El Gobierno sigue avanzando con los controles a las exportaciones de carne vacuna. Ahora se dispuso mediante una resolución conjunta del ministerio de Agricultura y de Desarrollo Productivo, que se procederá a “observar” las declaraciones juradas de ventas al exterior de aquellas empresas y se aguardará para autorizar las mismas que la Secretaría de Comercio Interior informe si cumplieron o no con el acuerdo de precios al consumidor en el mercado interno.
Semanas atrás surgió una polémica entre el titular de la cartera agropecuaria, Julián Dominguez, y los integrantes del Consorcio exportador ABC. “Quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne”, dijo el funcionario, luego de una reunión que había mantenido con los empresarios luego que los mismos habían decidido dejar de participar del programa que ofrece carne a precios por debajo del mercado.
Tras revertir la decisión inicial, los exportadores de carne siguen formando parte del acuerdo, que tiene como objetivo abastecer el mercado interno con 6.000 toneladas mensuales para que sean comercializadas a precios accesibles en los supermercados. La iniciativa se implementó en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior.
A partir de la Resolución conjunta Nº4 que se publicó hoy en el Boletín Oficial, el ministerio de Agricultura ahora está facultado para detener cualquier envío de carne vacuna al mercado internacional. En el artículo 1º de la medida, se señala que “la Secretaría de Comercio Interior informará a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario los incumplimientos, en el marco de su competencia, a los acuerdos de precios y/o normativa aplicable a la industria de carne vacuna concretados por parte de los sujetos obligados en los términos del Artículo 1º de la citada Resolución Conjunta Nº RESFC-2021-3-APN-MAGYP”. Esta última resolución que se menciona fue implementada el año pasado, mediante la cual se crean las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC).
Por otro lado, hoy se dispuso que “la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario observará las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) según lo informado por la referida Secretaría de Comercio Interior, hasta que ésta informe que los sujetos obligados hayan cumplido con el régimen aplicable”. Además, en el artículo 3º se faculta a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario a dictar las normas complementarias o aclaratorias para la debida operatividad y cumplimiento de la presente medida.
Fundamentos
Entre los motivos que esgrimió el Gobierno para aplicar dicha Resolución, aparece el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania. En los considerandos de la medida se expresa que dicho conflicto “añade mayores riesgos a la seguridad alimentaria ya que afecta de forma significativa el abastecimiento global de productos alimentarios y genera alzas en los precios internacionales”. Al respecto, los funcionarios sostienen que “la demanda internacional de carne vacuna y el aumento desproporcionado de los precios a causa de la guerra dificultan el acceso de estos productos a los ciudadanos argentinos”.
A todo esto, “el índice de precios de los alimentos de la FAO registró un nuevo máximo histórico en febrero de 2022, un 3,9% más que en enero y 20,7% por encima de su nivel de hace un año. En particular, el índice de precios de la carne de la FAO registró, un promedio de 112,8) puntos, esto es, un 1,1 % más que el mes anterior y un 15,3% por encima de febrero 2021. En febrero, las cotizaciones internacionales de la carne bovina alcanzaron un nuevo récord, impulsadas por una fuerte demanda mundial de importaciones”.
Por último, en la medida se hace mención a la complicada situación por la que atraviesa la ganadería argentina, por el impacto de situaciones climáticas adversas. “Hay un faltante de 1.500.000 cabezas, de las cuales alrededor de 950.000 son vientres de ganado vacuno, como así también por la sequía y los incendios padecidos en esta etapa del ciclo productivo que impactan negativamente en la producción, resulta necesario tomar medidas que garanticen el desarrollo de la ganadería argentina en un contexto de equilibrio justo, equitativo y razonable, entre el desarrollo de la ganadería argentina, el mercado de consumo nacional y la capacidad exportadora del país”.
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