La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo en el municipio de Ayutuxtepeque, en la zona de San Salvador Centro, a Mario Humberto Gómez Escobar, alias Saylin, acusado de fungir como gatillero de la estructura criminal MS13. Esta captura ocurre en un contexto de endurecimiento penal y sostenida baja en los homicidios, tras la adopción de nuevas estrategias de seguridad en el país.
El arresto de Gómez Escobar responde a una orden emitida por varios delitos, incluyendo homicidio agravado en perjuicio de siete víctimas, agrupaciones ilícitas, homicidio agravado imperfecto y utilización u ocupación ilegal de inmueble. La Policía Nacional Civil comunicó que el requerido será transferido al juzgado correspondiente para proseguir con el proceso judicial. Este tipo de operativos se inscriben dentro del despliegue nacional contra estructuras de pandillas.
Las autoridades destacan el peso de las reformas recientes en la respuesta judicial ante los homicidios. Desde febrero de 2025, la sanción por homicidio simple se ubica entre 20 y 26 años de prisión. Para el caso de homicidio agravado, las penas varían entre 35 y 60 años de cárcel, contemplando factores como la cantidad de víctimas. Los tramos de pena pueden alcanzar de 35 a 40, 45 a 50, o extenderse hasta 55 a 60 años, dependiendo de las circunstancias agravantes.
Fiscales también avanzan en otros casos vinculados a criminalidad organizada. Así lo reflejan procedimientos recientes, como el de Iran Nacxit Portillo Barrantes, quien habría participado en un doble homicidio agravado en mayo de 2024. Según la Fiscalía General de la República (FGR), Portillo Barrantes ingresó a la vivienda de las víctimas, las atacó con arma blanca y posteriormente enterró los cuerpos con la intención de ocultar las pruebas. La rápida acción policial permitió la identificación y captura del sospechoso. Actualmente, enfrenta cargos adicionales por fraude procesal y desaparición de personas, mientras espera ser enviado a juicio como consta en el informe de la FGR públicado recientemente.
Descenso sostenido de los homicidios
La tendencia a la baja de los asesinatos se ha consolidado en San Salvador y en todo el país, donde las autoridades suman más de 40 días sin homicidios reportados. El registro para lo que va del año contabiliza solo siete casos en 52 días, un nivel notoriamente bajo respecto a años previos, en los que la incidencia de muertes violentas era diaria y superaba los diez casos semanales en algunos períodos.
El análisis oficial sostiene que ningún municipio es actualmente epicentro de la violencia, lo que sugiere una contención homogénea a nivel nacional. Según los voceros estatales, este escenario de baja criminalidad no responde a factores aislados, sino a la puesta en marcha de iniciativas como el Plan Control Territorial. De modo particular, atribuyen resultados al régimen de excepción implementado desde el 27 de marzo de 2022, como respuesta directa a un repunte de asesinatos ligados a pandillas y prorrogado 47 veces consecutivas.
Las medidas incluidas en el régimen de excepción han permitido restringir ciertas garantías constitucionales y endurecer las sanciones para delitos de crimen organizado. Desde su instauración, el Estado reporta la detención de más de 91,000 personas acusadas de integrar estructuras delictivas, lo que ha contribuido a la reducción en los índices de homicidios y otros delitos. La nueva legislación ha sido determinante para reforzar el criterio punitivo ante delitos considerados de alto impacto.
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