
Las universidades públicas volverán a movilizarse en todo el país el próximo martes 12 de mayo, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria durante el gobierno de Javier Milei. El reclamo está centrado en el financiamiento del sistema, con foco en la situación salarial de docentes y no docentes y en la recomposición de las becas estudiantiles. Reclaman que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y ratificada por la Justicia.
La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia la Plaza de Mayo.
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Las transferencias de fondos a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023, según denuncian desde el CIN, el organismo que nuclea a los rectores de todo el país. Los gremios docentes y no docentes advierten que la pérdida salarial ronda el 40% en estos dos años.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Tras un primer fallo favorable a las universidades en diciembre, el mes pasado la Justicia volvió a exigir al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos 5 y 6 de esa ley, referidos a la recomposición de salarios y becas estudiantiles. En respuesta a esa decisión judicial, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.
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“Aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen”, señalaron en un comunicado conjunto el CIN, el Frente Sindical y la FUA. También reclamaron la convocatoria a paritarias: desde 2024, todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por “insuficientes”.
Luego de que el veto presidencial de Milei fuera revertido por el Congreso, en octubre el Poder Ejecutivo suspendió por decreto la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En diciembre, intentó derogarla por medio de un artículo del Presupuesto 2026, pero no consiguió los votos suficientes. A fines de febrero, el oficialismo anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero sí modifica varios de sus puntos centrales con el objetivo de “preservar” el equilibrio fiscal. La iniciativa –que es rechazada por las universidades– aún no avanzó en el Congreso.
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Las mayores diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo se refieren a la cuestión salarial: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes –para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023–, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. La última actualización del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimó una inflación del 29% para este año.
“Hoy tenemos problemas en todas las dimensiones de la vida universitaria y científica del país. Pero lo más urgente es la situación salarial de docentes y no docentes. Es la más crítica de la que tengamos memoria en las últimas décadas”, planteó Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en entrevista con Infobae.
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Bartolacci, agregó: “Todos somos conscientes de la situación económica del país y de que hay muchos sectores que la están pasando muy mal. Pero sí estamos reclamando un salario digno para quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales que la Argentina necesita”. Los sueldos de docentes y no docentes representan el 90% del presupuesto universitario.
“Los salarios son los más bajos en 40 años”, aseguró Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu, una de las confederaciones que integran el Frente Sindical. Chevalier planteó que existe “un ensañamiento especial” del Gobierno con las universidades. Desde el gremio docente enmarcaron la movilización del próximo 12 de mayo como parte de un plan de lucha más amplio “en defensa del sistema universitario argentino gratuito y federal”. En algunas universidades nacionales habrá paro durante toda la semana próxima, del 27 de abril al 2 de mayo.
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La convocatoria de Conadu a la cuarta marcha federal universitaria, plantea: “Milei, no sos rey, ¡cumplí la ley!”. Las anteriores movilizaciones fueron el 23 de abril de 2024, el 2 de octubre de 2024 y el 17 de septiembre de 2025.
“La Justicia ha sido clara: la ley está vigente y debe cumplirse. No hay margen para interpretaciones ni dilaciones cuando está en juego el funcionamiento de nuestras universidades”, afirmó el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho. Y agregó: “Estamos frente a un escenario límite. El Gobierno tiene la obligación de garantizar los recursos para que las universidades sigan abiertas”.
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