fin de semana ascendió a 87 personas en todo el país.

Ante esta crisis, el presidente Nayib Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de un régimen de excepción con base en el artículo 29 de la Constitución.

La solicitud se realizó la noche del 26 de marzo y, cerca de las 11:00 p.m., la Asamblea fue convocada de urgencia. La medida fue aprobada a las 3:41 a.m. del domingo 27 de marzo con el respaldo de 67 diputados.

Esa mañana Bukele anunció que el decreto había sido sancionado y publicado en el Diario Oficial, entrando en vigencia ese mismo día por un periodo inicial de 30 días. Pese a ello, la violencia continuó: ese domingo se reportaron otros 11 homicidios.

Primeras capturas y despliegue policial

Horas después, la Policía Nacional Civil mostró a través de sus redes sociales la captura de más de 40 pandilleros, dentro de un total de 576 arrestos realizados tras el incremento de asesinatos.

La institución comunicó que continuaría con las operaciones en todo el país para detener a más responsables de los crímenes y reafirmó su compromiso de mantener lo que denominaron la Guerra Contra Pandillas en marcha.

Reforma legal, penas más severas y centros de detención

El régimen de excepción implicó la suspensión de varios derechos constitucionales, entre ellos: la libertad de asociación y reunión, la presunción de inocencia, la obligación de informar al detenido sobre los motivos de su arresto, el límite de 72 horas para la detención administrativa —extendido a 15 días— y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. En agosto de 2022 solo se restableció el derecho de reunión y asociación, permaneciendo las demás restricciones.

El 31 de marzo, el presidente Bukele comunicó que los 16,000 pandilleros encarcelados recibían raciones mínimas de comida y permanecían en sus celdas sin acceso al exterior. Además, anunció la captura de 3,000 personas más en los días recientes.

Ese mismo día, la Asamblea Legislativa aprobó seis reformas legales para endurecer las penas a miembros y colaboradores de organizaciones criminales.

Se incrementaron los castigos para integrantes de maras y pandillas a un rango de 20 a 30 años de prisión, y hasta 45 años para cabecillas o financistas. También se agravaron las sanciones para delitos vinculados a drogas y extorsión, y se eliminaron las medidas alternas a la detención para acusados de terrorismo.

Las reformas incluyeron cambios en la Ley Penal Juvenil, estableciendo penas de hasta 20 años de prisión para menores de 16 a 18 años que participen en estructuras terroristas, y de hasta 10 años para quienes tengan entre 12 y 15 años. Las sentencias impuestas no pueden ser modificadas ni revocadas, según la legislación vigente.

En los meses siguientes, el gobierno inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, San Vicente, con capacidad para 40,000 detenidos y una inversión superior a USD 100 millones. El complejo cuenta con talleres, almacenes, controles de acceso avanzados y vigilancia permanente, con la participación de cientos de agentes y soldados.

Plan Control Territorial y despliegue de cercos militares

Paralelo al régimen de excepción, el Ejecutivo implementó acciones del Plan Control Territorial, cuya quinta fase, denominada Extracción, introdujo el uso de cercos militares en zonas específicas del país ante hechos de violencia o presencia de pandillas, según información de Diario El Mundo.

• El 2 de octubre de 2022 se instaló el primer cerco en Comasagua, La Libertad Sur, después del asesinato de un mandador de finca por miembros de la Mara Salvatrucha. En este operativo fueron detenidas 155 personas bajo cargos de agrupaciones ilícitas.
• El 3 de diciembre de 2022 se implementó otro cerco en Soyapango, considerado uno de los distritos más peligrosos.
• El 24 de diciembre de 2022 se instaló un cerco en la comunidad Tutunichapa, San Salvador, conocida como punto de tráfico de drogas. Inicialmente, el gobierno informó la captura de 43 personas acusadas de narcomenudeo, además del decomiso de drogas y dinero.
• El mismo 24 de diciembre de 2022 se extendió el cerco a la comunidad La Granjita, también en San Salvador.
• El 17 de mayo de 2023 se desplegó un cerco en Nueva Concepción, Chalatenango, tras el asesinato de un agente policial por supuestos pandilleros.
• El 1 de agosto de 2023 se instaló otro cerco en Cabañas luego de que dos policías resultaron heridos en una emboscada en el cantón Maquilishuat, Ilobasco.
• El 11 de octubre de 2023 se levantó un cerco en las colonias Popotlán y Valle Verde, en Apopa.
• Ese mismo 11 de octubre de 2023, el cerco se replicó en La Campanera, Soyapango, tras el asesinato de una menor de siete años.
• El 24 de marzo de 2024 se levantó un cerco en San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, Chalatenango, después del reporte de dos homicidios.
• El 25 de mayo de 2024 también se instaló un cerco en Apopa tras denuncias ciudadanas por la presencia de pandilleros.
• El 28 de octubre de 2024 fue el turno de la colonia 10 de Octubre en San Marcos, San Salvador Sur, tras la detección de un grupo de pandilleros.
• El 21 de junio de 2025 se desplegaron 2,000 agentes policiales y militares en San Bartolo, Ilopango, luego de que la oficina de Inteligencia Policial y denuncias ciudadanas confirmaran intentos de reorganización de pandillas, según indicó el presidente Bukele.

Prórrogas, respaldo social y balance oficial

En agosto de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó reformas adicionales a la ley contra el crimen organizado, permitiendo a la Fiscalía General de la República investigar hasta tres años antes de presentar acusaciones formales contra detenidos bajo el régimen de excepción.

Para los menores de edad, los jueces juveniles actúan únicamente como garantes de derechos, mientras que los tribunales especializados se encargan de juzgar. También se implementó un registro judicial único por organización criminal y audiencias abiertas mientras existan miembros sin juzgar. En los casos de imputados ausentes o prófugos, el juez puede continuar el proceso sin la presencia física del acusado.

Las medidas adoptadas han contado con un respaldo social mayoritario. Una encuesta de CID Gallup a finales de 2022 reflejó que el 95 % de los salvadoreños valoraba positivamente la gestión del gobierno en temas de seguridad. El Instituto Universitario de Opinión Pública informó que el 88.2 % de los encuestados se sentía seguro en su entorno y atribuyó la mejoría al régimen de excepción.

Aunque el régimen fue establecido inicialmente por 30 días, desde marzo de 2022 la Asamblea Legislativa lo ha prorrogado 49 veces, siguiendo lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución, que permite extensiones sucesivas mientras persistan las condiciones que originaron la suspensión de garantías. La Sala de lo Constitucional ha avalado este procedimiento, siempre que cada prórroga se formalice por decreto y no supere el plazo original.

Cuatro años después de su implementación, El Salvador mantiene vigente el régimen de excepción. El país ha modificado su legislación y procedimientos judiciales para enfrentar a las pandillas y la criminalidad organizada, en un contexto donde la mayoría de la población sigue respaldando la estrategia, a pesar de señalamientos y denuncias sobre derechos humanos. Según el informe presentado por el Ministro de Seguridad, “las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción histórica en los índices de homicidios y la captura de más de 91,300 terroristas”.

Aprueban reforma para imponer cadena perpetua

Autoridades han aprobado recientemente una reforma constitucional que permite imponer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas. Esta medida se presentó en el contexto de los cuatro años del régimen de excepción, un periodo en el que el gobierno sostiene que ha reducido la criminalidad y recuperado la seguridad en el país.

La iniciativa, busca modificar la prohibición vigente en la Constitución para aplicar sanciones más severas a quienes cometen delitos graves. El objetivo, según las autoridades, es evitar que los responsables de estos crímenes vuelvan a representar una amenaza para la sociedad, consolidando así la tranquilidad lograda durante el régimen.