El Ministerio de Economía propuso reformar la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) para eliminar el requisito de legalización o apostilla en documentos extranjeros vinculados a operaciones comerciales o aduaneras, lo que facilitaría trámites en comercio exterior y compras públicas. Esta iniciativa busca agilizar la gestión ante la Administración Pública y se fundamenta en principios de antiformalismo y simplificación administrativa, proyectando un impacto inmediato en las exportaciones, importaciones y contratos del Estado.
La norma establecería un plazo máximo de diez días hábiles para la presentación de documentos legalizados o apostillados solo en los casos donde una ley especial lo exija estrictamente y cuando no estén cubiertos por las excepciones previstas. Durante ese periodo, la Administración podría emitir una resolución provisional, que se hará definitiva una vez cumplido el requisito documental. Si el interesado no presenta los documentos en ese plazo, la autoridad podrá suspender o revocar la resolución.
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Alcances de la reforma propuesta
La propuesta enviada a la Asamblea Legislativa, firmada por la ministra de Economía,María Luisa Hayem, incorpora un nuevo artículo 4-A en la LPA. En el texto se especifica que “cuando se trate de documentos públicos emanados en el extranjero, la Administración Pública no exigirá su legalización o apostilla, ni requerirá copias autenticadas, copias impresas o con firma manuscrita” siempre que los documentos tengan relación directa con operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos.
También exime de estos requisitos en situaciones en las que la autoridad cuente con mecanismos de verificación electrónica u opciones de validación reconocidas por la entidad emisora extranjera, o en los casos donde haya convenios de cooperación que permitan comprobar la autenticidad del documento por otras vías.
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El texto dispone que todas las entidades de la Administración Pública deberán adaptar sus procedimientos internos de acuerdo con esta norma y que la Corte de Cuentas de la República supervisará su cumplimiento. Esto extiende el alcance a procesos como la selección de contratistas y fases de compras públicas.
El Salvador figura como país parte del Convenio de La Haya, que desde 1961 elimina la exigencia de legalización diplomática o consular para documentos públicos extranjeros, sustituyéndola por la apostilla. Sin embargo, el propio convenio señala que no será aplicable cuando las leyes nacionales o acuerdos bilaterales lo rechacen, simplifiquen o eximan de la apostilla, y excluye expresamente los documentos administrativos ligados a operaciones comerciales o aduaneras.
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La propuesta destaca que la Ley de Procedimientos Administrativos, emitida en 2017, ya contempla en sus principios la necesidad de eliminar requisitos formales innecesarios y que la reforma pretende ajustarse a esas directrices, facilitando la habilitación de documentos y reduciendo trámites burocráticos para ciudadanos y empresas.
Tránsito legislativo y próximos pasos
La iniciativa ingresó en la sesión plenaria del miércoles y fue remitida para análisis a la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno. Esta comisión ha sido convocada para el lunes 23 de febrero, fecha en la que se podrá iniciar el estudio del proyecto o dar por recibido para convocar a un representante del gobierno para estudio en común de la misma.
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El decreto propuesto señala que, tras su eventual aprobación y publicación en el Diario Oficial, la reforma comenzará a regir a los ocho días, habilitando de inmediato los nuevos procedimientos en aduanas, compras públicas y trámites comerciales vinculados a documentos extranjeros correspondientes.
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