Caputo quiere convocar a los gobernadores para reducir la presión de Ingresos Brutos y tasas municipales

En medio del anuncio de baja de retenciones al campo, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló sus intenciones de llamar a los gobernadores de cara a una reforma tributaria, en una especie de pacto fiscal cuya idea habría surgido de una propuesta de un gobernador aliado. Pese a que los tributaristas festejan que el Gobierno quiere avanzar con cambios en el sistema impositivo, aseguran que ningún pacto fiscal obtuvo los resultados que buscaba y la causa principal de ello es la volatilidad política y las presiones fiscales.

En la conferencia de prensa del viernes pasado, el ministro Caputo afirmó que pretende reunirse con los gobernadores y llegar a un acuerdo para avanzar hacia la reducción de la presión impositiva, principalmente del impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias y tasas en los municipios, que hoy -en su visión- conforman la mayor presión impositiva de la Argentina.

Caputo explicó que la baja de retenciones, implementada por el Gobierno desde el inicio del mandato, genera automáticamente mayor recaudación para las provincias, ya que “esto implica mayores ganancias para las empresas que tienen que pagar mayor impuesto a las ganancias, que es coparticipable”. Pero remarcó que el esfuerzo no solo tiene que ser del Gobierno sino que debe venir también desde los niveles subnacionales. “La idea es comprometerlos para que la carga impositiva que viene de provincias y municipios, que son esencialmente Ingresos Brutos y tasas, que hoy son el costo más alto. Hay que hacer un esfuerzo desde el lado de provincias y municipios”, agregó.

Días atrás, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tomó protagonismo y propuso públicamente en el AmCham Summit avanzar hacia un nuevo pacto fiscal federal. Durante ese encuentro, Frigerio sostuvo que es “imperativo” encarar una reducción integral de impuestos en la Argentina con coordinación entre los distintos niveles del Estado. El mandatario puntualizó que el camino debía ser un nuevo acuerdo fiscal federal y defendió que la baja de impuestos debe darse de manera simultánea en Nación, provincias y municipios para evitar desequilibrios y mejorar la competitividad del país.

En esa línea, propuso reducir y eliminar impuestos nacionales distorsivos como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones, revisar tributos provinciales como Ingresos Brutos y repensar tasas municipales que funcionan como impuestos encubiertos. Durante su presentación ante el circulo rojo, Frigerio aseguró que Entre Ríos ya avanza en esa dirección, con políticas de alivio fiscal y orden de las cuentas públicas.

Según pudo saber Infobae, Frigerio habría llevado la propuesta directamente al ministro Caputo y le ofreció que Entre Ríos fuera la sede del eventual encuentro de gobernadores con el Gobierno nacional. Ante la consulta a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre si ya se realizaron contactos con mandatarios, más allá de las de las declaraciones de Caputo, no existió una respuesta al cierre de esta nota.

Atado a los vaivenes de la política

Los tributaristas festejan que el equipo económico quiera avanzar en un reforma del sistema impositivo, pero tienen sus reparos en base a experiencias recientes como lo que sucedió con el Pacto Fiscal que se firmó durante el Gobierno de Cambiemos ante la llegada de los Fernández al poder en el 2019.

Diego Fraga, abogado y socio de Expansion, recordó que el Pacto Fiscal de 2017 representó un avance porque apuntó a bajar gradualmente la carga de Ingresos Brutos sobre actividades productivas, concentrándola en las etapas finales de comercialización. El esquema, según Fraga, también buscó ordenar las retenciones y percepciones para evitar saldos a favor permanentes, aunque el problema de fondo radica en la compleja estructura de cobros anticipados que inmoviliza capital de trabajo y asfixia a las empresas. “El problema no es sólo la alícuota legal de Ingresos Brutos, sino toda la telaraña de cobros anticipados que inmoviliza capital de trabajo, asfixia a las empresas y vuelve muy difícil operar entre provincias”.

Fraga consideró que la única forma de un acuerdo efectivo, en caso de volver a firmarse, sería reducir la incidencia de Ingresos Brutos en la cadena productiva y recortar de manera significativa los regímenes de recaudación anticipada. “Sin eso, cualquier acuerdo corre el riesgo de ser apenas maquillaje: puede ordenar algo en los papeles, pero no cambia lo que hoy vuelve inviable a buena parte de la economía formal”.

Pero subrayó que el mayor obstáculo fue la falta de un mecanismo real que obligara a las provincias a sostener la baja de impuestos distorsivos ante urgencias fiscales. Es que el sendero de reducción de tributos se congeló, corrigió y terminó desarmándose: en 2018 se produjo una primera corrección por motivos de consolidación fiscal, en 2019 se suspendió la rebaja de alícuotas y en 2020 esa suspensión se prorrogó. El consenso fiscal de 2021 eliminó las obligaciones provinciales asumidas en los acuerdos previos y pasó a un esquema defensivo, con topes máximos y compromisos orientados a preservar la recaudación.

A la mesa de discusión se suman otras voces del sector privado, pero todas con los mismos reparos. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, defendió la convocatoria a un pacto fiscal, pero recordó que el pacto fiscal promovido por el Gobierno de Mauricio Macri arrancó con las provincias cumpliendo los compromisos, aunque todo cambió con la llegada de la administración de Alberto Fernández, que frenó las rebajas y luego impulsó subas de Ingresos Brutos.

El tributarista subrayó que este patrón se repitió desde los pactos fiscales de la era de Carlos Menem: ninguno funcionó debido a los vaivenes políticos. Domínguez consideró relevante que el Gobierno nacional se comprometiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a avanzar con una reforma antes de fin de año, aunque advirtió que la clave estará en cuántas provincias decidan sumarse al acuerdo.