El monitoreo de Acción Ciudadana indica persistencia de impunidad en la justicia salvadoreña

El más reciente informe de Acción Ciudadana revela que el 10% de los delitos denunciados en El Salvador culmina en una condena, una cifra que, según la organización, expone la persistencia de la impunidad pese al incremento de recursos en la Fiscalía General de la República (FGR).

Este hallazgo, basado en la memoria de labores de la FGR correspondiente a junio de 2024 - mayo de 2025, plantea dudas sobre la eficiencia del sistema y sobre el impacto de la política presupuestaria.

Entre los aspectos destacados por el monitoreo, Acción Ciudadana señala que la impunidad se mantiene en el 90%, pese a que la Fiscalía obtuvo una inyección presupuestaria en 2024 para reforzar su cuerpo fiscal, lo que permitió nuevas contrataciones. Aun así, la asignación para 2025 fue $88 millones, lo que representa una caída del 38% respecto al año previo, atribuida a la finalización de las obras de las oficinas centrales. La Fiscalía reconoció que su verdadera necesidad operativa era de $153 millones, lo que deja un déficit de $65 millones.

El reporte subraya otra problemática: la reserva de información sobre la plantilla y su distribución geográfica, que persiste pese a los reclamos de auditoría pública y limita la transparencia sobre la capacidad de respuesta institucional. El monitoreo calcula que existen unos 853 fiscales auxiliares, cada uno con un promedio de 108 casos asignados en el periodo 2024-2025 —una cifra menor a la del ciclo previo—, lo que equivale a recibir un caso nuevo cada tres días.

La eficacia penal figura en el centro del análisis. Según el informe institucional citado por Acción Ciudadana, entre 2020 y 2025 la Fiscalía General de la República inició 440,706 casos, de los cuales solo el 32% (136,906) llegó a los tribunales y el 68% nunca accedió a la sede judicial. De los 101,019 casos finalizados en ese lapso, el 58% se cerró por salidas alternas (mecanismos de terminación anticipada), mientras que el 42% terminó con sentencias condenatorias.

Al relacionar los expedientes judicializados con los fallos condenatorios, la efectividad osciló entre el 24% y el 36% en los últimos cinco años, alcanzando su máximo en el 34% en el periodo más reciente. Si la comparación se realiza con respecto al total de expedientes iniciados, el mejor índice fue del 11% en 2024-2025, y la media del quinquenio, del 10%.

El informe apunta también que la visión debe ampliarse al universo de delitos. La propia Acción Ciudadana advierte que “la evaluación de la eficacia debe considerar el conjunto de delitos y no solo éxitos en casos individuales”.

El análisis de la organización indica tendencias hacia la opacidad institucional, especialmente con la reserva extendida sobre datos de recursos y personal. Señala que las reformas legales de 2025 permiten a la Fiscalía prolongar las investigaciones hasta por tres años en casos vinculados a crimen organizado y menciona que la detención provisional bajo el Régimen de Excepción ha derivado en que “la prisión preventiva se convierta en una pena anticipada”.

Por último, el monitoreo menciona una creciente judicialización selectiva y la utilización de la Fiscalía en expedientes contra defensores de derechos humanos o voces críticas.