Subsidios a la luz, el gas y el transporte: cuánto bajaron con Milei y qué falta para llegar a la “tarifa plena”

Desde diciembre de 2023, el discurso oficial repite la promesa de terminar con los subsidios a la energía y el transporte. Los números muestran un recorte real de magnitud, pero también un freno reciente e incluso una reversión parcial en 2026. El resultado, a casi tres años de la asunción a la presidencia de Javier Milei, es un sistema que sigue cubriendo con fondos públicos una porción considerable de lo que cuesta producir la luz, el gas y viajar en colectivo, aunque bajo reglas nuevas y con una brecha que el propio Gobierno reconoce en su letra chica.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA-Conicet), tomando el gasto real acumulado en los últimos doce meses, los subsidios “son 59% menores a los observados en diciembre de 2023 y 73% inferiores respecto del pico de 12 meses acumulados observado en el mes de junio de 2022”. En moneda constante de agosto de 2026, la serie muestra que 2023 el Gobierno destinó $26,1 billones a los subsidios y bajó a $10,6 billones en agosto de este año.

Un cálculo independiente, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que dirige Nadin Argañaraz, ofrece una magnitud similar con otra metodología: comparando enero-agosto de 2023 contra enero-agosto de 2026, a precios constantes de agosto de este año, los subsidios a la energía cayeron 61,2% en términos reales, los de transporte 40,1% y el total de ambos rubros 56,7 por ciento.

Se trata de series con bases de cálculo distintas —una mide devengado en doce meses móviles y la otra pagado en ocho meses del año—, pero ambas coinciden en un recorte real de entre el 57% y el 59% desde el inicio de la actual gestión.

Un gasto que vuelve a crecer

Esa tendencia de fondo, sin embargo, no es lineal. El informe de agosto de 2026 del IIEP precisa que, en lo que va del año, el gasto total en subsidios a energía y transporte aumentó 39% nominal y 6% real frente a igual período de 2025, hasta sumar $5,77 billones.

Los subsidios energéticos, que representan el 77% del total, treparon 21% en términos reales, impulsados sobre todo por las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). El transporte, en cambio, cayó 24% en términos reales en el mismo lapso, y al 17 de agosto no registraba devengamientos en el mes.

Argañaraz vinculó ese comportamiento con la lógica de ejecución del gasto público: explicó que alrededor del 60% del gasto se actualiza en función de la inflación de los dos meses previos, un componente que denominó “automático”. En un contexto de caída de la recaudación tributaria del 5,2% real en el acumulado de enero a agosto, y mientras ese gasto automático retrocede, sostuvo que “el grupo de gastos no automáticos tiene que caer”.

En otras palabras, el mayor gasto en subsidios energéticos obliga a que otros gastos no automáticos, como la obra pública, caigan todavía más. “De cara a 2027, los subsidios a la energía deberían tener una baja real. No veo factible sostener este gasto el año que viene”, afirmó.

Cuánto se subsidia hoy

El punto de partida para dimensionar lo que falta recortar es la cobertura de costos actual. Según el IIEP, en agosto de 2026 “los hogares del AMBA pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 55% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 45% restante”.

El economista Alejandro Einstoss, uno de los autores del informe y especialista en tarifas y subsidios, coincidió con esa lectura: “Para el AMBA, en agosto de 2026, los usuarios residenciales cubrieron en promedio el 63% del costo de la electricidad y el 57% del gas natural. En transporte, la cobertura fue del 35%, mientras que en agua alcanzó prácticamente el 100 por ciento.”

Einstoss remarcó que esos promedios esconden diferencias sustanciales según el usuario tenga o no subsidio. “En electricidad, los hogares sin subsidio cubrieron aproximadamente el 100% del costo, mientras que los subsidiados pagaron alrededor del 33%. En gas natural, la cobertura fue del 99% para los usuarios sin subsidio y del 25% para los subsidiados”, precisó, en línea con los datos del propio IIEP, que ubican las bonificaciones acumuladas para los hogares alcanzados por el régimen vigente en 66,6% sobre el precio mayorista de la electricidad y 75% sobre el del gas.

“El esfuerzo fiscal está hoy mucho más concentrado en los hogares alcanzados por el régimen de subsidios”, explicó, en referencia al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Ese régimen, creado por el Decreto 943/2025 y vigente desde enero de 2026, eliminó la segmentación por niveles de ingreso N1, N2 y N3 y unificó a los beneficiarios en una sola categoría de hogares vulnerables, inscriptos en el SEF.

Sobre esa base, la Secretaría de Energía va fijando bonificaciones adicionales mes a mes: para septiembre de 2026, la Resolución 223/2026 estableció una bonificación extraordinaria del 24,25% para gas natural y propano por redes, y del 25% para electricidad residencial sobre un consumo base de 200 kilovatios/hora mensual, “con la intención de morigerar el impacto tarifario”, según los considerandos de la norma.

El transporte muestra la mayor dispersión de todas. El Índice Bondi que elabora la Asociación Argentina de Empresas de Transporte por Automotor (Aaeta) situó en julio de 2026 el costo real del boleto sin subsidio en el AMBA en $2.428,71, con una cobertura tarifaria de apenas 32,3% y un déficit de $367,06 por pasajero no cubierto por la tarifa.

El IIEP calcula, con una metodología distinta basada en el costo por pasajero transportado, que la tarifa técnica sin subsidios ascendió a $2.082 a julio de 2026, mientras que el costo reconocido oficialmente por el Estado Nacional para ese mismo cálculo fue de $1.626. En cualquiera de los tres casos, la distancia con lo que efectivamente paga el usuario es enorme: el boleto mínimo de colectivo entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires es de $743, según el relevamiento de agosto del IIEP.

Cuánto podrían aumentar las tarifas

Con esos datos es posible estimar el recorrido que aún resta si el Estado se retirara por completo del financiamiento de estos servicios, aunque Einstoss advirtió sobre los límites de ese ejercicio. “No sería correcto tomar la cobertura promedio y calcular mecánicamente cuánto debería subir la tarifa, porque conviven hogares que ya pagan prácticamente el costo pleno de la energía con otros que reciben una bonificación significativa”, alertó.

A modo ilustrativo, en electricidad la factura promedio de un hogar del AMBA con subsidio fue de $28.647 en agosto, frente a $58.280 que paga un usuario sin ningún tipo de bonificación: una diferencia de 103%. En gas, la factura promedio país con subsidio fue de $57.994, contra $90.359 sin subsidio, una brecha del 56 por ciento. En transporte, la distancia es la más amplia: el boleto mínimo de $743 debería multiplicarse por 2,8 para alcanzar el costo técnico calculado por el IIEP ($2.082) o por 3,3 para llegar a la estimación de Aaeta (2.428,71 pesos).

Alejandro Einstoss aportó además un matiz sobre el camino hacia adelante: “La reducción de subsidios no necesariamente tiene que provenir de aumentos tarifarios. Puede avanzar por dos vías adicionales: una reducción del costo de abastecimiento de la energía y una mejor focalización de la asistencia sobre los hogares que efectivamente la necesitan”.

Resumió el economista: “Más que pensar en ‘eliminar subsidios’ con aumento de tarifas, el desafío es reducir el costo fiscal manteniendo la protección sobre los hogares vulnerables y reduciendo el costo de la energía en los próximos meses”.

Ahora bien, ¿hay margen para bajar subsidios en lo que resta del año? Para Einstoss, las posibilidades son limitadas. “La indexación tarifaria constituye una limitación importante para un programa que busca consolidar la reducción de la inflación”, comentó.

Según su lectura, no debería esperarse “aumentos tarifarios significativamente por encima de la inflación” en lo que queda de 2026, aunque la cobertura de costos podría mejorar igualmente “por razones estacionales, aún sin un aumento real de las tarifas”. La discusión de fondo, según Einstoss, coincide con el diagnóstico de Nadin Argañaraz sobre el gasto fiscal, “se traslada hacia 2027”.

La dimensión del ajuste pendiente también se refleja en la canasta de servicios públicos que mide mensualmente el IIEP: calculada sin ningún subsidio, alcanzó los $289.622 en agosto, equivalente al 14,5% de un salario promedio registrado en el AMBA. En relación con diciembre de 2023, mes en que asumió Milei, la canasta de servicios aumentó 944%, frente a un avance del IPC general del 249 por ciento.

Argañaraz resumió la tensión de fondo que atraviesa cualquier decisión sobre este frente: “Bajar gasto en subsidio es mayor tarifa para alguien y eso tiene impacto en costos y precios para el usuario. Si termina en el consumidor, afecta al poder adquisitivo”.