Amenazas en escuelas porteñas: se recuperarán los días de clase perdidos y tendrán consecuencias legales los padres

Los alumnos de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que pierdan días de clase por la ola de amenazas de tiroteos deberán recuperar esas jornadas. Como ocurre en otros distritos, los padres también podrán afrontar consecuencias penales y civiles, cuando corresponda, si sus hijos se involucran en algún hecho intimidatorio.

Así quedó aclarado en uno de los últimos documentos oficiales que compartió el Ministerio de Educación porteño. La medida busca desalentar las falsas alertas que algunos estudiantes, con el fin de evitar concurrir a clases.

En las últimas horas, la cartera educativa compartió las nuevas pautas y el protocolo para enfrentar la detección de armas y qué hacer frente a este tipo de casos de actos intimidatorios.

Con el título “Pautas preventivas y orientativas sobre cómo accionar frente a situaciones de amenazas en los establecimientos educativos”, el texto establece punto por punto las medidas preventivas y modos de intervención.

“Ante la presencia de amenazas graves, la escuela debe hacer la denuncia de manera inmediata a través de la línea 911. Además deberá comunicar la situación a la Supervisión Escolar y/o al superior jerárquico correspondiente, a través de los canales formales y habituales de comunicación institucional”, indica el documento.

Luego, define que si aparece una pintada o nota intimidatoria, “se deberá preservar el espacio físico sin alterar evidencia”. “En caso de sospecha fundada o detección de un arma, se deberá aplicar el protocolo”, señala.

Además, se detalla que el personal directivo debe acompañar “en todo momento” el procedimiento, intentando reducir la exposición al resto de la comunidad educativa y resguardar la privacidad de los involucrados. La Policía puede solicitar información, ingresar a cualquier espacio físico, revisar las pertenencias del estudiante protegiendo su derecho a la intimidad y, si la situación lo amerita, confiscar celulares y computadoras.

La suspensión de clases

El gobierno porteño fijó que la continuidad pedagógica y seguridad escolar son principios rectores. Y define que “la suspensión de clases o la evacuación de un establecimiento ante la existencia de un peligro cierto e inminente responde a una evaluación técnica, objetiva y responsable del riesgo” que aplicará, de forma “excepcional”, “la autoridad policial en cumplimiento de directivas emanadas de la autoridad judicial competente”.

En los establecimientos donde ocurran este tipo de incidentes, habrá recuperación de clases y “se dispondrá la adecuación o prolongación del ciclo lectivo para asegurar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos”.

Si la investigación judicial no solicita interrumpir las clases, la actividad escolar se mantendrá de forma habitual, con el cómputo regular de asistencias según el reglamento vigente.

Esta disposición ya generó roces, por ejemplo, en el Colegio Champagnat, donde tras un operativo policial motivado por una amenaza, se resolvió continuar con el dictado de clases pese al reclamo de familias que exigían la suspensión.

Las medidas preventivas y reparatorias

El martes pasado, la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, giró una carta pública a la comunidad escolar, donde describió cómo se enfrentará la crisis de amenazas en las instituciones pedagógicas. Pero también instó a las familias a involucrarse con lo que consumen sus hijos.

“Su acompañamiento es importante porque lo que ocurre en casa y lo que conversamos con nuestros hijos también ayuda a prevenir. Les pido estar atentos, supervisar el uso de celulares, redes sociales y juegos en línea, indagar el contenido que circula y conversar sobre la gravedad que implica difundir amenazas, mensajes violentos o información falsa”, señaló en el texto.

“Es importante revisar mochilas, objetos que llevan a la escuela y prestar atención a cambios de comportamiento, al uso excesivo de dispositivos o a la participación en grupos desconocidos. La prevención empieza en casa y necesita del compromiso compartido entre familias y escuela”, agregó.

Entre las medidas preventivas, el protocolo sugiere a las autoridades educativas supervisar puertas de baños y espacios comunes durante los recreos y cambios de turno, evitar la salida de las aulas en horario de clases y, ante amenazas graves, radicar la denuncia de forma inmediata ante el 911 y la Supervisión Escolar. Cada escuela podrá disponer temporariamente el ingreso de alumnos sin mochilas ni bolsos.

Otro punto refiere a la responsabilidad civil y penal. Cualquier amenaza -virtual o presencial, anónima o con armas- que busque infundir temor o alterar el orden está tipificada como delito, y los estudiantes denunciados se enfrentarán al proceso penal correspondiente. Y los adultos responsables pueden ser imputados civil y penalmente, en caso que corresponda, debiendo afrontar incluso la reparación de daños patrimoniales y morales ocasionados a la institución.

El reglamento escolar porteño impulsado por el gobierno de Jorge Macri habilita que se imponga al alumno involucrado la realización de trabajos comunitarios o, en casos de mayor gravedad, el cambio de establecimiento.

Qué establece el protocolo cuando hay armas o riesgo real

En otro documento oficial, el ministerio de Educación porteño envió una guía a los docentes y establecimientos educativos de carácter obligatorio para instituciones públicas y privadas, donde haya armas involucradas.

El texto, titulado “Procedimiento de Actuación ante la sospecha fundada o detección de armas en el ámbito educativo”, clasifica las armas en tres categorías principales: de fuego (como pistolas, revólveres y armas caseras), blancas (cuchillos, navajas) e impropias (objetos habituales que, según la intención, pueden transformarse en armas, como palos, trinchetas o compases).

El protocolo distingue entre la detección directa de un arma y la sospecha fundada, esta última abarca denuncias verbales, escritas o digitales que provengan de personal docente, no docente, estudiantes o familias. Para avanzar en una denuncia, esos avisos deben sustentarse en comportamientos o hechos comprobables, evitando respuestas ante rumores o apreciaciones vagas.

Uno de los puntos más estrictos es si se confirma la presencia de una arma de fuego, la escuela debe llamar al 911. Solo las fuerzas de seguridad están habilitadas a manipular o retirar el arma, sin excepción, y el resto del personal debe abstenerse de cualquier contacto físico con la persona ni intentar quitarle el objeto.

“Separar preventivamente a la persona presuntamente portadora del arma, si la situación lo permite, sin ejercer violencia ni exponerla públicamente y en un marco de cuidado”, señala el documento.

Cuando la persona involucrada sea un niño, niña o adolescente, la prioridad es su resguardo físico y emocional. El equipo directivo debe acompañar al estudiante a un espacio privado -junto a un adulto de confianza-, llamar de inmediato a los adultos responsables y, si estos son potencialmente quienes vulneran derechos, contactar a la línea 102 del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA). En ese contexto, se debe enfatizar el riesgo de portar armas y asegurar que el estudiante nunca quede solo antes de la llegada de su referente legal.

Al personal de las instituciones educativas, el texto recomienda que, en caso de que haya un arma de fuego en el ámbito educativo, considerarla “como si estuviera cargada”.

“Intentar, de manera tranquila y sin confrontación, que la persona involucrada dirija el arma hacia una superficie segura (por ejemplo, un mueble preferentemente de madera, el piso o una mochila con libros), de modo de evitar su caída y que apunte hacia otras personas”, establece, y añade “sugerir que retire el dedo del gatillo”.

Para las armas blancas o impropias, el protocolo exige analizar la intencionalidad y el contexto. La mera presencia de herramientas cortantes no implica automáticamente una situación de riesgo. El documento indica que se debe evaluar si el objeto tiene justificación pedagógica (por ejemplo, el uso de cuchillos en clases de cocina o elementos punzantes en formación técnica). Y se recomienda que los equipos directivos expliquen a los estudiantes el uso legítimo y responsable de esos elementos, y que cada escuela delimite su aplicación.

Tras resolver la situación inmediata, el protocolo fija la comunicación obligatoria de lo sucedido a la Supervisión Escolar. En los casos que involucren indicios de delito, la denuncia judicial es un paso obligatorio. El abordaje posterior requiere informar a las familias del grupo de estudiantes afectado, preservando en todo momento la identidad del alumno involucrado.

Luego, se intentará promover encuentros y espacios de diálogo con madres, padres o adultos responsables, remarcando que el acompañamiento y supervisión de la conducta escolar es parte de sus obligaciones, con el fin de construir acuerdos que prioricen el cuidado, el respeto y la resolución pacífica de conflictos.