El oro del BCRA: el abogado Gregorio Dalbón pidió la detención de Luis Caputo y Santiago Bausili por administración fraudulenta

El abogado Gregorio Dalbón amplió su denuncia penal y solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, como así también las de Santiago Bausili y Juan Curutchet, presidente y director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), respectivamente, por las operaciones con derivados sobre oro que la entidad realizó durante 2025. El planteo se incorporó a la causa y quedó sujeto a la evaluación del juzgado interviniente.

“Hay una pregunta que resume el caso: si fue una cobertura, ¿quién decidió cómo hacerla, quién la ejecutó y cuánto costó? La AGN (Auditoría General de la Nación) registró un resultado negativo de USD 1.023 millones en las operaciones con derivados sobre el oro, con egresos de divisas. Esa cifra merece una explicación completa", puntualizó Dalbón este lunes, en diálogo con Infobae, respecto a los argumentos de su presentación.

El documento, al que tuvo acceso este medio, atribuye de manera provisoria posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. La denuncia no implica una imputación judicial ni una orden de arresto, debido a que esas medidas dependen de una decisión de la Justicia y de la intervención del Ministerio Público Fiscal.

El escrito se apoya en el informe sobre los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, aprobado el 8 de octubre por la AGN. Según la documentación citada por Dalbón, las operaciones de derivados cuyo activo subyacente fue el oro registraron una pérdida de $ 1.469.155 millones a valores de cierre, equivalentes a USD 1.023 millones, con egresos de divisas.

De acuerdo con la presentación, el párrafo incorporado por la AGN a la auditoría señala que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al cierre de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.

En este sentido, Dalbón consideró que “la investigación tiene que reconstruir el recorrido de cada operación: quién fue el intermediario, cuánto cobró de comisión, quién lo eligió y con qué criterios”. Y en esa línea, planteó: “No alcanza con ponerle la etiqueta de ‘cobertura’; hay que mostrar los contratos, las decisiones y las liquidaciones”.

El escrito precisa que el resultado se compuso de $1.400.793 millones, o USD 960,2 millones, anotados como resultado negativo por opciones, y de $68.362 millones, equivalentes a USD 62,8 millones, en primas de opciones. A la vez, la tenencia de oro registró durante ese ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, según los datos contables consignados en la denuncia.

Dalbón planteó que debe establecerse la estructura concreta de las operaciones, las posiciones contratadas, las contrapartes, los límites de riesgo aplicados y la finalidad económica de los instrumentos. En su escrito, sostuvo que la diferencia entre las primas informadas y el resultado negativo por opciones requiere una investigación sobre los contratos celebrados.

El letrado también citó versiones periodísticas sobre una posible estrategia de cobertura, conocida en el mercado financiero como “collar”, que combina la compra y venta de opciones. Sin embargo, la presentación aclara que esa descripción deberá ser corroborada con los contratos y la documentación del BCRA.

La denuncia identifica al ministro Caputo por su eventual intervención en la estrategia de administración de las reservas de oro. Dalbón pidió determinar si el funcionario impartió instrucciones, coordinó o tomó conocimiento de las operaciones, pese a la autonomía que la Carta Orgánica reconoce al BCRA frente al Poder Ejecutivo.

Respecto de Bausili, el escrito remarca que la Carta Orgánica le asigna la administración y representación legal de la entidad. La pesquisa propuesta busca establecer si participó en la propuesta, aprobación, firma o ejecución de los contratos de derivados.

En el caso de Curutchet, quien es titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) y miembro del Directorio del BCRA, la presentación apunta a precisar si intervino en la autorización, el control, la ratificación o el conocimiento de las operaciones. El pedido también alcanza a otros eventuales responsables que puedan surgir de la investigación.

El abogado pidió la detención inmediata de los tres funcionarios por el tiempo que considere indispensable el tribunal para preservar pruebas y recibirles declaración indagatoria. Como alternativa, solicitó otras medidas, entre ellas la prohibición de salir del país, de acceder a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde se encuentre documentación vinculada con el caso, y de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos.

“La denuncia no anticipa culpabilidades. Pide que se preserve la prueba y se haga una pericia para determinar si las operaciones estuvieron justificadas y si causaron un perjuicio al Estado. Y sobre las medidas de coerción, el juez deberá evaluar el riesgo procesal planteado: que quienes deben ser investigados tengan acceso a documentos clave y autoridad sobre áreas que pueden aportar testigos”, aclaró Dalbón ante la consulta de este medio.

El fundamento central del pedido de coerción esgrimido por Dalbón es un eventual peligro de entorpecimiento de la investigación. Según el escrito, la documentación relevante —como contratos, actas de Directorio, informes de riesgo, registros de liquidaciones y comunicaciones entre organismos— se encuentra en dependencias dirigidas o integradas por los denunciados.

La presentación también sostiene que empleados de áreas de reservas, mercados, riesgos y asuntos jurídicos podrían ser testigos en el expediente y que existe una relación de subordinación con parte de los funcionarios denunciados. A su vez, plantea que deben verificarse las versiones sobre el destino de las reservas de oro trasladadas al exterior.

Las medidas de prueba propuestas

Entre las diligencias solicitadas, Dalbón requirió que la AGN remita el informe completo de auditoría, sus papeles de trabajo y la documentación vinculada con las notas contables sobre derivados de oro. También pidió incorporar la auditoría específica que el organismo realiza sobre la gestión de las reservas físicas de ese metal.

Al BCRA, en tanto, Dalbón le solicitó las actas del Directorio y de los comités internos que hubieran tratado las operaciones, además de contratos, confirmaciones, acuerdos marco, informes técnicos, dictámenes de riesgo, constancias de pagos y documentación sobre las contrapartes. El planteo incluye un pedido de preservación de los registros y comunicaciones electrónicas relacionadas con los hechos bajo análisis.

Además, pidió al Ministerio de Economía que informe las comunicaciones, reuniones, instrucciones e informes intercambiados con el BCRA entre 2024 y 2026 sobre la administración de las reservas de oro y las operaciones de derivados. La presentación propone, por último, una pericia contable para determinar la estructura de los instrumentos, la efectividad de la cobertura invocada y la posible existencia de un perjuicio patrimonial para el Estado.

El escrito solicita que, una vez producida la prueba, el juzgado convoque a Caputo, Bausili, Curutchet y a quienes resulten responsables a prestar declaración indagatoria.

El caso: acusación y réplica

La AGN realizó un informe sobre los resultados contables del BCRA y señaló que, en 2025, la autoridad monetaria realizó operaciones financieras “especulando” con la trayectoria del precio internacional del oro, “erró el cálculo” y perdió 1.023 millones de dólares.

Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN, sostuvo que desde que el organismo audita los estados contables del Banco Central “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”.

El señalamiento forma parte de la auditoría de los estados contables de la entidad al 31 de diciembre de 2025. Sobre ese conjunto, la AGN opinó que los balances son razonables en sus aspectos técnicos y en lo que respecta a la situación patrimonial del Banco Central.

El informe, sin embargo, incluye un apartado específico sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro. Olmos lo describió como “lo que suscitó esta polémica”, y el organismo detalló qué operaciones se concertaron y bajo qué esquema.

Una vez conocido el informe de la AGN, el Banco Central hizo un fuerte descargo a través de un comunicado. La autoridad monetaria rechazó que esas transacciones hayan tenido un carácter especulativo y acusó a la conducción del organismo auditor de actuar con “fines puramente políticos”.

La réplica destacó que “una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez”. Para el BCRA, las operaciones cuestionadas no pueden evaluarse de manera aislada, ya que los contratos financieros formaban parte de una política de cobertura sobre el 100% de la posición en oro, cuyo objetivo es resguardar las reservas frente a una eventual baja fuerte del precio del metal.

El BCRA reconoció que esos instrumentos tuvieron un resultado negativo durante 2025, aunque lo presentó como una consecuencia esperable de una cobertura en un año de aumento del oro. “Como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo”, planteó la entidad.

La autoridad monetaria sostuvo que el oro tuvo una evolución favorable durante el ejercicio y que esa suba explica el resultado total. “La evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, afirmó.

El BCRA replicó que la posición en oro arrojó un resultado neto positivo de USD 2.505 millones durante 2025, una cifra que atribuyó a la combinación entre la variación del precio del metal y las operaciones financieras de cobertura.