El Congreso Nacional de Honduras destituyó a Johel Zelaya como fiscal general la noche del miércoles, en un juicio político en el que se presentaron graves acusaciones sobre manipulación de la justicia y abuso de poder dentro del Ministerio Público.
El informe final presentado ante el pleno y respaldado por la Junta Directiva expuso una serie de irregularidades atribuidas a Zelaya. Según el documento, leído en sesión, durante su gestión hubo prácticas de instrumentalización política en investigaciones y persecuciones de delitos.
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El texto detalla que el Ministerio Público, bajo su mando, habría favorecido intereses oficiales y orientado procesos contra figuras opositoras, al tiempo que postergaba expedientes de alto perfil y bloqueaba investigaciones de carácter sensible.
Uno de los testimonios destacados en el informe es el de una fiscal que relató: “Recibí órdenes para alterar un expediente contra un exalcalde implicado en corrupción”. Se consignó que durante la investigación ocurrieron hechos de violencia contra testigos y represalias internas contra funcionarios que se negaron a intervenir procesos.
Paralelamente, la comisión constató una concentración de poder en un pequeño círculo de colaboradores cercanos a Zelaya, debilitando la independencia de la Fiscalía Adjunta y de la Dirección de Fiscales. El juicio político fue instado por una Comisión Especial del Congreso, que, tras recabar declaraciones de siete testigos y analizar pruebas documentales, recomendó la remoción de Zelaya.
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Mientras se desarrollaba la sesión, legisladores del partido Libertad y Refundación protestaron con gritos y consignas. El presidente del órgano legislativo, Tomás Zambrano, aseguró: “Este Congreso ha respetado el proceso constitucional y se le ha permitido al fiscal general su legítima defensa”.
El informe afirma que, durante la administración de Zelaya, se manipularon expedientes, “engavetando” procesos claves y aplicando justicia de manera selectiva.
Fiscales de carrera habrían sido degradados, trasladados o apartados por negarse a modificar investigaciones. Además, decisiones de alto impacto, como la inacción ante pruebas relevantes —incluyendo el denominado “narcovideo”— coexistieron con intervenciones desproporcionadas en causas menores.
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Entre las denuncias que figuran en el documento, se resalta la omisión en la adopción de medidas judiciales ante agresiones contra diputados opositores, aunque había datos suficientes para actuar.
También se evidenciaron interferencias en expedientes relacionados con figuras políticas, donde se alteraron los requerimientos fiscales de manera arbitraria.
El texto advierte acerca de los efectos que provocó la concentración de decisiones en un grupo reducido, debilitando áreas esenciales como la Fiscalía Adjunta y la Dirección de Fiscales.
De acuerdo con los autores del informe, estas maniobras influyeron en momentos electorales determinantes, al demorar acciones en casos con potencial de impactar la institucionalidad democrática.
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La destitución de Johel Antonio Zelaya Álvarez superó lo administrativo: por decisión de la mayoría legislativa, el cargo de fiscal general fue asumido de inmediato por Pablo Emilio Reyes Theodore. El fallo del Congreso, establece que existió abuso de poder y utilización indebida del cargo, cumpliéndose así las causales para su remoción.
Según el informe de la Comisión Especial, el Ministerio Público operó con “instrumentalización de la justicia con fines políticos y concentración de decisiones en un círculo de confianza”. Noventa y tres diputados respaldaron la destitución, consolidando el control parlamentario sobre una figura clave encargada de hacer valer la legalidad estatal.
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El proceso contra Zelaya transcurrió en un contexto de alta tensión política y cuestionamientos respecto al procedimiento y su efecto sobre la independencia judicial en el país
Con su salida, se configura un nuevo balance de poderes y se abre paso a cambios en la relación entre el Poder Legislativo y las instituciones responsables de la persecución penal en Honduras.
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