Tribunal ordena juicio contra nicaragüense por tráfico de personas en El Salvador

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana dictó la apertura a juicio contra el nicaragüense Alejandro P. R., tras ser acusado de tráfico ilegal de personas en perjuicio de seis ciudadanos ecuatorianos, incluidos cuatro menores de edad, según informó este miércoles Centros Judiciales de El Salvador.

La familia ecuatoriana, a la que transportaba el nicaragüense, informó que su destino final era Estados Unidos y que pagó USD 1.000 al procesado para ser llevados hasta Guatemala. Allí, planeaban entregar un monto igual a un segundo intermediario para continuar el trayecto. Al momento de su detención, el imputado transportaba al grupo en un autobús de la ruta 236, interceptado el 8 de octubre de 2022 en un control policial realizado en el sector de Paraje Galán, cantón San Vicente, distrito de Candelaria de la Frontera.

El tribunal mantuvo las medidas sustitutivas a la detención para Alejandro P. R., quien deberá presentarse mensualmente ante el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana, no salir del país y permanecer en un domicilio fijo. En la audiencia, el juez aceptó las pruebas presentadas por las partes.

Asimismo, este lunes 9 de marzo Manuel Suria Bolaños, de 55 años, recibió una condena de seis años de prisión en San Salvador tras ser hallado culpable de tráfico ilegal de personas en perjuicio de dos víctimas. Además, el sentenciado deberá entregar USD1.500 a cada afectada en concepto de responsabilidad civil.

El proceso judicial reveló que en agosto de 2022, en la comunidad el Progreso, situada en el distrito de Santo Tomás, Suria Bolaños ofreció a las víctimas gestionar su viaje ilegal hacia Estados Unidos. A cambio, exigió USD6.000 por persona; para iniciar el proceso, cada una entregó USD1.500.

La transacción inicial sumó USD3.000. El acusado informó a las víctimas que una mujer las contactaría el 21 de septiembre en el kilómetro 14,5 de la autopista a Comalapa para iniciar el trayecto. La cita nunca se concretó. Después, Suria Bolaños argumentó que el motivo fue la supuesta enfermedad de la hija de la encargada.

Propuso un segundo intento para el 10 de noviembre, pero presentó otra justificación y aseguró que no podía reintegrar el dinero, alegando que ya no lo tenía.

Marco normativo

En marzo de 2021 el Estado salvadoreño aprobó la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas, con la cual al aprobarse la Fiscalía General de la República (FGR) celebró el marco legal en tanto a que ayudaría a “procesar y castigar con mayor rigor a los que trafican y se lucran con el dolor y las necesidades de las personas”.

Dicha ley, según el portal de la FGR, fue impulsada a iniciativa del exfiscal Raúl Melara, quien desde el mes de julio del año 2019 lideró a un grupo de fiscales especializados para dar forma a esta nueva herramienta jurídica que hará frente a las organizaciones criminales transnacionales.

La legislación establece que la pena por tráfico ilegal de personas se incrementará hasta en un tercio sobre el máximo previsto si la víctima resulta fallecida o desaparecida en territorio nacional o extranjero como producto del viaje ilegal. También aplica el aumento si la víctima sufre privación de libertad o es víctima de otros delitos en cualquier país, o si se le proporcionan documentos de identidad o de viaje fraudulentos o auténticos pero no correspondientes, con el fin de evadir controles migratorios.

El agravante se extiende a casos en que la víctima es niño, niña, adolescente, adulto mayor, persona con discapacidad física o enfermedad mental, así como si la persona está embarazada. Resulta aplicable también cuando se pone en peligro la vida o integridad física de la víctima, o si esta, su familia o convivientes han sufrido violencia, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el viaje.

Asimismo, si el delito involucra a un funcionario o empleado público en funciones, se sumará una pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos durante el tiempo de la condena. El aumento de pena también se determina si la víctima, testigos, familiares o convivientes reciben amenazas o coacciones para no participar en investigaciones penales, o si se ofrece o entrega algún beneficio económico para evitar su participación en el proceso judicial.