El desafío de transformar las pensiones en El Salvador: lo que se sabe y lo que se espera

El sistema de pensiones en El Salvador enfrenta una transformación urgente y el gobierno salvadoreño avanza en un proyecto de ley que podría transformar la manera en que muchas familias planifican su retiro, el cual deberá presentar a la Asamblea Legislativa antes del 10 de febrero de este año, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Previo a la inminente reforma previsional, las autoridades salvadoreñas presentaron un estudio que da un panorama de cómo está el sistema de pensiones y plantea luces de lo que está por venir.

Lo que se sabe

El informe elaborado por la Superintendencia del Sistema Financiero y el FMI advierte que el país arrastra un déficit actuarial neto estimado en el 59% del Producto Interno Bruto (PIB) para el periodo 2024-2070, poniendo en duda la sostenibilidad del esquema actual.

El documento, divulgado por el Ministerio de Hacienda y analizado por diversos expertos, sostiene que la reforma previsional se ha convertido en una prioridad para el Estado salvadoreño.

El sistema se compone de dos regímenes principales. El Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), vigente desde 1998, opera con cuentas individuales obligatorias administradas por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Los trabajadores formales y sus empleadores realizan aportes equivalentes al 16% del salario. El segundo régimen, el Sistema de Pensiones Público (SPP), funciona como un esquema cerrado y de reparto para quienes cotizaban antes de 1998.

Según la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la mayor parte de los afiliados al SAP tiene una densidad de cotización baja. Solo el 36% de los afiliados de entre 20 y 55 años cotizó durante todos los meses de 2024, mientras que la mayoría opta por el retiro en un solo pago cuando no alcanza los 25 años de aportes.

Además, el 57% de los pensionados recibe la pensión mínima, lo que refleja la insuficiencia de los ahorros acumulados y la baja frecuencia de cotizaciones.

El estudio conjunto con el FMI señala que el fondo administrado por las AFPs ascendía a 15,995.7 millones de dólares (48.7% del PIB) al cierre de 2024, pero este patrimonio se debilita por el aumento de pasivos y la concentración de inversiones en deuda estatal. Cerca del 73% del portafolio previsional está invertido en instrumentos emitidos por el Estado, lo que genera nuevas obligaciones fiscales a futuro.

Lo que se espera...

Las proyecciones demográficas acentúan el desafío. La tasa de fertilidad actual, ubicada en 1.8 hijos por mujer, y el aumento de la longevidad, anticipan un rápido envejecimiento de la población. De acuerdo con el informe citado por Reuters, la razón de dependencia caerá de 8.2 personas en edad de trabajar por cada adulto mayor en 2024 a solo 2.3 en 2070.

La presión sobre las finanzas públicas se agravará, ya que el gasto en pensiones crecerá del 5.3% al 8.4% del PIB, según la Superintendencia del Sistema Financiero. Además, el Valor Presente Neto (VPN) del déficit del SAP alcanza el 45.4% del PIB, mientras que el régimen público suma un déficit adicional del 13.6%.

El agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), fondo colectivo que cubre a quienes terminan sus ahorros individuales, se prevé para 2026, lo que podría dejar a miles de jubilados dependiendo exclusivamente del respaldo estatal.

El documento técnico también alerta que las proyecciones actuales solo contemplan los flujos previsionales, sin incluir el peso de los intereses y el repago de la deuda previsional. “El sistema enfrentará una carga financiera creciente que el Estado deberá atender con recursos fiscales adicionales o mediante una reforma estructural”, detalla el informe.

Frente a este panorama, la expectativa apunta a una reforma que contemple las siguientes claves:

1. Ampliar las fuentes de financiamiento del sistema de pensiones.
2. Incrementar la densidad de cotización entre los trabajadores.
3. Reducir la dependencia del sistema de pensiones respecto a la deuda estatal.
4. Evaluar incentivos para promover la formalización laboral.
5. Ampliar la cobertura previsional para trabajadores independientes.
6. Revisar la edad de jubilación.
7. Revisar los parámetros de cálculo de las pensiones.

Por el momento, el gobierno de El Salvador no ha presentado una propuesta concreta, aunque distintos sectores han coincidido en la urgencia de una reforma integral.

Los próximos días serán decisivos para definir los lineamientos de un nuevo sistema que permita garantizar el pago de las pensiones futuras y la estabilidad fiscal del país.

Las pensiones salvadoreñas en 10 cifras:

1. Déficit actuarial neto estimado: 59% del PIB para el periodo 2024-2070.
2. Patrimonio administrado por las AFP: $15,995.7 millones al 31 de diciembre de 2024.
3. Participación del fondo de pensiones en el PIB: 48.7% en 2024 (descenso desde 51.8% en 2022).
4. Porcentaje del portafolio invertido en deuda estatal: 73%.
5. Cobertura del SAP: 2.1 millones de afiliados activos al cierre de 2024.
6. Densidad de cotización plena: Solo 36% de los titulares entre 20 y 55 años cotizaron los 12 meses de 2024.
7. Proporción de pensionados con pensión mínima: 57%.
8. Tasa de fertilidad: 1.8 hijos por mujer.
9. Razón de dependencia actual: 8.2 personas en edad de trabajar por cada adulto mayor en 2024; proyectada a 2.3 en 2070.
10. Gasto en pensiones proyectado: Subirá del 5.3% al 8.4% del PIB entre 2024 y 2070.