Israel liberó a 60 detenidos palestinos de Gaza en la mayor excarcelación desde el acuerdo de octubre

Israel excarceló el lunes a 60 detenidos palestinos procedentes de la Franja de Gaza, en la liberación más numerosa desde la entrada en vigor del acuerdo de intercambio de rehenes por presos alcanzado con Hamás en octubre de 2025, informó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Según un comunicado de la organización humanitaria, sus equipos facilitaron el traslado de los liberados desde el paso fronterizo de Kerem Shalom, entre Israel y Gaza, hasta el Complejo Médico Naser, en el sur del enclave. Allí, el CICR gestionó también el reencuentro de los excarcelados con sus familiares.

El establecimiento de seguridad israelí, citado por el diario Haaretz, precisó que los liberados procedían de los centros de reclusión de Ofer y Sde Teiman, que ninguno de ellos era considerado “terrorista” y que las investigaciones abiertas en su contra habían sido cerradas antes de la puesta en libertad.

El CICR recordó que, desde octubre de 2023, sus delegados han gestionado el traslado de más de 2.500 detenidos liberados por Israel bajo este mecanismo. La organización denunció, no obstante, que sigue sin poder acceder a los palestinos recluidos en centros de detención israelíes desde esa misma fecha, coincidente con el inicio de la guerra en Gaza tras los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre de 2023. El CICR reclamó ser informado sobre el destino y el paradero de todos los detenidos y reiteró que mantiene un diálogo con las autoridades israelíes para lograr ese acceso.

El intercambio de este lunes se produce nueve meses después de que Israel y Hamas sellaran, en octubre de 2025, un acuerdo mediado por Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos que puso fin a la fase más intensa del conflicto e incluyó la liberación de los últimos 20 rehenes con vida retenidos en Gaza, a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 presos y detenidos palestinos. Desde entonces, Israel ha mantenido bajo custodia a miles de gazatíes clasificados bajo distintas categorías legales, entre ellas la de “combatientes ilegales”, figura que permite su reclusión sin juicio.

Según un informe publicado en enero de 2026 por la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, basado en cifras del Servicio de Prisiones de Israel, había entonces 10.863 detenidos palestinos en instalaciones israelíes, de los cuales 2.931 procedían de la Franja de Gaza y 2.623 estaban clasificados como “combatientes ilegales”. En mayo de 2026, la relatora especial de la ONU sobre la tortura, Alice Jill Edwards, situó en 1.300 el número de gazatíes recluidos bajo esa categoría, dentro de un total de más de 9.000 palestinos detenidos por Israel.

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, continúa al frente de la cartera de la que ejerce control sobre buena parte del sistema penitenciario israelí, con la única interrupción de dos meses a comienzos de 2025. Bajo su gestión, organizaciones de derechos humanos han documentado un deterioro sostenido de las condiciones de reclusión de los presos palestinos.

B’Tselem ha denunciado en sucesivos informes —el más reciente publicado en enero de 2026— hacinamiento, escasez de alimentos, negación de atención médica y episodios de maltrato en los centros de detención israelíes, con testimonios de expresos que describen secuelas físicas graves, incluidas pérdidas de visión o de audición. La relatora de la ONU sobre tortura ha reclamado además explicaciones sobre el archivo, en marzo de 2026, de una causa por una presunta violación sexual a un detenido palestino, un caso que ya había planteado ante las autoridades israelíes.

La liberación de este lunes no forma parte de una nueva ronda negociada del acuerdo de octubre, sino de un mecanismo de excarcelaciones periódicas que Israel ha mantenido de forma intermitente desde entonces, casi siempre en grupos más reducidos. El contraste entre esas liberaciones puntuales y la magnitud de la población reclusa palestina que documentan Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias anticipa que la disputa sobre el acceso del CICR a los centros de detención seguirá abierta mientras no se resuelva el estatuto legal de miles de detenidos que permanecen sin cargos ni proceso judicial claro.