El Salvador elimina restricciones a la propiedad extranjera en bancos para atraer inversión internacional

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la derogatoria del artículo 10 de la Ley de Bancos, que exigía que al menos el 51% de las acciones de los bancos nacionales estuvieran en manos de salvadoreños o centroamericanos. Esta reforma, adoptada con 56 votos (de 60) durante la sesión plenaria número cien, busca eliminar obstáculos a la inversión extranjera, facilitar la entrada de capitales internacionales al sector y diversificar la oferta de crédito en el país.

La determinación parlamentaria se enmarca en una serie de iniciativas impulsadas por los diputados para “fomentar la gobernabilidad” con el Ejecutivo y asegurar mejores condiciones para la población. Con el cambio normativo, el mercado financiero salvadoreño queda abierto a la llegada de nuevos fondos internacionales, con el objetivo de incrementar la competencia financiera y responder a las necesidades de inversión.

Antes de la reforma, la legislación vigente desde 1999 establecía que el 51% de las acciones de los bancos debía pertenecer a personas naturales de El Salvador o de países centroamericanos, así como a bancos de la región o inversionistas extranjeros que cumplieran requisitos de regulación prudencial y clasificación de riesgo internacionalmente reconocida. La norma también exigía que, en el caso de bancos con capital extranjero, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) suscribiera acuerdos con las entidades matrices para garantizar la supervisión coordinada del sistema.

La derogatoria del artículo 10 elimina estas condiciones y, según los diputados que respaldaron el decreto, permite acceder a nuevos capitales y tecnologías que podrían traer beneficios directos tanto a las instituciones como a los usuarios del sistema bancario. La bancada legislativa mayoritaria de Nuevas Ideas destaca la posibilidad de ampliar la gama de productos y fuentes de acceso al crédito, así como mejorar la calidad de los servicios.

La diputada Dania Hernández expresó durante el debate: “Han pasado veintisiete años de haberse aprobado la Ley de Bancos y por eso es necesario una derogatoria del artículo 10, porque esa es una barrera que nos limita a traer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y oportunidades para los salvadoreños en el sector financiero”.

González subrayó durante su intervención que la reforma no afecta las competencias regulatorias vigentes: “No afecta las competencias actuales que ya tiene la Superintendencia del Sistema Financiero, estas competencias quedan intactas”.

Con la nueva legislación, los requisitos regulatorios para la operación de nuevas instituciones bancarias quedan preservados en el artículo 11 de la Ley de Bancos, que continúa vigente. La diputada González resaltó que hasta ahora “al menos el 55% de las acciones de los bancos deben pertenecer a determinados inversionistas previamente definidos” y afirmó que la reforma elimina obstáculos administrativos que impedían al país atraer a “nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”.

Otra aprobación hecha este miércoles por el pleno fue para que El Salvador tenga un mayor control aduanero para frenar la importación de productos vinculados a trabajo forzoso, explotación infantil y otras formas de explotación laboral en la cadena de suministro, a través de una reforma legal que fortalecería la fiscalización y sanción de estas prácticas.