El Gobierno habilitó la toma de deuda por USD 5.000 millones garantizada por organismos y con jurisdicción en EEUU

Tras la aprobación de garantías por parte del BID y el Banco Mundial para afrontar los próximos vencimientos, que en conjunto suman USD 2.550 millones, el Gobierno autorizó la toma de préstamos internacionales con garantía de organismos multilaterales por hasta USD 5.000 millones, permitiendo prorrogar la jurisdicción a tribunales de Nueva York para controversias legales, sin renunciar a la inmunidad de ejecución sobre bienes estratégicos del Estado.

Así fue oficializado este lunes a través del Decreto 478/2026, publicado hoy. La norma señala en sus considerandos que con “el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional, se considera conveniente realizar operaciones de financiamiento denominadas en dólares estadounidenses con entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria, las cuales serán instrumentadas a través de préstamos, que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito”.

El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera, por hasta USD 5.000 millones, a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York y a renunciar a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción, exclusivamente respecto de los reclamos vinculados con los acuerdos de préstamo garantizados por organismos multilaterales de crédito que pudieran tramitarse en dicha jurisdicción.

No obstante, se establecieron límites para resguardar el patrimonio nacional, por lo que no habrá renuncia a la inmunidad de ejecución sobre una serie de bienes estratégicos:

• Quedan excluidos de posibles embargos los activos y reservas del Banco Central.
• No podrán afectarse bienes del dominio público del Estado argentino.
• Se protegen los bienes destinados a servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública.
• Quedan resguardados los fondos y activos vinculados a la ejecución del presupuesto nacional.
• Se mantienen inmunes los bienes, cuentas y sedes diplomáticas y consulares argentinas.
• También quedan protegidos los bienes utilizados por representaciones diplomáticas, gubernamentales o consulares.
• No podrán embargarse impuestos, regalías ni los derechos del Estado a percibirlos.
• Se excluyen los bienes militares y aquellos bajo control de organismos de defensa y seguridad.
• Se protege el patrimonio cultural de la Argentina.
• Permanecen vigentes todas las inmunidades previstas por la legislación aplicable sobre soberanía estatal.
• También quedan excluidos los bienes que por ley hayan sido declarados inembargables o intransferibles sin autorización del Congreso.

Además, el decreto faculta al órgano encargado de la administración financiera del Estado a definir los plazos, monedas, modalidades y condiciones de los préstamos, así como a seleccionar las entidades financieras que participarán en las operaciones.

También lo habilita a contratar agentes fiscales, de pago, custodia y calificación de riesgo, suscribir los acuerdos necesarios, afrontar comisiones, honorarios y otros gastos asociados en línea con los estándares del mercado internacional, y delegar en funcionarios competentes la firma de la documentación requerida para concretar las operaciones.

Vale recordar que la semana pasada el BID aprobó una garantía de hasta USD 550 millones destinada a fortalecer las políticas de seguridad y justicia en Argentina, además de facilitar el acceso del país a los mercados de capitales. Esta es la primera vez que el organismo otorga una garantía de este tipo a Argentina.

El comunicado oficial indica que la garantía permitirá movilizar 1.200 millones de dólares en financiamiento privado, lo que facilitará la llegada de recursos internacionales alineados con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones, que serán claves de cara a los vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno en 2026 y 2027. El organismo remarcó que el objetivo de esta ayuda es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales.