El fiscal general de la República de El Salvador, Rodolfo Delgado Montes, criticó con dureza ciertos fallos judiciales en materia de menores en el territorio salvadoreño, al subrayar que “no podemos permitir que algunos jueces de menores echen por tierra las investigaciones y dicten resoluciones alejadas de la realidad de los salvadoreños, permitiendo que delincuentes, amparados en su edad, regresen a las calles y sigan afectando a la sociedad”. Este llamado, emitido este martes 3 de febrero, siguió al mensaje emitido en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
Entre los ejemplos recientes que citó Delgado, figura la resolución de un juez recién llegado al departamento de San Salvador, que optó por medidas como reincorporar al sistema educativo y fijar asistencia a cursos de orientación sexual para un menor acusado de violación.
Según manifestó el fiscal general, “este tipo de resoluciones, que no toman en cuenta la gravedad de los hechos ni las pruebas presentadas, solo pueden provenir de pensamientos que no responden a la ley ni a la realidad del país”.
De cara a este panorama, Delgado enfatizó la actuación de los fiscales de la nación: “No toleraremos estas decisiones y vamos a iniciar investigaciones contra estos jueces, amparados en las reformas que combaten la corrupción, porque también es corrupción no cumplir la ley”.
En contraste, destacó su confianza en el trabajo de los órganos competentes en materia de crimen organizado: “Confiamos en que los tribunales de crimen organizado actúan conforme a derecho y entienden la realidad nacional, avanzando hacia un país seguro, libre de manifestaciones criminales y de bandas que buscan quitarle la tranquilidad a la población”.
En agosto de 2021, se implementaron reformas a la Ley de la Carrera Judicial que dispusieron el retiro obligatorio de todos los jueces que alcanzaran 60 años de edad y 30 años de servicio laboral. Como resultado, aproximadamente un tercio de los 690 jueces del país dejó sus funciones, junto con decenas de fiscales que también fueron apartados automáticamente. La normativa ha sido cuestionada debido a presuntos vicios de forma y de contenido en el decreto que autorizó la medida.
Hubo anuncio de operativo
Un operativo coordinado permitió la captura de siete integrantes de una banda criminal dedicada al robo y desmantelamiento de motocicletas en San Salvador, tras una investigación que inició a partir de una denuncia ciudadana. La investigación permitió interrumpir las actividades delictivas e identificar el sitio donde los implicados desmantelaban las motos en Huizúcar para luego vender las piezas como repuestos.
La evidencia reunida incluyó motocicletas sin registro, piezas de automóviles y teléfonos celulares, elementos que serán analizados para reforzar el proceso penal y establecer vínculos de los detenidos con otros delitos.
De acuerdo con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, el caso comenzó cuando un residente advirtió una actividad inusual en Ciudad Delgado. “Esta banda de rateros de motos nace precisamente de la inquietud de un ciudadano que notó algo anormal en la zona de Ciudad Delgado”, relató el funcionario. Posteriormente, la División Central de Investigaciones obtuvo grabaciones y denuncias que permitieron perfilan el modo de operar del grupo.
Las pruebas visuales permitieron identificar cómo los presuntos responsables actuaban: uno se aproximaba a la motocicleta, la empujaba y utilizaba un desarmador para manipular la ignición, logrando así encenderla y huir. De los siete arrestados, tres eran menores de edad, y uno de ellos fue identificado como el posible cabecilla. El dispositivo policial para desarticular la banda requirió algo más de tres días y fue documentado mediante fotografías y grabaciones.
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