La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suscribieron un convenio de colaboración en San Salvador, que busca reforzar la institucionalidad democrática y garantizar procesos electorales más sólidos y transparentes. El acto reunió a representantes de ambas instituciones y reafirmó el compromiso de velar por la ciudadanía y los valores constitucionales del país.
Raquel Caballero, procuradora de los derechos humanos, destacó que el acuerdo “representa un compromiso sustantivo con la democracia, con la Constitución, con la institucionalidad, pero sobre todo con la ciudadanía”. Aseguró que el objetivo central es asegurar que cada proceso electoral refleje la auténtica expresión de la soberanía del pueblo salvadoreño.
Por su parte, Roxana Soriano, magistrada del TSE, subrayó que la firma del convenio “constituye un paso firme en la consolidación de un proceso electoral más sólido, más transparente y plenamente respetuoso de los derechos fundamentales”. Soriano enfatizó que este acuerdo establece una “alianza estratégica que contribuya a generar confianza, prevenir riesgos y consolidar un sistema electoral más sólido”.
Ambas instituciones recalcaron la importancia de la colaboración interinstitucional para fortalecer el marco democrático en El Salvador y garantizar el respeto de los derechos fundamentales durante los comicios. Según la procuradora Caballero, este convenio va más allá de su dimensión formal y apunta a la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos salvadoreños en cada etapa electoral.
La actividad, respaldada por la participación de autoridades de la PDDH y el TSE, se enmarca en los esfuerzos institucionales por promover un país más justo, participativo y democrático. Soriano concluyó que el acto “sea reflejo de una voluntad institucional firme, trabajar de manera articulada por un El Salvador más justo, más participativo y más democrático”.
presupuesto extraordinario para las elecciones de 2027
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en diciembre de 2025 un presupuesto extraordinario de 172,1 millones de dólares para la organización de las elecciones de 2027, que marcarán un hito en la historia política del país por ser la primera vez en que se elegirá a un gobierno con mandato de seis años, informó La Prensa Gráfica. De acuerdo con el reporte, el primer bloque de fondos, que asciende a 125,3 millones de dólares, está destinado a cubrir los gastos de la jornada electoral unificada. Este proceso incluirá la elección de presidente, diputados y alcaldes en una sola fecha.
Según los documentos legislativos, 802.200 dólares dentro de ese monto fueron asignados a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), el órgano encargado de supervisar la transparencia y legalidad del proceso electoral. La aprobación del presupuesto se produjo tras varias sesiones de discusión en la Asamblea, donde los legisladores destacaron la magnitud logística y tecnológica del evento electoral proyectado para 2027.
El presupuesto fue respaldado por la mayoría de los grupos parlamentarios, quienes señalaron que el proceso requerirá contratación de personal, adquisición de materiales y sistemas tecnológicos para el desarrollo de los comicios. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) será el responsable de administrar los recursos y asegurar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia electoral.
Participación récord de salvadoreños en el voto exterior 2024
El Tribunal Supremo Electoral reportó que 331,756 salvadoreños votaron desde el extranjero en las elecciones de 2024, utilizando el sistema de voto electrónico. De estos, 242,110 lo hicieron en línea durante un periodo de 30 días y 89,646 acudieron a 81 centros presenciales fuera del país. La mayoría de los votantes presenciales residía en América, especialmente en Estados Unidos, donde se registraron 72,856 sufragantes.
El proceso costó 32 millones de dólares, lo que equivale a 96.50 dólares por voto. La empresa española Indra Soluciones implementó la tecnología, mientras que CGTS Corp y el Tec de Monterrey auditaron el sistema. El gasto final se mantuvo por debajo del presupuesto asignado por la Asamblea Legislativa, que era de 59 millones de dólares.
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